El 26 de diciembre de 2003, el Gobierno de José María Aznar acordó pagar 2,3 millones de euros a la empresa norteamericana Piper Rud-nick. El objetivo oficial era que el lobby ayudara al Ejecutivo del PP a mejorar las relaciones de España con Estados Unidos. Pero entre las gestiones que realizó, están las encaminadas a conseguir que José María Aznar fuera galardonado con la medalla del Congreso de los Estados Unidos.

El Tribunal de Cuentas considera que de la documentación existente, 'podrían deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el proceso de contratación'. Por eso, acuerda tramitar la denuncia presentada por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Salgado, y que la Sección de Enjuiciamiento proponga un delegado instructor que se encargue de la investigación.

El Tribunal de Cuentas considera 'conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato'.

El consejero de Cuentas Felipe García Ortiz que firma el auto explica que de la denuncia 'se podrían desprender supuestos de responsabilidad contable derivados de la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público'. A su juicio, no está aclarado si la finalidad del contrato firmado con el lobby estadounidense era privado o público, lo que significaría que el gasto no fue debidamente justificado.

Los denunciantes que también actúan en nombre de la asociación Preeminencia del Derecho consideran al propio Aznar responsable contable de lo ocurrido, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado coinciden en que no hay nada que investigar.

El ministerio público sostiene que las gestiones realizadas para lograr la frustrada medalla serían 'perfectamente encuadrables en la asistencia contratada'. Es decir, que el ex presidente del Gobierno lograra la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos podía estar encaminada a buscar 'la finalidad de satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal que a Aznar le pudiera causar la concesión'.

La Abogacía del Estado se centra en que la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la querella presentada por los mismos hechos por Mazón, al no apreciar malversación de caudales públicos ni falsedad. Al no haber delito, no puede haber responsabilidad contable y, por tanto, tampoco perjuicio a los caudales públicos, sostiene.