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La seguridad jurídica, en juego

PASCUAL AGUELO

Entre los objetivos recogidos en la última reforma de la Ley de Extranjería, se encuentran el de "incorporar el objetivo de integración en condiciones de igualdad de trato". Para ello, el Estado cooperará con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el marco de un plan estratégico. Otra novedad es el reconocimiento de mayores competencias para las autonomías en la autorización inicial de trabajo y en el ámbito de la acogida e integración.

Para garantizar la coordinación de las administraciones y la igualdad, la nueva norma incorporó importantes instrumentos de colaboración e intercambio de información, además de un fondo estatal para la integración. El borrador del reglamento de extranjería, desarrolla el potencial de las autonomías y entes locales en cuestiones relacionadas con la integración, el arraigo, la reagrupación familiar y la renovación de las autorizaciones de residencia.

Dos de los defectos más importantes en la gestión de la extranjería eran la existencia de una amplia discrecionalidad y la falta de criterios homogeneizadores. Ello provocó una fuerte y desigual respuesta en las oficinas de extranjeros ante solicitudes idénticas, con el consiguiente quebranto de la seguridad jurídica: lo que era válido en Bilbao no lo era en Alicante o Zaragoza.

La reforma de la ley y su reglamento tratan de mitigar los perniciosos efectos de esta lacra. Pero las noticias que llegan desde Catalunya, pionera en la aplicación del nuevo sistema competencial, no son alentadoras. Tampoco los recortes del fondo estatal para la integración de los inmigrantes. El Estado de derecho no puede permitirse la pervivencia de situaciones discriminatorias. La seguridad jurídica de todos y todas está en juego.

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