La lucha contra el terrorismo

La Estrategia española de seguridad considera que aunque ni ETA ni el terrorismo yihadista tienen capacidad para 'desestabilizar' el Estado de derecho, sigue habiendo posibilidad de atentados con consecuencias catastróficas. La lucha contra los terroristas debe estar basada, según el informe, 'en el respeto a los derechos humanos'.

Los ejes de la estrategia que mantendrá el Ejecutivo en los próximos meses respecto al terrorismo internacional contemplan reforzar la coordinación con la Unión Europea para 'anticiparse' al desarrollo de las acciones terroristas. También se insistirá en la prevención, 'involucrando a la población' y 'a los colectivos expuestos a la penetración del ideario terrorista'. La respuesta gubernamental a ETA pasa por lograr el 'consenso político' de condena a la violencia y por las vías policiales. La estrategia antiterrorista también contempla la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA).

Asimismo, el informe dirigido por Javier Solana alerta sobre el riesgo que puede suponer que las organizaciones terroristas accedan a armas de destrucción masiva.  

El texto advierte de la posibilidad de que España pueda participar en los próximos años en tres tipos de conflictos armados: los 'no compartidos' con los países aliados, los que se den en un contexto multilateral pero que afecten a intereses directos de España o en los que el país se vea involucrado por sus compromisos
internacionales.

En todos ellos el Ministerio de Defensa situará la 'construcción de la paz' como 'eje básico de la política de la seguridad'. Lo hará a través de una 'triple perspectiva': actuar 'antes (para evitar que surjan enfrentamientos), durante (para resolverlos) y después (para recuperar la normalidad)'. Todo el proceso dispondrá de un 'enfoque integral' con medios diplomáticos, civiles y humanitarios.

La Unidad de Respuesta Integrada Exterior (URIE) que creará el Ejecutivo desarrollará ese mismo enfoque y buscará desarrollar el 'potencial español como actor civil' en los conflictos. El objetivo es disponer de especialistas de distintas áreas que puedan orientar al Ejército y al Gobierno central sobre cómo actuar ante esos conflictos.  

El crimen organizado, considerado por los expertos como 'una de las más graves amenazas para la seguridad del Estado', se presenta en el informe interministerial como 'un poderoso factor de desestabilización de los cimientos políticos y económicos de la sociedad española', sobre todo por su 'interrelación' con el terrorismo y la criminalidad a nivel más local.

Contra este tipo de amenaza, la estrategia española potenciará 'los recursos y las capacidades de inteligencia del Centro de Inteligencia del Crimen Organizado (CICO) e intentará mejorar la coordinación entre organismos nacionales e internacionales a través de sus respectivos servicios policiales. No se descarta, del mismo modo, que se lleven a cabo nuevos desarrollos legislativos al respecto.

El informe también incluye las ciberamenazas entre los riesgos a los que tendrá que enfrentarse España en los próximos meses. Evitar la ciberguerra o el ciberterrorismo por parte de grupos organizados pasa por 'mejorar la seguridad en el ciberespacio' a través del fortalecimiento de la legislación, destaca el texto.  

La inmigración es presentada por el grupo interministerial como otra de las amenazas a las que se enfrenta el país. Según apunta el estudio que ha dirigido Javier Solana, el flujo ilegal de inmigrantes 'puede generar conflictividad social' o 'guetos urbanos' donde la radicalización extremista, religiosa o ideológica pueda tener su 'caldo de cultivo'. Alerta, asimismo, del riesgo de que se fomente la explotación económica por parte de organizaciones criminales y, en consecuencia, la posible 'desestabilización' de algunos sectores productivos.

La prevención de los riesgos asociados a este fenómeno pasa, según la Estrategia española de seguridad, 'por la colaboración entre las diversas Administraciones Públicas, las organizaciones sociales y el sector privado'. El objetivo final sería el desarrollo de 'políticas adecuadas de inmigración regular e integración social'. Para la consecución de ese fin se contempla, además, el fortalecimiento de la cooperación con los países de origen y tránsito de los inmigrantes, así como el control y vigilancia de las fronteras.  

Uno de los asuntos que se incorpora como fundamental para la seguridad del Estado es la energía. Los expertos sostienen que 'el actual modelo energético es difícilmente sostenible a medio y largo plazo', porque 'tanto la garantía de suministro de combustibles fósiles como su precio se pueden ver expuestos a importantes tensiones en la próxima década'. Esta situación la presentan como especialmente grave para países con alta dependencia energética como España.

Los ejes de acción de la seguridad energética contemplarán, en los próximos meses, la diversificación de las fuentes de energía 'elevando sustancialmente la contribución de las energías renovables' que, en 2009, cubrieron casi el 27% de la demanda de energía eléctrica y más del 9% del consumo de energía primaria.

Asimismo, será 'prioritario impulsar el ahorro energético, con el doble objetivo de reducir la dependencia exterior, mejorar la intensidad energética y la competitividad' española. Por último, se sitúa como 'clave' garantizar la seguridad del abastecimiento. 

Tras establecer que 'es responsabilidad del Estado y de los agentes económicos garantizar la integridad de los mercados, la fortaleza del sistema financiero y la seguridad del comercio', el informe realiza una serie de propuestas para asegurar que la economía permita garantizar la 'estabilidad social'.

El grupo interministerial contempla la promoción de un desarrollo económico sostenible con un modelo productivo 'que minimice los desequilibrios macroeconómicos, potencie la competitividad con sectores de alto valor añadido, cree empleo de calidad y mantenga unas finanzas públicas saneadas'.

Y para que no vuelva a repetirse una crisis económica como la actual, el Gobierno intentará 'mitigar los de-sequilibrios de los mercados y las actividades delictivas'. En este sentido, considera 'prioritaria' la lucha contra el 'blanqueo de capitales del crimen organizado'.

El marco del desarrollo económico deberá ser la Unión Europea, donde España seguirá 'contribuyendo a una gobernanza económica y financiera efectiva'.