Fiscal jefe de la Audiencia Nacional desde 2006, Javier Zaragoza (Alcorisa, Teruel, 1955) es uno de los más fervientes defensores de este tribunal y no tiene dudas de su continuidad pese a la ausen-cia de terrorismo de ETA.

¿Qué futuro le espera a la Audiencia tras el cese de la actividad de la banda?

«Sólo el 25% de las diligencias en que actuó el fiscal fueron por terrorismo»

Es evidente que la Audiencia Nacional, y naturalmente su Fiscalía, van a continuar existiendo como jurisdicción central y especializada al margen de que termine el terrorismo de ETA, porque, en su catálogo de competencias, figura el terrorismo, y no sólo el de ETA, pero también la investigación y enjuiciamiento de otras actividades delictivas graves, como las falsificaciones de moneda, el narcotráfico organizado, los crímenes económicos de gran entidad, algunos delitos sometidos al principio de justicia universal, injurias a la corona y delitos contra altos organismos de la nación y los cometidos en el extranjero.

Es decir, que su razón de ser es independiente del terrorismo etarra...

Claro que tiene su razón de ser al margen del terrorismo de ETA. Sería un error prescindir de un órgano que, por su especialización y su naturaleza de jurisdicción central, puede jugar un papel importantísimo en el futuro contra el crimen organizado transnacional.

«La redefinición de sus competencias es imprescindible y urgente»

¿Cuál es el porcentaje de trabajo que supone ese terrorismo para la Fiscalía?

Representa una parte cuantitativamente poco importante en nuestra actividad diaria. Los números de la Memoria de la Fiscalía del año 2010 no pueden ser más expresivos: de las 1.891 diligencias previas en las que ha intervenido la Fiscalía (el 90% de las incoadas por los juzgados centrales), sólo 488 lo han sido por terrorismo, es decir, un 25%; de las 303 acusaciones formuladas por la Fiscalía, sólo 68 se refieren al terrorismo de ETA y su entorno; de las 623 personas juzgadas, sólo 127 lo han sido en relación con ETA; y de las 293 sentencias dictadas en asuntos de nuestra competencia, únicamente 56 lo son respecto al terrorismo de ETA. Si a ello añadimos la actividad que se desarrolla en el campo de la cooperación internacional, parece obvio que no nos vamos a quedar sin trabajo.

¿Deben modificarse las competencias de la Audiencia Nacional?

Su redefinición es una vieja aspiración de todos los que formamos parte del tribunal. El marco legal de competencias se dibujó hace más de un cuarto de siglo, cuando el fenómeno del crimen organizado todavía no se vislumbraba como una de las amenazas másimportantes de la sociedad.

¿Es tan urgente?

Es imprescindible y urgente para habilitarla específicamente como un órgano especializado y centralizado contra el crimen organizado en materias como el blanqueo de capitales, los tráficos ilícitos de personas, la trata de seres humanos, las redes de inmigración ilegal, los tráficos de armas, explosivos o material nuclear, las organizaciones criminales de corte neonazi, o los delitos contra el patrimonio histórico.

¿Y la Fiscalía?

Asumiría esas competencias, compensando así esa disminución de trabajo que puede experimentarse si el terrorismo de ETA desaparece de forma efectiva. En todo caso, quedan muchos procedimientos pendientes, de manera que la investigación y juicio de crímenes ya cometidos o que se cometan va a continuar con la misma intensidad que hasta ahora, así como la ejecución de las condenas impuestas en la forma prevista por las leyes, que, por cierto, prohíben la amnistía o los indultos generales.

Y, ¿más allá de ETA?

Hay que añadir toda la actividad de investigación preliminar que viene desarrollando la Fiscalía en relación con la violencia organizada de tipo neonazi, cuya naturaleza terrorista ha reconocido el propio Tribunal Supremo, o con grupos de delincuencia organizada internacionales vinculados con otros fenómenos terroristas, como las FARC o Al Qaeda.