Acorralado por las investigaciones sobre corrupción. En ese estado vive el PP valenciano desde el estallido de la operación Gürtel, en febrero de 2009. Desde entonces, al menos siete resoluciones judiciales de peso han ido estrechando el cerco en torno a sus dirigentes: resoluciones relacionadas con el caso del entramado corrupto que dirigía Francisco Correa, alias Don Vito, pero también con el que afecta al histórico presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. O con el más reciente caso Brugal, en el que aparece involucrado el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. ¿Poseen esas resoluciones judiciales 'cierta entidad'? Esa es la pregunta que suscitan las palabras pronunciadas ayer por la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Y esto que sigue es la secuencia de hechos.

El Tribunal Supremo confirmó en mayo la imputación de Francisco Camps

El llamado caso de los trajes abrió la espita. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, permanece imputado por cohecho impropio tras aceptar ropa pagada por la red Gürtel. El de cohecho impropio (cuando una autoridad acepta un regalo que se le ha ofrecido en función de su cargo) es un delito menor. Pero la clave no reside en la eventual condena de multa sino que Camps puede acabar en el banquillo.

El caso fue archivado en agosto de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En mayo, el Supremo ordenó reabrirlo y retrotraer las actuaciones al momento anterior al carpetazo. Y ese momento es aquel en que el juez instructor del caso, José Flors, había ya concretado la imputación sobre Camps en una decisión 'equivalente al procesamiento', subrayó luego el Supremo. Antes de que Flors concretara las acusaciones hubo otras dos resoluciones judiciales clave: la inhibición del juez Garzón en favor del TSJCV y la subsiguiente aceptación de la competencia por parte del tribunal valenciano. De antemano, el TSJCV se negó a investigar cualquier cosa que no fueran los trajes .

El juez Pedreira ya ha pedido al TSJCV que investigue la financiación del PP

Días antes de que el TSJCV cerrara en falso ese caso, la policía le había remitido un informe que destapaba sólidos indicios de financiación ilegal en el PP valenciano a través de la trama Gürtel, cuya empresa de cabecera, Orange Market, obtuvo de la Generalitat contratos por más de siete millones de euros. En julio de este año, la policía emitió un segundo informe que desmenuza la mecánica de esa financiación y da cifras: sólo en 2008, el PP y tres empresarios afines abonaron a la Gürtel 846.000 euros. Las tres empresas abonaron 400.000 euros a la red corrupta mediante facturas falsas. Según la policía, el vicesecretario de organización del PP valenciano, David Serra, participaba en esos manejos. Dos meses antes de conocerse ese informe, el juez Antonio Pedreira se había inhibido en favor del TSJCV en lo que a la financiación ilegal del PP concernía precisamente porque los indicios apuntan a aforados.

Los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante están imputados

Seis años después de que la denuncia de un empresario lo situara bajo el foco judicial, el jefe del PP en Castellón y presidente de su diputación, Carlos Fabra, está desde julio procesado y con un pie en el banquillo. La fiscalía pide para él 15 años por cohecho (soborno), tráfico de influencias y fraude fiscal. A petición propia, Fabra declarará ante el juez el día 23, lo que demorará la fecha del juicio.

El último del PP valenciano en recibir la etiqueta de imputado por corrupción ha sido el presidente de la Diputación de Alicante. José Joaquín Ripoll aparece desde julio implicado en el caso Brugal, que gira en torno al negocio de la basura. Según la policía, Ripoll pudo haber recibido dos pisos a cambio de una contrata. El imputado niega haber recibido sobornos.