El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha utilizado uno de los dos teléfonos móviles cuya titularidad el juez Pablo Ruz ha ordenado identificar, según pudo saber Público, en una de las ocho nuevas diligencias que el magistrado de la Audiencia Nacional ha dictado dentro del caso Faisán, que investiga un presunto chivatazo policial a miembros del aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006.

El magistrado de la Audiencia Nacional solicita igualmente identificar un teléfono fijo, correspondiente a la centralita del Ministerio del Interior. La Fiscalía 'no se opone' a la citada diligencia, aunque recuerda que los investigadores del denominado chivatazo no consideraron relevantes las llamadas hechas o recibidas por los imputados desde esos teléfonos y que por eso no las incluyeron en su informe de imputaciones. Con esta diligencia, el juez accede a la petición hecha por la asociación Dignidad y Justicia, que actúa como acusación particular.

Desde el teléfono del secretario de Estado se mantuvieron conversaciones con el entonces director de la Policía, Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados en la causa, el día antes del soplo y la misma jornada en que se produjo. En el escalafón de Interior, Antonio Camacho era el responsable inmediatamente superior a García Hidalgo. Aquel día, 4 de mayo de 2006, estaba prevista una operación contra una red de extorsión de ETA que finalmente no se realizó. Según la hipótesis del comisario Carlos G., principal investigador policial del soplo y antes responsable del operativo frustrado, el chivatazo retrasó las detenciones y fue ejecutado por un inspector de Policía, el jefe superior del País Vasco y el propio García Hidalgo, todos ellos imputados. A juicio de la Fiscalía, la operación conjunta con Francia se dejó para otro día porque las autoridades del país vecino lo consideraron oportuno.

El auto recoge también que Camacho conversó con García Hidalgo el 8 y el 14 de septiembre, pero a través de otros dos teléfonos distintos al que el director de la Policía utilizaba en mayo. La tesis de los investigadores policiales es que García Hidalgo activó esos nuevos terminales después de conocer que era investigado y que su teléfono estaba intervenido por orden judicial. Precisamente, el 8 de septiembre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió cesar a Víctor García Hidalgo como director de la Policía. Tras la identificación de los titulares solicitada a Interior, el juez reserva 'el pronunciamiento oportuno' respecto a la solicitud de que declaren como testigos los dueños de los tres teléfonos.

El juez también ordena la declaración como testigos de un alto responsable policial de la época, el comisario José C., que no había sido citado con anterioridad a pesar de que presentó voluntariamente un informe en el que aseguraba que había sido el investigador Carlos G. quien se había mostrado contrario a realizar la operación por el momento político en el que se produciría, en pleno proceso de paz, y afectando como hacía a un alto cargo del PNV.

También volverán a declarar el jefe de Sección Operativa de la Brigada de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis al apreciar el juez 'contradicciones' en sus primeras declaraciones. Un periodista y el comisario provincial de Guipúzcoa también declararán como testigos. 

El jefe superior del País Vasco explica que el inspector estuviera en la zona del bar Faisán porque él lo había enviado a supervisar el trayecto que luego recorrería para contactar en Francia en secreto con un confidente de ETA.

El equipo que investigó el soplo concluyó que el jefe del País Vasco advirtió a uno de los presuntos etarras a través de un móvil que entregó a este su inspector en el Faisán. Todo por orden de García Hidalgo. Algunos policías sospechan que el comisario que investigó el soplo es el autor del mismo.