El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, tras analizar la actuación de todos los Juzgados que tuvieron relación con Santiago del Valle, presunto autor de la muerte de Mari Luz, ha propuesto a la Comisión Disciplinaria que abra un expediente sancionador al juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, por una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en el procedimiento.

Inspección justifica su petición en 'la pasividad, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios' de su juzgado que ha demostrado el magistrado Tirado en relación con la ejecución de la sentencia por la que él mismo condenó a dos años y nueve meses a Santiago del Valle, por abusar de forma continuada de su hija y por falsedad.

Otra falta, pero prescrita

El informe que estudiará la Comisión Disciplinaria del CGPJ, en su reunión extraordinaria del próximo lunes, también considera que el ponente de la sentencia que confirmó la de Tirado, el actual presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Javier González, también sería responsable de una falta muy grave de desatención, por haber tardado dos años y siete meses desde que deliberó con sus compañeros de tribunal hasta que dictó sentencia.

Sin embargo, como lo hizo el 30 de diciembre de 2005, no puede ser castigado por esta falta, porque las muy graves prescriben a los dos años.
El retraso también debería haberlo evitado el presidente del tribunal de entonces, pero al estar ya jubilado y, por ello, haber perdido la condición de juez, Inspección no se pronuncia sobre su responsabilidad.

Nombrar un instructor

Todo aparece apuntar a que la Comisión Disciplinaria hará suya la propuesta de inspección, incluso de forma unánime, y abrirá un expediente sancionador al juez Tirado, a partir del que se nombrará un instructor (normalmente eligido entre magistrados de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores próximos al investigado). Este juez será el encargado de tomar declaración al expedientado y sus funcionarios, y de practicar las pruebas que se soliciten. Con todos estos datos, en un plazo máximo de seis meses, hará su propia propuesta, que incluirá la sanción que crea oportuna.

Las faltas muy graves están castigadas con suspensión temporal, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

En su informe, el Servicio de Inspección señala que la actividad del juez Tirado respecto a Santiago del Valle fue 'ágil y correcta' una vez recibió la sentencia de la Audiencia de Sevilla e inició los trámites para ejecutarla, 'pero, a continuación, no existe ninguna actividad de supervisión y control del resto de los actos procesales necesarios para obtener la plasmación de lo por él acordado'.

Otras responsabilidades

La propuesta, firmada por el jefe de Inspección, José María Gil Sáez, sugiere a la Disciplinaria que, además de proceder contra el juez, remita las actuaciones a la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía, para que 'valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria'.

Aun así, señala que 'la ausencia de dación de cuenta por la secretaria del estado de tramitación desde el 7 de marzo de 2006, sin perjuicio de su valoración por quien corresponda (Justicia), no exonera' al juez 'de la obligación profesional de supervisión del estado de la ejecución'.

Además, ni el fiscal ni la Junta de Andalucía, personada como acusación particular en la causa, denunciaron nunca demoras o irregularidades.
En el Juzgado de Tirado, una vez firmes las sentencias, se hacía un requerimiento al condenado para que ingresara voluntariamente en prisión. Según la propuesta, este trámite es 'dilatorio e innecesario'. En el caso de Del Valle y su mujer debería haber conducido a ordenar su detención, en cuanto se comprobó que no respondían a estos requerimientos.

La Inspección dice que fue 'correcta' la actuación del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, que condenó a Del Valle a dos años por abusos, y la de los de Gijón, que abrieron juicio oral contra él por el mismo delito y por coacciones.