'Ningún auditor privado, persona física o jurídica, puede fiscalizar ni auditar a ninguna Administración Pública'. Así de tajante se mostró este viernes el Tribunal de Cuentas sobre la realización de 'auditorías externas', que han anunciado algunos alcaldes y presidentes autonómicos del PP después de ganar las elecciones el 22-M y haber arrebatado el bastón de mando a los socialistas.

Es el caso, por ejemplo, de los conservadores María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, José Ramón Bauzá, en Illes Balears, o el nuevo regidor de Sevilla, José Antonio Zoido. Los tres han apuntado que verificarán los balances de las cuentas de los Ejecutivos dirigidos antes por el PSOE ante el supuesto riesgo de que haya facturas impagadas en el cajón.

Rajoy instó a sus barones a verificar las cuentas de las autonomías

Estos dirigentes, sin embargo, siguen una máxima esbozada por el presidente del PP, Mariano Rajoy, ante sus barones autonómicos el primero de junio. 'Tenemos que saber dónde estamos', advirtió el líder del PP durante la presentación de un paquete de medidas en favor de la transparencia y la austeridad. Entre ellas, incluyó la verificación de la situación real de la tesorería de las autonomías. Labor que evitó calificar de auditorías. Mientras, desde el PSOE recordaban a los conservadores que si querían mirar las cuentas que 'empezasen en Valencia y Murcia' .

Un mes después de ese encuentro y de los anuncios de posibles auditorías externas en las comunidades que ha comenzado a gobernar el PP, el máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha querido aclarar mediante un comunicado que esa es una 'función exclusiva del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control externo de las comunidades autónomas' conforme a la legislación.

También advierte que, en función de la Ley General Presupuestaria, la normativa presupuestaria de las Comunidades Autónomas y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 'el control interno de la gestión económico-financiera pública está asignado al Servicio de Intervención de la correspondiente Administración'.

El Tribunal niega que auditores externos puedan hacer estos informes

No obstante, la institución no cierra la puerta a los auditores privados. El texto redactado por el Tribunal de Cuentas puntualiza que estos podrán colaborar en esa tarea de 'control interno y externo de las entidades públicas'. Ahora bien, esta colaboración 'habrá de estar justificada en la insuficiencia de medios para llevar a cabo las actuaciones programadas', matiza el documento hecho público este viernes. E incluso subraya que en última instancia los resultados de esos trabajos privados estarán sujetos 'a control y aceptación por las instituciones y órganos públicos que tienen atribuida esta función'.

Con estas consideraciones, el órgano constitucional recuerda al PP y a UPyD, que también ha reclamado esas auditorías externas para fomentar la transparencia y garantizar la austeridad en la Administración autonómica, que la labor fiscalizadora de las cuentas públicas recae fundamentalmente sobre el Tribunal de Cuentas. Así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica que desarrolla el funcionamiento del tribunal.

Sin embargo, cabe recordar que esta institución presenta sus auditorías de las cuentas públicas de las entidades del sector público con cierto retraso. El último informe de fiscalización del sector público local, correspondiente a los ejercicios de 2006, 2007 y 2008, lo presentó en marzo de 2011. Y en 2010 presentaron los correspondientes al ejercicio 2004-2005 de varias comunidades como Aragón o Cantabria.

En el ambicioso programa de fiscalizaciones para 2011, el Tribunal de Cuentas se ha propuesto concluir el informe de las comunidades de Aragón, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia en los ejercicios 2006 y 2007, así como iniciar los trabajos para los estudios anuales de 2008 y 2009.