Pocos daban un duro porque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptara incluir en el juicio las pruebas que reiteradamente la defensa del juez Baltasar Garzón había pedido durante la instrucción. Sin embargo, el tribunal presidido por Joaquín Giménez ha admitido, al menos en parte, dos de ellas en el trámite de cuestiones previas que consumió toda la mañana de la primera sesión del juicio que se celebra contra el magistrado de la Audiencia Nacional por las escuchas del caso Gürtel.

Una de ellas es especialmente significativa. La Sala ha aceptado escuchar las conversaciones que se grabaron a los imputados presos por la trama corrupta, salvo aquellas que afecten al derecho de defensa y siempre que Garzón sea capaz de justificar el interés que tienen para el proceso, en el que se determinará si la medida que adoptó estaba justificada o se encaminaba a conocer la estrategia de defensa de los implicados. Este extremo fue negado vehementemente por el juez de la Audiencia Nacional durante su declaración. 'Ni he conocido su estrategia de defensa, ni, perdóneme, me interesaba', respondió Garzón a una de las acusaciones.

Rechaza que la Sala del 61 revise el fallo, una reforma que compete al Congreso

Eso sí, la audición se realizará a puerta cerrada y previsiblemente contará con la oposición de las acusaciones, que rechazaron todas las cuestiones previas planteadas por la defensa. Entre ellas también figuraba reiterar las recusaciones de dos miembros del tribunal, Luciano Varela y Manuel Marchena, que ya habían sido rechazadas por el Alto Tribunal; y que la Sala del 61 revise la sentencia que se dictará al terminar la vista oral.

El presidente del tribunal recordó que establecer una doble instancia judicial para los aforados depende de una decisión que ha de ser aprobada por el Parlamento y que no está previsto.

En la vista declaran hoy los policías que solicitaron al juez las escuchas

La otra prueba que aceptó el tribunal fue que declare el funcionario encargado del caso Gürtel en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Su testimonio se sumará hoy al del querellante, el abogado Ignacio Peláez, y al de dos policías y tres miembros de la UDEF, que explicarán el sistema con el que se intervinieron las comunicaciones de los imputados presos y por qué solicitaron al magistrado que adoptara la medida que le ha sentado en el banquillo.