Las víctimas de Franco se querellan contra el juez Varela

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que acusa a su colega de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de "prevaricar" dictar una resolución a sabiendas de que es injusta en el caso contra los crímenes del franquismo, es acusado ahora por las víctimas de Franco por el mismo delito.

Dos asociaciones de memoria histórica presentaron ayer una querella contra Varela y su compañero de tribunal Juan Saavedra que impidió la personación de las víctimas en el proceso, por dictar una resolución contra Garzón ocultando los datos que le favorecen y, sobre todo, sin tener en cuenta a las víctimas.

"Los delitos contra la humanidad no son amnistiables", dice la querella

Las asociaciones de familiares de víctimas de Catalunya y Baleares desmontan uno por uno cada argumento utilizado por Varela para atacar a Garzón. Según los querellantes, Varela se contradice al acusar al juez de la Audiencia de permanecer "inactivo" durante dos años de instrucción y después exigir pruebas de "enorme magnitud" como un mapa de fosas y un censo de desaparecidos. Las víctimas aseguran que se trata de una simple petición de pruebas.

No es la única contradicción que encuentran. Los querellantes creen que sólo redactando desde una postura "inquisitorial" se entiende que Varela acuse a Garzón de hacerse con la competencia del caso por todos los medios aunque sean ilegales y, a la vez, critique la decisión del acusado en la que se inhibió en los juzgados territoriales. Garzón asumió en un auto la postura del pleno de la sala que estudió su caso en la Audiencia Nacional y declaró que la instancia competente para investigar losfusilamientos eran los juzgados territoriales.

Reprochan a Saavedra que les impida personarse en el proceso

Esa inhibición fue devuelta a la Audiencia por dos juzgados territoriales: Granada y San Lorenzo de El Escorial, generando así una "cuestión de competencia" que está a la espera de resolución en el Supremo. Es en este punto donde los querellantes amplían su acusación al magistrado Juan Saavedra. Las asociaciones le acusan de retrasar la cuestión de competencia en connivencia con Varela para perjudicar a Garzón.

Saavedra designó a Varela para investigar la denuncia de Falange Española y el sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Garzón. Sin embargo, impidió la personación en el caso de las víctimas del franquismo, pese a que ellas consideran que el caso les afecta de lleno. Este portazo de Saavedra es utilizado por los querellantes para asegurar que ambos jueces están perjudicando sus derechos como "víctimas indirectas" de un delito dedesaparición forzada.

La querella revela algunos supuestos errores en el auto del pasado 7 de abril redactado por Varela. El juez del Supremo critica la "insistencia" de Garzón en investigar un conjunto de fosas pese a la opinión contraria del fiscal. Sin embargo, no fue Garzón, sino su compañero, Santiago Pedraz, el que dictó las providencias relacionadas con las fosas durante unos días que Garzón estuvode baja médica.

El punto fuerte de Varela para asegurar que Garzón actuó de manera ilegal conscientemente es que obvió la Ley de Amnistía de 1977. Según Varela, "la Ley 46/1977 no solamente fue aprobada por las mismas Cortes que elaboraron las Constitución democrática, sino que obtuvieron el respaldo de prácticamente todas las fuerzas democráticas". Desde ese punto de vista, asegura que la "ignorancia" de Garzón es "inexcusable".

Sin embargo, los querellantes rechazan ese argumento al enumerar todos los organismos a los que pertenece España y los convenios de Derechos Humanos (DDHH) asumidos por nuestro país, como el Comité de DDHH de la ONU o la numerosa jurisprudencia que dice que los delitos contra la humanidad como Garzón calificó las 113.000 desapariciones desde el 18 de julio de 1936 no son "amnistiables". Y añaden que ese argumento jurídico era incluso válido antes de que la Ley de Amnistía se aprobara porque Españafirmó los convenios de la ONU de DDHH antes de 1977.

Ese uso "prevaricador" de la Ley de Amnistía es el que podría utilizar un juez argentino para investigar el franquismo si prospera la denuncia que las víctimas pondrán mañana en ese país bajo los principios de jurisdicción universal.