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Los tres grandes favores del PP al sector

El PP creyó que la liberalización reduciría los costes, pero no fue así

A. M. VÉLEZ

Muchos de los problemas del sector eléctrico hunden sus raíces en la liberalización que llevó a cabo el PP a partir de 1997, con decisiones que el PSOE, en el poder desde 2004, ha sido incapaz de enmendar:

El déficit de tarifa no es, en puridad, un regalo para el sector: este accede a que el Estado retribuya sus actividades reguladas (transporte, distribución y primas a las energías renovables) por debajo de costes, con la condición de que se les pague la diferencia en el futuro. Esta se convierte en deuda que las empresas financian hasta que se tituliza (la banca la compra en paquetes y luego la recupera con intereses). Y eso penaliza a las eléctricas, pero también les compensa: el usuario no conoce el coste real de la luz, lo que incentiva el derroche. El sistema permitió a su artífice, Rodrigo Rato, sacar pecho durante años al poder bajar la tarifa y tener a raya la inflación. Y, como no hubo fuertes fluctuaciones en los precios de las materias primas, la deuda se mantuvo controlada; pero explotó con el PSOE, por la escalada del petróleo y el auge de las renovables. De ahí que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, vinculara la reciente (e histórica) subida de la luz (9,8%) al déficit, un problema "heredado", dijo. Hoy, los usuarios deben, por ley, más de 18.000 millones de euros al sector. Y subiendo.

El déficit perjudica a las empresas, pero también incentiva el despilfarro

Los Costes de Transición a la Competencia (CTC) fueron bautizados en su día como "el billón [de pesetas] de las eléctricas". En realidad, fue más dinero; el doble: 12.000 millones de euros. Fueron colados de tapadillo en una enmienda a los Presupuestos de 1999, después de que el sector convenciera al Gobierno del PP de que los precios de la luz bajarían con la liberalización del mercado, y que no iban a poder recuperar las inversiones anteriores a 1997. El cálculo, hecho bajo "unos supuestos muy cuestionables", según el catedrático Ignacio Pérez Arriaga, uno de los mayores expertos del sector en España, no se cumplió: los costes siguieron al alza. Pero el mal ya estaba hecho y las eléctricas se embolsaron un dinero que, como ha denunciado IU, "es de los usuarios". Hay 3.000 millones en concepto de CTC que, en principio, el sector debe devolver, pero que han quedado en el limbo.

Entre 1996 y 1998, el PP culminó un proceso que había comenzado el PSOE: la renovación de las concesiones de las presas hidroeléctricas, construidas en su mayoría en la época de Franco. El responsable fue el entonces secretario de Estado de Aguas y actual presidente del ultraderechista Foro de la Familia, Benigno Blanco. En vez de exigir contrapartidas a las eléctricas, Blanco puso el contador de las concesiones a cero, de forma que la licencia de muchas presas no expirará hasta 2070. Antes de entrar en el Gobierno, Blanco había sido consejero de Endesa y letrado en el área jurídica de Iberdrola.

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