En pleno apogeo de su poder como president valenciano, Francisco Camps se codeaba con famosos y magnates, como Iñaki Urdangarin, Bernie Ecclestone (el dueño de la Fórmula 1) y el arquitecto Santiago Calatrava. Con ellos cerraba acuerdos por los que la Generalitat desembolsaba centenares de millones de dinero público. Poco podía imaginar por aquel entonces Camps que hoy, cinco meses después de su dimisión, iba a estar sentado en un banquillo. Menos todavía podía prever que los que con su relato ante un juez iban a cavar su tumba política serían cajeras, encargados de tienda o informáticos. Que miembros de aquella lejana galaxia de las personas normales, ahora integrantes de un jurado popular, iban a acabar poniéndolo a él, el otrora barón ascendente del PP, contra las cuerdas judiciales.

Desde hace dos semanas, sin embargo, así es. El pasado 12 de diciembre comenzó el juicio del caso de los trajes, en el que se juzga a Camps y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, por aceptar regalos de una trama corrupta que, al mismo tiempo, estaba recibiendo millones de euros en contratos públicos de la Administración. Las presuntas dádivas fueron miles de euros en trajes que fueron comprados en dos tiendas de ropa madrileñas. Es por ello que el testimonio más decisivo es el de los trabajadores de los dos establecimientos.

Siete empleados aportan datos que apuntan a su culpabilidad

Durante los últimos días, ocho empleados han prestado declaración ante el jurado popular. A excepción de uno de ellos, todos aportaron datos que apuntalan la culpabilidad de Camps. Como si se tratara de una manta hecha de retales, cada uno de estos testigos ha aportado la narración de aquello que presenció directamente para componer el relato final de los hechos.

La más reveladora fue una de las cajeras, llamada María Calero, que contó que el expresident nunca pagó en efectivo. Su testimonio fue tan contundente que, con independencia del veredicto final, será difícil que la carrera política de Camps sobreviva a sus palabras. Calero explicó su primer encuentro con Camps en la tienda: 'Pensaba que iba a pedirme el ticket o a decirme cómo iba a pagar, pero me dio la mano y se marchó.[...] Me dijo gracias, gracias, gracias', nos saludó a todos y se fue. Yo al rato pregunté: ¿Quién es el que me ha saludado?'. Porque no lo conocía'.

Las aportaciones del resto de los testigos tampoco fueron favorables para el acusado. Entre ellos, una de las cajeras, Elena Rodríguez, confirmó que las prendas quedaban pendientes de pago, pese a que ambos afirmaron haber pagado todo en efectivo. El encargado de una de las tiendas, Víctor Sanfelipe, contó que las deudas de ambos políticos quedaban adscritas a la cuenta de uno de los empresarios presuntamente corruptos, Álvaro Pérez, bajo la denominación global de 'Comunidad Valenciana'. Sanfelipe también explicó que quien abonaba finalmente las prendas era Pablo Crespo, el número dos de la red. Otro encargado, Javier García, saldó la deuda de la cuenta 'Comunidad Valenciana' mediante una transferencia de la trama.

El próximo en declarar será José Tomás, el testigo central de la causa

Por su parte, el director de uno de los establecimientos, Antonio del Fresno, narró que recibió instrucciones de los dirigentes de la red para sustituir el concepto de las facturas prendas de ropa, entre las que estaban las presuntamente regaladas a Camps y a Costa por tejidos.

Además del mecanismo por el que se encargaban y pagaban los trajes en las dos tiendas, en la pasada semana se abordó otro tema central del caso. Se trata de la presunta manipulación de documentos que, según los indicios aportados por la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el dueño de las tiendas, Eduardo Hinojosa, para intentar proteger al exmandatario.

Para aclarar este punto, comparecieron tres testigos. El primero de ellos fue Francisco Ferre, informático, que contó cómo la administrativa de la empresa le ordenó a través de correos electrónicos manipular la contabilidad para ocultar el apellido de Camps de los tickets y los listados de deudas.

Los hechos fueron rechazados por esta contable, Raquel Vázquez, aunque el motivo que alegó para defenderse que los correos fueron obra de un hacker despertó el escepticismo de las acusaciones. Por su parte, Hinojosa también lo negó todo. El empresario sí reconoció que recibió la visita de Federico Trillo, dirigente del PP, poco después de que estallara el escándalo de los trajes.

En los meses siguientes, Hinojosa tomó medidas destinadas a desacreditar al principal testigo del caso, José Tomás, que, como director de las tiendas, era el que atendía a Camps. Precisamente, la defensa del expresident intenta demostrar que Tomás era el centro de un supuesto complot para perjudicar a su cliente. Hoy el director comercial declarará como testigo ante el juez. Si se reafirma en sus declaraciones anteriores, su testimonio será una de las pruebas más contundentes contra el acusado.