"El Tribunal Constitucional ha sufrido una presión intolerable"

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo (Ráfol de Salem,Valencia, 1963), confiesa vivir un periodo más tranquilo en el órgano de gobierno de los jueces que cuando asumió el cargo. Pero el mundo judicial está en plena actividad. Nunca se para. Bildu, la excarcelación del etarra Antonio Troitiño, el caso Gürtel... El Consejo sigue trabajando en impulsar la modernización de la Justicia y en cumplir una de sus principales obligaciones, lograr los nombramientos atascados por su falta de acuerdo.

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) que permite a Bildu estar en las elecciones ha sido muy cuestionada desde la derecha y sus medios.

«A los políticos les toca expresar su opinión sin poner en tela de juicio las instituciones»

Yo sólo puedo expresar mi más profundo respeto a la decisión del Constitucional sobre la coalición Bildu, en la misma medida en que pedí respeto a la sentencia que había dictado el Supremo unos días antes. Hay que recordar que una reciente reforma de la Ley Electoral permite a los tribunales, en cualquier momento, antes o después de las elecciones, anular listas electorales si aparecen nuevas circunstancias, lo que es una garantía para la fortaleza de las instituciones democráticas.

Pero las críticas contra el Alto Tribunal no cesan.

La presión desde todos los puntos que se ha ejercido sobre el TC, en la que se le ha advertido de que su credibilidad dependería de lo que resolviera, es intolerable. Tanto el Supremo como el Constitucional, por el propio respeto que merecen estas instituciones, necesitan un marco de mayor credibilidad y mayor cautela a la hora de hacer valoraciones sobre sus resoluciones.

«La decisión del TS sobre Bildu se adopta con criterios jurídicos y la del Constitucional, también»

¿A qué cree que obedecen?

Son intentos de mezclar cuestiones políticas con cuestiones judiciales, desvirtuando el sentido de la decisión judicial. La decisión del Supremo, desde mi punto de vista, se adopta con arreglo a criterios jurídicos y no políticos y así lo ha hecho también el Constitucional. Es lo mismo que pasó con Troitiño: enmarcar la excarcelación en un proceso de negociación creo que es faltar al respeto de los jueces de la Audiencia Nacional, y es responsabilidad de los políticos transmitir a la ciudadanía sosiego, tranquilidad y seguridad para poder seguir confiando en nuestras instituciones. Me parece muy reprobable lo que está sucediendo.

¿Considera que procesos como el de Bildu, con sentencias opuestas, merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia?

«Enmarcar el caso Troitiño' en un proceso de negociación es faltar al respeto de los jueces»

La resolución del caso, votos particulares incluidos, evidencia que ha sido un proceso complejo, que exigió un amplio debate jurídico. Los jueces han hecho su trabajo con serenidad, seriedad y responsabilidad, y a los demás, a los políticos, a los responsables públicos y a los medios de comunicación, les toca expresar sus opiniones sin poner en tela de juicio las instituciones, porque eso les resta credibilidad ante los ciudadanos.

Pero los jueces parecen haberse mostrado a favor o en contra de la coalición en función de la ideología que se les presume.

No comparto ese análisis. No es tan sencillo. No por ser progresista o conservador se interpreta la ley de una forma u otra. En el análisis jurídico intervienen otros muchos factores. Por supuesto que hay factores subjetivos, pero prima siempre el Derecho. Bildu ha sido un caso tan complejo y ha generado tal debate público que se ha producido una enorme presión social sobre los tribunales. Supremo y TC, al margen de ese clima, han sabido resolver la cuestión desde la estricta aplicación del Derecho.

«Creo que [la muerte de Bin Laden] está absolutamente al margen del Estado de derecho»

Antes mencionó la excarcelación del etarra Antonio Troitiño, ¿cree que los jueces que la acordaron pueden haber incurrido en alguna responsabilidad?

Comprendo la alarma social que se generó por el hecho de que una persona fuese excarcelada antes de lo que se suponía que era el fin del cumplimiento de la pena, como posteriormente establecieron los jueces. Hay una denuncia en el CGPJ que se ha remitido al Servicio de Inspección. Está en trámite de investigación y no debo hacer una valoración.

Esta semana empezó con la muerte de Bin Laden.

«El compromiso de los partidos con sus electores les debería hacer valorar si llevan imputados»

Quiero manifestar mi absoluta disconformidad con esa forma de actuación que, creo, está absolutamente al margen de los principios básicos de un Estado de derecho, por muy execrable que nos parezca este personaje, que lo es, por mucho rechazo y por mucho dolor que tanto él como sus correligionarios hayan ocasionado. No someter a una persona a un proceso para que sea juzgado me parece que es apartarse de una forma muy peligrosa del concepto básico de lo que es el Estado de derecho. Todavía me parece mucho más reprobable, desde la escasa información que tenemos, el uso de torturas para la obtención de información, porque es un ataque frontal a los derechos humanos.

En España sirvió para abrir la puerta de nuevo a las teorías de la conspiración sobre el 11-M.

Me permitirá que no le dé mucho valor a todas esas conjeturas y sospechas, porque hubo un proceso que se celebró con todas las garantías y una sentencia que se dictó después de un largo y exhaustivo juicio. El 11-M tuvo su juicio y lo que recogió la sentencia es lo que tiene veracidad y credibilidad y lo que merece nuestro respeto. De las conjeturas y sospechas y teorías de la conspiración nada se ha probado.

