Una serie de informaciones de inteligencia europeo que cita el diario The New York Times parecen vincular al ex president Carles Puigdemont, a través de su íntimo colaborador Josep Lluis Alay, con oligarcas rusos para recabar apoyos para la causa independentista en Catalunya.

El texto afirma que Alay "se reunió con funcionarios rusos, con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB, un hombre muy bien conectado" en unos viajes confirmados por ambos, que insistieron al diario estadounidense en que formaban parte de un esfuerzo regular de vinculación con funcionarios extranjeros y periodistas.

Alay asegura que cualquier insinuación de que buscaba apoyo ruso era "una 'historia fantasiosa' creada por Madrid". No obstante, los informes secretos indican que, muy al contrario, Rusia era un tema central en la relación entre el ex president, residente ahora en Bruselas, y Alay.

De hecho, según el citado medio, "muchos de los funcionarios con los que se reunió en Moscú están involucrados en lo que se ha conocido como la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente", mediante operaciones de propaganda, desinformación y otros elementos desestabilizadores.

Aunque no se aclara que exista una vinculación directa, The New York Times destaca que tras los viajes de Alay a Moscú en 2019 rápidamente surgió un sigiloso grupo de protesta, Tsunami Democràtic, que interrumpió la operación del aeropuerto de Barcelona y bloqueó una autopista.

Alay, amigo íntimo de Puigdemont, está investigado en España por presunta malversación, en el marco de una pieza que indaga el supuesto desvío de fondos públicos para que el expresident participara en 2017 en la conferencia internacional Crans Montana, un encuentro de reflexión internacional similar al de Davos.

Además, informes de la Guardia Civil sitúan al historiador como 'involucrado' en la creación de Tsunami Democràtic. En la investigación del diario estadounidense, se indica que "uno de los expedientes confidenciales de la policía decía que Alay acudió a una reunión en Ginebra, donde él y otros activistas independentistas ultimaron los planes para dar a conocer Tsunami Democràtic".

El abogado de Alay, Gonzalo Boye, aparece también en la información del rotativo; ahí se cuenta que "consultó a un líder de un violento grupo criminal ruso [Vasily Khristoforov] como parte de un intento por establecer un conducto secreto de dinero para financiar sus actividades". El abogado ha reconocido el contacto con dicho personaje, aunque sólo para hablar de  asuntos relacionados con los casos judiciales del propio Khristoforov.

En el mismo informe se afirma que Alay y el empresario ruso Alexander Dmitrenko buscaron asistencia técnica y financiera de Rusia para la creación de sectores bancario, energético y de telecomunicaciones en una Catalunya independiente.

Puigdemont niega la veracidad de las acusaciones

Este viernes, el expresident de la Generalitat ha emitido un comunicado en el que critica y niega estas informaciones que lo vinculan a los servicios de inteligencia rusos. 

En el escrito, la oficina de Puigdemont defiende que se fundamentan en un informe de la Guardia Civil que, a su juicio, está lleno de "falsedades, incongruencias e intoxicaciones". Y mantiene que el único objetivo de todo es "criminalizar y desprestigiar al independentismo ante la comunidad internacional presentándolo como un elemento desestabilizador". 

Además, considera que estas filtraciones están descontextualizadas de la realidad y afirma que existen "muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente, cosa que es una manipulación que perjudica claramente el derecho a una información veraz y rigurosa". 

Han señalado que la supuesta revelación de conversaciones privadas "que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Cataluña", con el objetivo, según él, de acabar con el movimiento independentista, que ha definido como legítimo, legal y democrático. 

Desde la oficina del expresident, aseguran que todas sus actividades internacionales, al igual que las de Josep Lluís Alay y su equipo jurídico, son "perfectamente legales" y tienen como objetivo contribuir a la resolución del conflicto político.

Además, afirman que el fiscal de Barcelona dirigió al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona un escrito de 20 de julio donde pedía el archivo de esta investigación contra Alay al considerarla "investigación prospectiva, vulneradora de los derechos y libertades más elementales de una sociedad democrática". 

Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros estados si es necesario, ante la posibilidad que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantara el secreto de sumario", han añadido.