El Tribunal Constitucional ha declarado nulas nueve resoluciones de la Mesa de Les Corts Valencianes, donde el PP tiene mayoría absoluta, que negaron la tramitación parlamentaria de hasta 30 preguntas del grupo Compromís referidas, entre otras cuestiones, a contratos del Consell con las empresas investigadas en el caso Gürtel.

Desde que en febrero de 2009 estalló la trama, el Partido Socialista ha presentado al Consell más de un centenar de peticiones formales de documentación y 450 preguntas. Todas han ido a parar la papelera bajo el argumento de que las empresas de la trama 'carecen de trascendencia pública'. 

Los diputados Compromís Enric Morera y Mónica Oltra han subrayado que la sentencia implica que las preguntas deberán ser admitidas a trámite cuando se reanude el próximo curso político —previsiblemente a comienzos de septiembre— y respondidas por los miembros del Ejecutivo valenciano. 

La sentencia insta al 'pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política' de los diputados

La Mesa de Les Corts acatará la sentencia en la primera reunión que convoque y admitirá a trámite estas preguntas, han confirmado a Efe fuentes del Parlamento autonómico.

La sentencia, dictada el 26 de julio sin ningún voto particular, ordena 'el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política' de los diputados.

'Esta resolución es un precedente importantísimo porque el más alto tribunal español nos da la razón en nuestro trabajo y demuestra que Les Corts han vulnerado el derecho de los diputados y, por extensión, de los valencianos. Me pregunto por qué ese interés en no responder y qué esconden', ha señalado Morera.

La Mesa de las Cortes se remitió al artículo 153.2 del Reglamento de la Cámara para vetar las preguntas. El artículo permite censurar las cuestiones 'que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana'.

Entre las cuestiones rechazadas hay dos de Morera sobre posibles pagos de facturas y contratos con un listado de empresas que están siendo investigadas y otra sobre la posible manipulación de productos tóxicos en la fábrica Payá Miralles de Mislata (Valencia).

Además, obliga a la tramitación de otras cuestiones formuladas por Mireia Mollà y Josep María Pañella (también diputados de Compromís) relacionadas con las emisoras de radio sin licencia que operan en Castellón o el reconocimiento público del ex conseller Francesc Bosch.