El recurso interpuesto por el Gobierno contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid sigue su curso. Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) lo admitió a trámite. El Ejecutivo impugnó los artículos 12 y 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, el segundo de ellos relativo al reparto de los órganos de gobierno de la entidad madrileña.

El Gobierno presentó el citado recurso al considerar que la Ley de Cajas madrileña suponía una 'vulneración' de la norma básica estatal al apostar por una 'conformación radicalmente distinta' de la Asamblea General de Caja Madrid. Tampoco veía el Ejecutivo con buenos ojos que la representación máxima de las corporaciones locales sea limitada al 30%.

Es precisamente este aspecto el que más ha irritado al Ayuntamiento de Madrid, enfrentado también con Aguirre en este proceso, que pasaría de 70 a 24 consejeros según la nueva ley.

El Alto Tribunal trasladará la demanda al Congreso, al Senado y a la Asamblea y Gobierno regionales para que puedan personarse en el proceso y presentar alegaciones en un plazo de 15 días.

La admisión a trámite del recurso implica la suspensión de los preceptos impugnados desde el día de la interposición de la demanda por el Gobierno, el pasado 30 de marzo.

Proceso electoral

Al conocer la noticia, el consejero de Economía y Hacienda madrileño, Antonio Beteta, barajó la posibilidad de 'iniciar conversaciones' con el Gobierno a fin de llegar a un acuerdo para que la ley se adapte a la norma estatal. Pretende que el proceso electoral encaminado a buscar un sustituto a Miguel Blesa al frente de la entidad se celebre este otoño. Los socialistas madrileños parecen también dispuestos a buscar un perfil diferente al de Blesa.

Por otra parte, con la admisión del recurso del Gobierno contra el artículo 12 de la citada ley, se pone en tela de juicio las condiciones laborales de los médicos de hospitales como el de Valdemoro (Madrid), en los que la gestión sanitaria es privada.

En otra resolución, el Constitucional admitió a trámite el recurso del PP, con fecha del 23 de marzo, contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el que los conservadores alegaban un desfase de las previsiones macroeconómicas.

Montoro explicó que las previsiones macroeconómicas en las que se sustentan las cuentas públicas son 'deliberadamente falsas, reconocidas así por miembros del Gobierno durante la tramitación parlamentaria'.

También se refirió a otro de los ejes del recurso de su grupo parlamentario: 'No cumplen [los PGE] el principio de universalidad que tiene nuestra Constitución, en el sentido de que no cubren la totalidad de los ingresos y los gastos públicos'.