La Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano ha condenado al jesuita Pere Sala a vivir recluido en la residencia de Sant Cugat del Vallés donde reside por haber abusado de al menos dos de sus alumnos en el colegio Sant Ignasi de Sarrià en los años 80, una pena canónica nunca antes realizada, que levanta la prescripción del delito.

El Superior Provincial de la Compañía de Jesús en España, Antonio España, ha dado a conocer hoy la resolución del proceso canónico y las medidas que imponen a Pere Sala, que actualmente tiene 95 años.La sentencia, resultado del proceso contra este sacerdote iniciado a comienzos de este año tras las denuncias de abusos sexuales cometidos a principios de la década de los 80, cuando ejercía como profesor en el colegio Sant Ignasi de Sarrià, incluye prohibir al sacerdote celebrar sacramentos y realizar actividades apostólicas y pastorales de carácter público.

También le condena a no mantener trato con menores, no conceder entrevistas con medios de comunicación y no tener perfiles en redes sociales, ni ponerse en contacto con las víctimas, ni ausentarse de la comunidad en la que reside sin permiso expreso del superior. Además, le impone la obligación de hacer llegar a las víctimas una petición escrita de perdón, en unas medidas que serán revisadas cada tres años y que, en caso de incumplimiento, supondrían apartar del estado clerical y de la Compañía de Jesús al acusado.

Según ha informado la Compañía de Jesús, la ejecución de las medidas del precepto penal comenzarán hoy lunes, el mismo día en que la sentencia ha sido comunicada también a las víctimas que presentaron denuncia. A principios de este año, como consecuencia de la investigación iniciada por la Compañía de Jesús en Cataluña sobre abusos cometidos en el pasado, dos exalumnos del colegio Sant Ignasi de Sarrià denunciaron que habían sido víctimas de abusos por parte de este sacerdote.

Levantar la prescripción, una decisión inédita

Ante la gravedad de los hechos, los jesuitas abrieron un proceso canónico para investigar el caso e impusieron al jesuita medidas cautelares como su reclusión en una comunidad, prohibición de contacto con menores y de realizar actividad pastoral y sacramental.Según los jesuitas, a lo largo del proceso no han recibido ninguna otra denuncia contra este sacerdote.El procedimiento canónico se abrió por decisión del Superior Provincial de España de la Compañía de Jesús y la investigación se trasladó a la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede por tratarse de un caso de abusos cometidos por un sacerdote.

Fuentes eclesiásticas han resaltado que en el Derecho canónico, los delitos de abusos a menores cometidos por clérigos prescriben a los 20 años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad (18 años), pero la Congregación para la Doctrina de la Fe, en atención a la gravedad de los abusos, ha decidido levantar la prescripción. El pasado 16 de septiembre las dos víctimas denunciantes presentaron una querella contra los jesuitas por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos.

"Lamentamos profundamente el sufrimiento que algunos compañeros han infligido a personas a las que debían cuidar y proteger", ha señalado el portavoz, que ha recordado que la Compañía de Jesús mantiene abierta una investigación para "clarificar el pasado y los posibles casos de abusos cometidos en nuestros centros", para lo cual mantiene abierto un correo electrónico (escoltar@fje.edu) para recibir cualquier dato o denuncia.

Desde la publicación de los casos de abusos en colegios de jesuitas, la Provincia de España de la Compañía de Jesús ha creado la figura de responsable de Entorno Seguro, que ocupa una psicóloga especialista en abusos, y un Consejo de Entorno Seguro, formado en su mayoría por personas externas a la orden.