La jueza de instrucción Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con dinero de la Junta de Andalucía, requirió el pasado lunes al Ejecutivo de José Antonio Griñán que en tres días le entregue 'para su custodia' las actas de los 480 consejos de Gobierno celebrados desde el año 2001 'en sobres lacrados o con los precintos convenientes'. La magistrada inició con un auto el pasado lunes el proceso instado por el Gobierno andaluz para que sea el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales presidido por Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo el que decida si Alaya tiene derecho a consultar las actas del Ejecutivo o no.

Es la primera vez en España que un juez solicita a un Gobierno que le entregue copia de los acuerdos adoptados en todas sus reuniones. Mar Moreno, consejera andaluza de Presidencia, manifestó ayer que se entregarán los sobres lacrados, salvo que los servicios jurídicos les aconsejen otra cosa. 'Aceptaremos el veredicto del Tribunal de Conflictos', dijo Moreno.

La jueza da tres días a Griñán para que la Junta le envíe las actas precintadas

Alaya investiga, por un lado, el desvío de al menos nueve millones de la Consejería de Empleo al bolsillo de un mínimo de 72 falsos prejubilados vinculados al PSOE y, por otro, un posible delito de prevaricación, que no conlleva cárcel y sí inhabilitación, de miembros del Ejecutivo andaluz. La jueza reclama las actas porque quiere saber, según explicó hace días en un auto, si los miembros del Gobierno utilizaron el fondo para pagar ERE, dotado con 647 millones entre 2001 y 2010, a sabiendas de que el sistema elegido para su distribución era ilegal.

Alaya sospecha que varios altos responsables de la Administración, entre ellos el propio presidente Griñán, la exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero Francisco Vallejo, conocieron en algún momento la existencia de irregularidades en el procedimiento de reparto. La Intervención de la Junta, según la jueza, advirtió 'de manera incesante' de que se estaban dando 'subvenciones excepcionales con una falta total y absoluta del procedimiento establecido' para ello desde el año 2002.

Las quiere tener en custodia hasta que el Supremo decida quién tiene razón

Alaya ha dado diez días a las partes y a la Fiscalía para que se pronuncien sobre la conveniencia de retirar la petición de las actas al Ejecutivo o proseguir con la reclamación y advierte al Gobierno que si no cumple con la entrega de los sobres lacrados, sus miembros incurrirán en un delito de incumplimiento de medida cautelar, penado con una multa de 12 a 24 meses. La Junta de Andalucía sostiene que la exigencia 'indiscriminada' de las actas afecta 'al ámbito competencial propio del Poder Ejecutivo de la Junta de Andalucía, cuyas competencias son irrenunciables y deben ser defendidas en orden al adecuado funcionamiento del sistema constitucional de separación y equilibrio de poderes'. Esto no quiere decir, según Mar Moreno, que no se colabore con la Justicia.

El Gobierno ha decidido entregar a la jueza parte de la documentación que exigía en un auto de la semana pasada en el que reiteró su reclamación. La magistrada quiere conocer si el convenio que dio origen al sistema de pago de las prejubilaciones, firmado en 2001, estuvo amparado por el Consejo de Gobierno. También reclama respuestas a la pregunta de por qué se concedieron las subvenciones durante una década con la supuesta cobertura de ese convenio, cuando este había caducado en 2003.

Alaya además requiere que se le diga si el Consejo de Gobierno adoptó alguna medida para resolver 'el déficit de financiación presupuestaria acumulado entre 2001 y 2003', que ascendía a 38,3 millones de euros. '[Le vamos a mandar a la jueza] certificaciones de las modificaciones presupuestarias con los informes positivos de la Intervención', dijo ayer Moreno.

Sospecha de que varios miembros del Gobierno andaluz prevaricaron

La jueza precisa en su auto del lunes pasado que no le interesan los 'documentos reservados presentados al Consejo'. Y añade que si hubiese actas 'en las que hipotéticamente se contuvieran deliberaciones, opiniones o votos, se suprimirán tales apartados' y que si 'en algún acta hubiera que suprimir algún contenido, se acompañará igualmente exposición razonada para ello'.

Alaya reitera así que tan sólo quiere los acuerdos adoptados por el Ejecutivo y despeja el fantasma de una supuesta 'causa general', de la que le habían acusado en privado numerosos socialistas, después de que pidiera por primera vez las actas en un auto en el que no explicaba para qué las quería más allá de que 'eran de interés para la causa'.

Mar Moreno critica por primera vez en público la instrucción de Alaya

La semana pasada corrigió esta falta de argumentación en un segundo auto en el que respondió a la presentación de la Junta del requerimiento para que fuera el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales el que resolviera sobre la entrega de las actas de sus reuniones.

Alaya hizo además en su auto del lunes otra petición que puede poner en aprietos al Gobierno andaluz. Reclama de nuevo a la Junta que le entregue las actas de los consejos de dirección de cuatro consejerías (Empleo, Hacienda, Presidencia e Innovación), al considerar que pudieron tratarse allí aspectos relacionados con la tramitación de los ERE, bajo aviso de que, si no se las dan, podrían incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia, que implica penas de seis meses a un año de prisión. Sin embargo, el Gobierno, que rastrea en los archivos, no está seguro de tener esas actas. Fuentes del Ejecutivo afirmaron que esos encuentros, en los que los consejeros orientan la actividad de sus directores generales, no tienen una 'formalidad expresa'. 'Actas como tales no existen', dijeron a Público las fuentes.

Ayer, Mar Moreno se quejó por primera vez abiertamente de la instrucción de la jueza Alaya. 'No voy a polemizar públicamente dijo, pero no alcanzo a comprender el tratamiento que recibe la Junta en algunos momentos. Hemos entregado 150.000 folios, incluidos plazos de 48 horas. Somos los primeros interesados en la persecución de cualquier delito. Algunas consideraciones llaman mucho la atención. La señora Aguirre [presidenta de Madrid] lleva bloqueando sistemáticamente la entrega de contratos que no tienen el menor carácter reservado'. La jueza dejó escrito en un auto de la semana pasada: 'Resulta paradójico que durante diez años la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello'.

El Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad (PSOE, PP e IU) pedir a la Cámara de Cuentas de Andalucía que haga un 'informe fiscalizador con carácter integral' de las ayudas dadas por la Junta a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis desde 2001 hasta 2010. Lo acordó la Comisión de Hacienda y Administración Pública, al aprobar una iniciativa en este sentido del Consejo de Gobierno y otras de PSOE y PP, al final unificadas por acuerdo de ambos grupos, para que la Cámara de Cuentas haga un informe 'con carácter integral' sobre el asunto de los ERE, cuyas presuntas ilegalidades investiga la jueza de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Una investigación de la Consejería de Empleo cifra en 183 las irregularidades, con 72 intrusos que nunca trabajaron en las empresas afectadas.