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Tribunales Los vocales conservadores del Consejo Fiscal piden a Justicia toda la documentación sobre la demanda contra Pablo Llarena

Dirigen un escrito a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la que la piden que reclame toda esa documentación para que el Consejo Fiscal tenga "completo conocimiento" de las actuaciones en defensa de la soberanía jurisdiccional.

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Fachada de la Fiscalía general del Estado. Fiscal.es

Los miembros del Consejo Fiscal representantes de la Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, quieren que ese órgano tenga acceso a toda la documentación existente sobre la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena en Bélgica y los pasos dados para defenderlo.

Los fiscales han dirigido un escrito a la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la que la piden que reclame al Ministerio de Justicia toda esa documentación para que el Consejo Fiscal tenga "completo y cabal conocimiento" de las actuaciones llevadas a cabo en defensa de la soberanía jurisdiccional española, la independencia de sus tribunales y la del juez Llarena.

En concreto, piden la citación y la demanda presentadas en Bélgica por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros huidos, la versión traducida al español, los dictámenes de la Abogacía del Estado sobre el caso, la resolución final del Ministerio acordando la defensa de España y de Llarena y cualquier otra información o documento relativos al caso.

El escrito lo firman los vocales Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y María Rosa Rubio, quienes consideran la demanda "un ataque intolerable" a la democracia española, a la integridad jurisdiccional de los tribunales españoles y a la independencia judicial.

Es decir, "valores del Estado de Derecho cuya defensa compete constitucional y estatutariamente al Ministerio Fiscal", según el escrito.

Los fiscales creen que el objetivo de la demanda "es someter a inquisición de un estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su estado democrático de derecho".

Esa situación, añaden, requiere que el Estado español actúe para su defensa ante la comunidad internacional, tanto desde el punto de vista jurídico como ante la opinión pública.