1. Fuentes de financiación

La Comisión insiste en que las políticas activas de empleo deben hacerse a cargo de la fiscalidad general. También las prejubilaciones y las ayudas a sectores determinados.

El Pacto da un tirón de orejas al Ejecutivo al pedir que no tome decisiones como la de congelar las pensiones sin consultarle. Además, cree que las subidas por encima del IPC se deben sufragar con cargo a presupuestos. También pide estudiar que se tomen otros indicadores, y no el IPC, para revalorizar las pensiones.

La Comisión insiste en que se debe gestionar con criterios de 'seguridad y solvencia', ahuyentando así su posible inversión en bolsa.

Presta especial atención a los autónomos para que 'aproximen las bases de cotización' a sus ingresos. Insta a que se integre a las empleadas del hogar y también pide 'extender la posibilidad de cotizar' a colectivos como los becarios de posgrado.

El Pacto cree que se debe 'ajustar' la relación entre salario real y bases de cotización. En este sentido, pide 'elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima'.

Se pide que se simplifiquen las bonificaciones, excepto para los mayores de 55 años, donde el Pacto cree que debe premiarse el mantenimiento del empleo. También requiere políticas de formación especial para los más jóvenes.

La Comisión quiere que se aprovechen las posibilidades que da internet para ofrecer una mayor información al ciudadano sobre cotizaciones.

Valora su trabajo pero pide que sigan modernizándose. Además, cree que las contingencias profesionales deben simplificarse y ajustar el importe de las necesidades reales.

La Comisión ve este elemento como clave para la sostenibilidad del sistema y pide que se incrementen los mecanismos de control, especialmente, los que vigilan las prestaciones por incapacidad temporal.

La recomendación pide que se siga ampliando el número de años que se toma para calcular la prestación, aunque no da una cifra. Sólo especifica que cualquier decisión en este sentido sea 'gradual'. Además, insta a homogeneizar la base de cálculo, de forma que los últimos años que se cotizan valgan lo mismo que los primeros.

Se llega a la conclusión de que 'no hay un acuerdo' (ver información adjunta) y habla de líneas generales. Se exige acabar con las jubilaciones anticipadas salvo casos concretos. También aboga por compatibilizar el cobro de un salario y una pensión. Por último pide 'remover' la normativa que fuerza a los colectivos a la jubilación obligatoria. Esto supondría forzar un cambio en la negociación colectiva que fija este tipo de disposiciones.

Se subirá la base reguladora de las viudas si la pensión es su principal fuente de ingresos. También quiere homogeneizar las prestaciones a los huérfanos para que se cobre hasta los 25 años.

Llama a una reordenación, en especial con las pensiones de viudedad e incapacidad permanente.

Se pide incrementar las cuantías de las mínimas, vigilando por la sostenibilidad del sistema.

Pide fórmulas para incentivar su desarrollo con especial atención a las mujeres que no cotizan y a los autónomos. También que se fomenten los planes de empresa y que se mejore el tratamiento fiscal.

El Pacto exige que se tengan en cuenta los periodos por excedencia para cuidado de familiares o hijos. También que las esposas que trabajan en el negocio familiar coticen aunque sea a un tipo reducido.

Pide que se compatibilice el cobro de ciertas pensiones por incapacidad con el trabajo. Además, llama a preparar el sistema para el pago de jubilaciones a los inmigrantes.

El Pacto exige aumentar sus labores de control entre rondas y pide la formación de una comisión permanente.