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Urdangarin reclamó pagos tras abandonar oficialmente Nóos

El duque de Palma exigió en 2007 cantidades pendientes por convenios, a pesar de que en teoría estaba desvinculado de la ONG desde un año antes

ALICIA GUTIÉRREZ

Un nuevo dato destapado por la investigación en torno a los negocios del Instituto Nóos ha abierto otra brecha en la versión oficial sobre el alcance temporal del mandato de Iñaki Urdangarin en esa ONG, que formalmente expiró en junio de 2006. Ayer, fuentes del caso confirmaron a Público que el duque de Palma hizo gestiones en 2007 para reclamar cuantiosos pagos pendientes con el Instituto Nóos, del que en apariencia estaba ya entonces desvinculado por completo.

Las fuentes consultadas no precisaron si el yerno del rey planteó esas reclamaciones a la Generalitat valenciana o al Govern balear, pero el informe de Hacienda sobre la entidad "sin ánimo de lucro" y su constelación mercantil demuestra que fue el Ejecutivo de Jaume Matas el que demoró hasta 2007 el pago de 600.000 euros que adeudaba a la asociación por el montaje de dos cumbres turístico-deportivas en Palma.

El Govern de Matas retrasó un pago de 600.000 euros a la ONG en 2007

Es ese mismo informe, al que ha tenido acceso este diario, el que ratifica que los 5,8 millones de origen público captados por la pretendida entidad altruista en el País Valencià y Balears acabaron de forma íntegra en manos de seis empresas controladas por Urdangarin y/o su socio Diego Torres, imputado desde julio y sucesor del duque al frente del Instituto Nóos. De esas seis sociedades, las dos en las que el aristócrata consorte tiene o ha tenido una presencia accionarial declarada se llevaron la mejor parte: Nóos Consultoría Estratégica SL, participada por el duque en un 50% al menos hasta junio de 2006, cobró 2.794.440 euros entre 2004 y 2007; y Aizoon, propiedad de Urdangarin y su esposa, otros 747.889 euros. En total, 3,5 millones de euros.

Los documentos aportados por Instituto Nóos al Registro de Asociaciones señalan que la asamblea extraordinaria de la asociación aceptó el 20 de marzo de 2006 la "dimisión" de la junta directiva y en la que, con Urdangarin de presidente, participaban el propio Diego Torres, Cristina de Borbón y su secretario, Carlos García Revenga. El acuerdo de la asamblea no se inscribió hasta el 14 de junio, de modo que esa es la fecha oficial en que el yerno del rey cesó en su cargo asociativo y dio el relevo a Diego Torres.

Pero las gestiones posteriores ante la Administración pública cimentan las sospechas de que el duque siguió ligado al Instituto Nóos. Otros elementos aportados por Hacienda al juez José Castro, que investiga este caso dentro del sumario Palma Arena, abundan en la misma dirección: por ejemplo, Urdangarin siguió figurando en 2007 como autorizado en una cuenta de la ONG cuya suma de abonos ese año superó los tres millones de euros.

El duque de Palma cesó como presidente de Nóos en marzo de 2006

También en 2007, y a través de más de diez transferencias bancarias concentradas en cuatro meses, el Instituto Nóos sacó de España 420.000 euros. Los envió a Reino Unido, un hecho sorprendente dado que no consta que la entidad desarrollase ningún proyecto en ese país y, sobre todo, porque la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea hacen innecesario que una ONG se vea obligada a transferir allí fondos para afrontar pagos eventuales.

La orden para la primera de esas transferencias fue cursada un día antes de que una de las sociedades de la trama empresarial, De Goes Center Stakeholder Management SL, enviase otros 50.000 euros al mismo país y a través de la misma entidad crediticia. La importancia de De Goes Center reside en que, según lo investigado, fue la compañía que desvió no menos de 300.000 euros a una cuenta ligada a otra sociedad homónima y cuya matriz se domicilia en el paraíso fiscal de Belice. En principio, esa cuenta se localiza en Luxemburgo, uno de los países europeos más laxos en cuanto a control de capitales extranjeros.

En 2007 seguía autorizado en una cuenta de la ONG que ingresó tres millones

El Instituto Nóos logró también fondos de otras administraciones públicas, como la Generalitat catalana, la Diputación barcelonesa o los ayuntamientos de Barcelona, Mataró, Alcalá de Henares y La Galera (Tarragona), pero las cuantías de esos pagos fueron muy inferiores: la máxima, 34.375 euros. En principio, nada apunta a que se tratase de convenios amañados para inflar su coste o cuadrar la justificación de gastos, así que la investigación sigue centrada en los manejos del conglomerado asociativo-empresarial con la Generalitat de Francisco Camps y el Govern de Jaume Matas. Es en esas dos comunidades donde un alud de documentos y pruebas de distintas clases sustentan la tesis de que, como mínimo, hay indicios de prevaricación y malversación, sin excluir futuras y más graves figuras penales como puede ser el fraude fiscal.

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