Sólo tres CCAA publican los bienes de sus cargos públicos

Anclada en el furgón de cola en lo que a transparencia informativa se refiere, España da un hoy un tímido paso en el proceso de control ciudadano de sus representantes políticos: el Congreso y el Senado publicarán en sus respectivas páginas web las declaraciones de actividades de diputados y senadores, donde figuran las otras ocupaciones que desarrollan los parlamentarios al margen del escaño. Las declaraciones patrimoniales, aquellas que realmente operan como termómetro para conocer el nivel de vida de los parlamentarios, continuarán siendo secretas. Seguirá siendo imposible conocer de primera mano qué propiedades declara, por ejemplo, el senador del PP Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel y quien presuntamente recibió, como mínimo, 1,3 millones de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

En espera de la prometida ley de transparencia, el secreto predomina no sólo en las Cámaras de máxima representación del país: de las 17 comunidades autónomas, cuyas crecientes competencias las sitúan en muchas parcelas en el mismo nivel de decisión que el Gobierno estatal, sólo tres han decidido abrir puertas y ventanas. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, tres feudos históricos del PSOE, publican de forma accesible los datos relativos a actividades y bienes de altos cargos y parlamentarios autonómicos: sencillamente, la información se difunde a través de Internet, el medio más rápido y barato.

Andalucía usa su web; Extremadura y

Andalucía lleva la delantera tecnológica: las declaraciones de bienes y registros (ver cuadro en la página siguiente) figuran desde 2005 en la web del Gobierno andaluz y del Parlamento regional. Castilla-La Mancha actualiza las declaraciones anualmente y las publica desde 1994 en el boletín oficial de la comunidad, con el añadido de las declaraciones de los cónyuges si el matrimonio convive en régimen de gananciales. Extremadura también ha optado por el diario oficial: desde 1996, las declaraciones se publican cuando el alto cargo o el diputado toma posesión y cuando cesa.

Hay un cuarto caso que se sitúa a caballo entre el citado grupo de cabeza y el resto de comunidades: Valencia. Atenazado por las sospechas de que el PP se financió ilegalmente gracias a la trama Gürtel y tras el escándalo de los trajes igualmente regalados por el clan de Correa, el Gobierno de Francisco Camps difundió la semana pasada las declaraciones de bienes de los diputados. Y promete divulgar en breve las de los altos cargos del Gobierno que no ocupan un escaño en las Cortes valencianas.

Congreso y Senado no publicarán los patrimonios, sólo las actividades

Pero la lectura de las propiedades declaradas por Camps y otros señeros dirigentes del PP como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha causado estupefacción. Camps declara poseer el 50% de un piso de 226 metros ubicado en la milla de oro de Valencia, pero cuyo valor catastral se cifra en 110.000 euros. Y declara una cuenta de 900 euros. Es decir, tiene oficialmente en el banco una cantidad que representa menos del 10% de lo que costaron los trajes (12.000 euros) que le regaló Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel.

"Aparte de que es una rechifla, esa declaración de Camps, que gana 80.000 euros y su mujer tiene una farmacia y va a gastos pagados, se convierte en un búmeran para el movimiento por la transparencia institucional porque piensas que ni siquiera así son capaces de ser honestos". Quien lo dice es Juan Luis Rascón, juez en excedencia, diputado socialista y el único de los 350 parlamentarios de la Cámara Baja que, por voluntad propia, publica en su página web su declaración de bienes. Y lo hace de manera exhaustiva, incluyendo lo que gana su esposa. "Si las declaraciones de todos los cargos fueran públicas, se pondría un freno a la corrupción", afirma Rascón tajante. Porque, usando el argot de los inspectores de Hacienda, se vería la evolución de los llamados signos externos de cada cargo público. Y quien ocultase información, incurriría en responsabilidades, administrativas cuando menos.

Rascón cree difícil regular por ley la obligatoriedad de que todas las comunidades autónomas desvelen los bienes de sus altos cargos. Y nadie, y ese nadie incluye al Ministerio de Política Territorial, posee una base de datos global sobre la materia. Cada autonomía decide cuántos altos cargos mantiene, cuánto les paga, y cuándo, cómo y qué permite que los ciudadanos conozcan sobre sus entresijos.

Excepción hecha de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, el resto de las comunidades veta el acceso a las declaraciones de bienes de sus altos cargos y diputados. Es imposible, por tanto, conocer también qué dice tener a su nombre María Antonia Munar, líder histórica de Unió Mallorquina (UM) y presidenta del Parlamento de Baleares hasta que el viernes dimitió acosada por la corrupción. Baleares, donde el PSOE expulsó a UM del Gobierno hace un mes, ni siquiera reconoce el derecho de acceso al registro de actividades de sus diputados.

En esa posición extrema bloqueo total al conocimiento público se encuentran también el Gobierno y el Parlamento de Canarias, otra de las comunidades más castigadas por la corrupción, así como las Cámaras de Asturias y La Rioja. El Ejecutivo de Aragón, donde el PSOE gobierna con el Partido Aragonés (PAR), tampoco considera pertinente que sus administrados tengan acceso, ni siquiera parcial, al registro de intereses de altos cargos, donde figuran las actividades extraparlamentarias y el patrimonio de los declarantes.

Sí reconoce la Comunidad de Madrid en su legislación el carácter público del registro de actividades de sus altos cargos, pero el relativo a patrimonio es secreto. Tras el estallido del caso Gürtel, en el que permanecen involucrados tres diputados elegidos en las listas del PP uno de ellos, el ex consejero de Deportes, además del ex viceconsejero de Inmigración, Esperanza Aguirre no ha visto necesario garantizar la transparencia abriendo el registro de bienes.