El Supremo brasileño abre el juicio sobre su Ley de Amnistía

Al contrario que algunos países vecinos, como Argentina y Chile, en Brasil apenas se han dado pasos tímidos para acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 y amparados por la Ley de Amnistía de 1979. Pero las cosas podrían cambiar muy pronto: el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, equivalente a lo que en España sería el Tribunal Constitucional, comenzará hoy a debatir una acción judicial presentada por la Orden de Abogados de Brasil (OAB) para resolver el alcance de esa amnistía.

Lo que la Orden de Abogados pretende es que se clarifique de una vez por todas el significado del primer artículo de la ley, que otorgó la impunidad por los "crímenes de cualquier naturaleza" relacionados con delitos políticos o cometidos por motivación política. La posición de la OAB es que ese perdón generalizado no puede aplicarse a crímenes contra la humanidad como son torturas, secuestros y asesinatos. "El Estado no puede autoamnistiarse", ha resumido el presidente de la asociación, Ophir Cavalcante.

La Orden de Abogados exige que se aclare la norma, de 1979

La OAB interpuso la acción judicial en 2008, después de que la Justicia Federal del Estado de São Paulo abriese un peligroso precedente al archivar la petición de investigación criminal de un periodista asesinado por la policía política del régimen militar. En las mismas fechas, un juez de São Paulo rechazó que el ex coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de torturas, se acogiese a la amnistía.

Si bien la dictadura brasileña fue menos letal que los regímenes militares en Argentina o Chile, fue sin embargo una de las que más torturó. Esa supuesta dictablanda que consiguió implantarse en el imaginario colectivo no se corresponde con las cifras: más de 400 muertes y desapariciones, 20.000 torturados a manos de agentes estatales y 50.000 detenciones a opositores, según la Secretaría de Derechos Humanos del propio Gobierno brasileño.

La fiscalía defiende el statu quo porque fue clave para la transición

El ministerio público federal se posicionó en contra de revisar la ley con el argumento de que la Ley de Amnistía fue producto del acuerdo entre diferentes sectores del régimen militar y de la autoridad civil, incluida la OAB, para facilitar la transición.

La Abogacía General de la Unión (AGU) adoptó la misma postura, alegando que no hay controversia jurídica en torno a lo que quiere decir la ley: perdonó todos los delitos con motivación política, fuesen practicados por militares o por sus oponentes. Lo cierto es que, en aquel momento, la aprobación de la norma permitió el regreso a Brasil de políticos, artistas y otros exiliados. Pero no parece que fuese muy factible el debate democrático en el contexto de un régimen autoritario que se cubría así las espaldas para cuando llegase la hora de la democracia.

El Supremo Tribunal brasi-leño, de 11 miembros, quiere alcanzar el máximo consenso posible en un caso tan polémico y que reaviva las emociones de uno y otro lado. Uno de sus miembros, José Antonio Dias Toffoli, no podrá votar porque estaba en la AGU cuando esta dio su parecer contrario a la revisión de la amnistía. Y otro, Eros Grau, sufrió en sus carnes las torturas practicadas por el régimen por defender a opositores a la dictadura.

Si el STF falla a favor de mantener la amnistía en los términos que rigen hasta ahora, a la sociedad civil le queda la vía de la Justicia internacional, que fue tan relevante para acabar con la impunidad en Argentina y Chile. Aunque probablemente los brasileños no podrán contar con la ayuda del juez Baltasar Garzón, la Corte Interamericana de Derechos Humanas se ha pronunciado de forma contundente contra las leyes de impunidad y ha agrietado las normas en este sentido en el Cono Sur.

El Supremo Tribunal tiene otra acción judicial en curso, interpuesta por el ministerio público, para tratar de la apertura de los archivos de la dictadura. Algunos documentos están siendo ya catalogados por el Archivo Nacional, de la República, pero no así los más relevantes: los que dan fe de las torturas y las listas negras de subversivos.

Las fuerzas armadas aseguran que los documentos fueron destruidos, pero no lo creen así las asociaciones de víctimas y familiares. El ministerio público está en contra de revisar la amnistía, pero se pronuncia a favor de abrir el archivo.