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Valencia despedirá a quien no dé Ciudadanía en inglés

Educación amenaza a un centro que dará las clases en castellano o valenciano

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La Comunitat Valenciana podrá despedir a los profesores que no den la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. El Gobierno valenciano, contrario a esta materia, aprobó una orden para no incumplir la Ley Orgánica de Educación asegurándose que sean otros quienes se la salten, obligándoles a impartir las clases en inglés.

“El incumplimiento de una orden de estas características está tipificado como una falta de carácter muy grave que tendrá muy graves consecuencias”, respondió el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, al ser preguntado por la decisión de los profesores del Instituto Ballester Gozalvo de Valencia de dar la asignatura en castellano o valenciano, las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana. Las faltas muy graves se castigan con el despido e incluso con la separación del servicio.

“De la misma forma que nosotros cumplimos con la LOGSE y la LOE estando en desacuerdo, el resto del sistema educativo ha de cumplir las órdenes que emanan de la Conselleria”, aseguró Font de Mora, dejando claro que al Gobierno valenciano no le tiembla el pulso.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, instó a la Generalitat a “pensar seriamente” si su norma sobre Educación para la Ciudadanía “se ajusta” a las disposiciones obligatorias de carácter estatal. La Generalitat no sólo obliga a impartir las clases en inglés, sino que ofrece la opción de que el alumno apruebe la asignatura realizando un trabajo trimestral sobre los temas que elija la familia. Peralta aseguró que “en ningún caso” promoverá la desobediencia a las normas, porque las Administraciones “deben dar ejemplo”.

Denuncia del TSJA

En Andalucía, los jueces del Alto Tribunal que anularon parte de los contenidos de la asignatura han denunciado ante la Fiscalía al catedrático de Derecho Constitucional Javier Perez Royo por presuntos delitos de calumnias en un artículo periodístico, informa Efe. Pérez Royo culpaba a los jueces de “cometer un delito de prevaricación”, de “desnaturalizar la institución” a la que pertenecen y decía que “materialmente han actuado como unos delincuentes”. Los contenidos anulados se refieren a la ideología de género, homosexualidad y opciones vitales.