«La Ley del Menor da buenos resultados. Pero Las penas nunca paliarán el dolor de las víctimas»

Hay un partido, el PP, especialmente crítico con la Justicia tras casos de corrupción que le salpican.

Siempre he dicho que respeto la libertad de expresión de todos los ciudadanos y, por supuesto, de nuestros representantes políticos, pero todas las críticas que van más allá de la emisión de una valoración o una discordancia con una resolución judicial, y que lo que buscan es deslegitimar a un determinado órgano para poner en cuestión un proceso judicial, le hacen un flaco favor al Estado de derecho. No se trata de coartar la libertad de expresión de nadie, pero los representantes políticos tienen que hacer un verdadero ejercicio de contención.

¿Cree que se paliarían esas críticas regulando la figura del imputado?

Espero que la próxima Ley de Enjuiciamiento Criminal, si algún día sale a la luz, solucione todos los problemas relativos a la condición de denunciado, querellado, imputado, que muchas veces se utiliza con alegría sin que corresponda a la situación procesal del momento. Es necesario una delimitación, según la fase procesal, porque no tiene la misma carga peyorativa el concepto de denunciado que el de imputado.

En la comunidad autónoma en la que usted nació, el PP incluye imputados en sus listas.

Están protegidos por la presunción de inocencia, mientras no sean condenados tienen sus derechos intactos. Ahora bien, el compromiso que ostentan frente a la ciudadanía, la responsabilidad frente a sus posibles electores, quizá les debería llevar a aceptar códigos éticos, códigos morales, para valorar si efectivamente deberían incorporarlos o no a las listas.

Por cierto, ¿sigue el Consejo tan implicado en la aprobación de las reformas legales necesarias para modernizar la Justicia?

Estamos en ello. El CGPJ decidió adoptar el papel de impulsor de las reformas legislativas que consideraba necesarias para agilizar los procedimientos, y están ya en sede parlamentaria. Nuestra Justicia no sólo necesita más jueces, sino también una revisión profunda del modelo organizativo, de los procedimientos y la incorporación de las nuevas tecnologías. Es necesario abordar la reforma de manera global porque el modelo está agotado.

¿Ha notado algún cambio de actitud en los vocales nombrados a propuesta del PP?

En cuestiones relativas a la modernización de la Justicia, a garantizar al ciudadano una Justicia eficaz y más ágil, no hay ningún tipo de fractura. Estamos trabajando todos desde el convencimiento de que el CGPJ tiene que estar ahí. Somos conscientes de las dificultades por los tiempos. Queda un año de legislatura. Pero, desde luego, nosotros el trabajo lo hicimos.

¿Cuándo realizará el Consejo los nombramientos que tiene pendientes, como el de la Sala Segunda del Supremo?

No nos podemos sentir satisfechos cuando no logramos el consenso necesario para nombrar al magistrado de la Sala Segunda, que es una herencia del anterior Consejo. Pero lógicamente nos esforzamos para poder conseguir un acuerdo con el que finalmente la persona que designemos cumpla los requisitos de mérito y capacidad que exige nuestro ordenamiento. El Consejo no ha dejado nunca de trabajar, porque la voluntad es cumplir con una de sus funciones más importantes, la política de nombramientos.

Recientemente el Supremo ha revocado el nombramiento de Gimeno-Bayón, ¿se le volverá a nombrar?

No me atrevo a hacer ningún tipo de previsión. Hay que analizar la sentencia y saber cuáles han sido los motivos que han llevado al Supremo a revocar nuestro acuerdo.

¿Cree que la imagen de la Justicia se deteriora con el juicio de Garzón por los crímenes del franquismo?

La imagen de la Justicia pasa por otros derroteros, no por si se enjuicia o no a un magistrado. Más que enturbiar, pone de manifiesto que nadie está sustraído del control de sus actos. Todo lo que afecta a la memoria histórica, a los derechos de las víctimas, y todos los que sufrieron en la posguerra y durante los 40 años de franquismo merecen respeto, y el Supremo no está en contra de ellos.

Periódicamente, el PP pide endurecer la Ley del Menor.

Es una ley que ha resultado muy útil, muy eficaz y que ha cumplido los fines para los que fue promulgada, que es abordar la situación de menores que cometían delitos desde la reeducación y el interés del menor. Cuando un menor está involucrado en delitos graves, asesinatos, homicidios o agresiones sexuales, se sobredimensiona hasta tal punto que se genera una sensación de inseguridad en la ciudadanía ante un aumento de la peligrosidad de los menores que realmente no es tal. Esa ley ha sido modificada varias veces con la finalidad de endurecerla. No podemos olvidar que a través de la imposición de penas nunca vamos a poder paliar el dolor de las víctimas. Hay que atenderlas, respetarlas e, incluso, entender que ellas sí pidan endurecimientos, pero es que las penas nunca van a poder paliar su dolor.

¿Y los menores inmigrantes?

Nuestro sistema requiere una revisión importante. Son competencia de las comunidades autónomas, por tanto, hay muchísima variedad en la manera de abordar el problema de la inmigración y eso genera inseguridad. Hay algunas que retardan tantísimo el facilitarles documentación y residencia, que llegan a su mayoría de edad en situación de ilegalidad, y se les inicia un proceso de expulsión. Otras sí actúan desde el interés del menor. Tendríamos que buscar parámetros comunes para evitar inseguridad.