Parte de los magistrados considerados más conservadores del Tribunal Constitucional están presionando a la presidenta, María Emilia Casas, para dictar la sentencia del Estatut de Catalunya cuanto antes, en línea con el mensaje transmitido por el PP estos días. Ello pasa por iniciar lo antes posible la votación de la resolución por bloques o artículos o preceptos, una opción que alguno de ellos, como Jorge Rodríguez-Zapata, lleva meses solicitando.

Sin embargo, el alto tribunal tiene sus propios tiempos. Ayer el pleno no avanzó en la deliberación de la sentencia y, tras dos horas de reunión, decidió volverse a reunir hoy. Uno de los diez magistrados que participan en los trabajos para redactar el fallo, Pascual Sala, considerado progresista, no asistió al alto tribunal al encontrarse indispuesto.

El magistrado Pascual Sala no asistió al pleno al estar indispuesto

La reunión se centró en el estudio de los recursos de súplica presentados por la Generalitat y el Parlament catalán contra la decisión del TC de rechazar declararse no competente para pronunciarse sobre el Estatut. El Ejecutivo que preside José Montilla también intentó recuperar para las deliberaciones de la sentencia del texto catalán al magistrado Pablo Pérez Tremps, recusado por el PP y apartado en febrero de 2007 del debate de las impugnaciones presentadas por dicho partido y por el Defensor del Pueblo.

El alto tribunal no entiende como hecho nuevo el que la sentencia se redacte tras una votación de bloques, artículos o preceptos, extremo que se concretará por el pleno si finalmente se elige esta opción. Ningún magistrado ha mostrado su desacuerdo ante la puesta en práctica de esta posibilidad, al ser la única vía para sacar adelante la resolución, si el séptimo borrador de sentencia, la ponencia preparada por la presidenta, tampoco cuenta con el suficiente apoyo.

La reunión sigue hoy para rechazar la impugnación y ver el séptimo borrador

Pérez Tremps participó ayer en el pleno en lo relativo a los cinco recursos menores, los presentados por comunidades autónomas contra el texto catalán. La Generalitat y el Parlament pidieron al Constitucional que se declarara no competente para resolver sobre el Estatut porque, entre otras razones, cuatro de sus miembros debían haberse renovado en diciembre de 2007.

El pleno se centró en estudiar una propuesta de resolución para rechazar estos recursos de súplica, pero no fue respaldada por todos los magistrados al entender que debían ser otros los argumentos utilizados. Hoy estudiarán un auto con las modificaciones acordadas.

Pese al desacuerdo en la argumentación, el rechazo de los recursos de las instituciones catalanas es un trámite, al establecer la ley del TC que sus magistrados 'continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles'.

Una vez resueltos los recursos contra las últimas decisiones del alto tribunal, el pleno empezará a estudiar la séptima propuesta de resolución. Casas puede retirarla si entiende que no cuenta con el suficiente apoyo para salir adelante, como hizo el vicepresidente, Guillermo Jiménez, el pasado 19 de mayo.

En ese caso, entre esta semana y, si es preciso, la próxima, se realizará la votación según el sistema finalmente elegido. Este modelo puede alargarse varios días, al haber alrededor de 200 preceptos impugnados, y la resolución final contará con numerosos votos particulares.