El Gobierno no escapa del freno que el Senado impone a las cuentas públicas. Ayer jueves, la Comisión de Presupuestos de la Cámara Alta vetó el proyecto de ley del Ejecutivo. El 13 de diciembre, será el pleno el que tenga que pronunciarse y lo más probable es que lo haga en el mismo sentido. Así, serían los cuartos Presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero en salir rechazados por el Senado –después de los de 2005, 2008 y 2009– y los cuartos en volver al Congreso para su definitiva aprobación sin haber sido enmendados parcialmente.

Sobre las Cuentas de 2011 pesaban cinco vetos, los de PP, CiU, ERC, IU-ICV y BNG, y al final el que salió adelante fue el de los nacionalistas gallegos, por 14 votos a favor –PP, CiU y BNG– y 12 en contra (10 del PSOE, uno de Entesa Catalana de Progrés y Mixto).

El PSOE tuvo que afrontar críticas a derecha y a izquierda. Por el primer flanco, el portavoz del PP, Francisco Utrera, pintó los Presupuestos como la prueba fehaciente del “fracaso reiterado” del Gobierno en política económica. Las Cuentas de 2011, martilleó, son “antisociales”, se “resignan” ante el paro, suben “demagógicamente” los impuestos “a las clases medias” –en realidad, se aumentan hasta dos puntos del IRPF en la tarifa estatal– y congelan las pensiones.

La novedad en el discurso del PP residió en la referencia al paquete de medidas anunciado el miércoles en el Congreso por Zapatero y que hoy viernes aprobará el Consejo de Ministros: “Con este plan B, los Presupuestos quedan aparcados sustancialmente y corregidos”, sentenció Utrera. 'Vivimos esta política de vuelapluma, de andar cambiando de opinión de día en día', abundó.

“Si hubiéramos registrado hoy [por ayer] el veto, seguramente habría añadido alguna razón más”. Era la respuesta del portavoz del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, a ese 'plan B' del Ejecutivo, expresión que también utilizó. El senador nacionalista afeó al Gobierno su defensa de unos Presupuestos que consagran el “ajusto duro”, con “nulo compromiso social”, inservibles para la recuperación económica, tímidos en la fiscalidad y rácanos en inversiones con Galicia.

CiU no retiró su veto por la congelación de las jubilaciones, por congruencia con la posición que ha venido sosteniendo hasta ahora. Pero su portavoz, Jordi Vilajoana, armó un discurso mixto. Censuró al Ejecutivo por su reducción “simplista” del gasto, la subida de impuestos, la escasa expectativa de creación de empleo y los incumplimientos con Catalunya. Y también apeló a la “responsabilidad” de los grupos para generar “confianza” –'Esto no genera desconfianza si somos capaces de demostrar al mundo que todos juntos podemos tirar para adelante con este tema', reforzó–. Dijo no “comprender” las “constantes críticas” del PP, porque si este gobernara, aplicaría “iniciativas similares”.

Sólo ayudaron al PSOE Ramón Aleu, del PSC –que no intervino–, y el navarro independiente Javier Tuñón (Mixto), quien lamentó que el Senado se haya convertido en esa “Cámara de segunda categoría” que dice “sí o no” a lo que mande el Congreso. La socialista Yolanda Vicente pidió aparcar los “intereses electoralistas” para garantizar la “confianza” en España. El Gobierno, recordó, ha aplicado las recetas del resto de la UE.

“Suponemos que se mantendrá el veto en el pleno –admitían desde el PSOE–. Lo importante es que las Cuentas se aprueben cuanto antes y sin que se genere desconfianza en los mercados”. Y si se levantase el veto, y se tumbase la congelación de las pensiones, aunque fuera sólo por unos días –hasta que el Congreso revirtiese los cambios–, el efecto sería demoledor, calculan los socialistas. 

El debate había concluido y tocaba votar. Pero en la sala faltaba Xosé Manuel Pérez Bouza, del BNG. El presidente de la comisión suspendió la sesión unos minutos, hasta que regresó. “Había rumores de que te habías escapado”, le dijeron los senadores. “Hombre, si hubiera sido Jordi [Vilajoana]...”, replicó Bouza entre risas, refiriéndose al portavoz de CiU, grupo ahora cortejado por el PSOE.

Pasado el incidente, la votación: primero, los vetos presentados por senadores de un grupo a título individual (ERC e IU-ICV). No los apoyaron ni CiU ni BNG. Luego, el veto del BNG: éxito. Horas más tarde, ‘segunda parte’ de la sesión: el Senado aprobó una enmienda a la Ley Postal, prevista en las Cuentas y que el PSOE pactó con CiU: 80,1 millones para las concesionarias de las autopistas de peaje.