El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por diez magistrados, ha admitido a trámite por unanimidad el recurso presentado por el PP contra la reforma de la ley reguladora del alto tribunal que prorroga el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, por el tiempo durante el que sigan siendo magistrados.

La providencia de admisión a trámite del recurso será comunicada al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, para que se persone en el procedimiento y presente las alegaciones que considere oportunas.

Es ahora cuando el Gobierno puede recusar a los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, quienes pidieron la dimisión de Casas por carta antes de que el PP impugnara la ley que entró en vigor el pasado 26 de mayo. En la misiva ambos adelantaban su opinión sobre la reforma y afirmaban que 'no ofrece cobertura' para prorrogar el mandato de Casas y Jiménez sin que lo acuerde el Pleno del Constitucional.

Primer paso

Aunque Justicia sigue manteniendo que la decisión sobre si recusará a ambos magistrados aún no está tomada, el pasado jueves el Consejo de Ministros facultó al Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, para actuar en este procedimiento en vez del representante habitual de los Servicios Jurídicos del Estado, lo que parece anunciar que terminará impugnándolos.

Con esta decisión las fuerzas del alto tribunal se inclinarían a favor del sector de magistrados que se supone progresista.

La aceptación de la abstención de Casas y Jiménez, que les aparta del debate de este recurso, se conoció el pasado mes de septiembre, pero hasta ayer no ha sido oficial. La tardanza se ha debido a que se han creado dos bloques de magistrados, cada uno de ellos de cinco miembros, a favor o en contra de que participen en este procedimiento.

Voto de calidad

El presidente en ausencia de Casas del alto tribunal, Vicente Conde, volvió esta vez a utilizar el voto de calidad que le confiere el cargo, para aceptar la resolución que defiende los argumentos de la mayoría conservadora. El ponente del texto definitivo, el magistrado Pablo Pérez Tremps , y los otros cuatro magistrados que se presumen progresistas redactarán otros tantos votos particulares a la decisión adoptada.

Mientras la presidencia en manos de Conde confiere el poder al sector que se considera conservador, la recusación de dos de sus principales miembros, García-Calvo y Rodríguez-Zapata, le dejará en minoría de tres frente a cinco.

El recurso del PP contra la ley del alto tribunal será resuelto entonces por un Pleno compuesto por ocho magistrados, en vez de los doce que prevé la Constitución. Por eso, algunos expertos constitucionalistas son reaciones a cualquier recusación, y otros consideran que en el caso de García-Calvo y Rodríguez-Zapata hay 'sobradas razones' para apartarles, por estar contaminados.