Un grupo de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir la suspensión de la causa por prevaricación seguida contra el juez Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo, que pretende sentar al magistrado en el banquillo por abrir el primer proceso penal para investigar los crímenes del franquismo. Estas asociaciones solicitan al Constitucional que frene la causa, hasta que se les permita ser parte en el procedimiento.

Los firmantes del recurso persiguen poder recusar a los magistrados que admitieron a trámite el proceso contra el juez Garzón, ya que, a su juicio, están 'contaminados' para entender de este asunto por sus manifestaciones en relación con la Ley de la Memoria Histórica.

Estos grupos persiguen recusar a los jueces que abrieron la causa

De esta manera, solicitan suspender la tramitación de la causa hasta que no se resuelva su derecho a ser oídos y ejercitar acciones 'para algo que es fundamental, si los magistrados (...) gozan de la suficiente imparcialidad y si hay corrección en las actuaciones'.

En el escrito remitido al Constitucional, las asociaciones que representan a las víctimas de Franco señalan que la continuación de la causa contra Garzón sin su presencia puede causar 'perjuicios irreparables', puesto que las personas en cuyo nombre actúan 'se hallan directamente afectadas por la querella, ya que está dirigida contra toda la investigación judicial en la que se instruye, por primera vez, los muy graves delitos de que son víctimas'.

Estas asociaciones recuerdan que las resoluciones que adoptó el magistrado en su investigación sobre los crímenes del franquismo se realizaron a petición de todas ellas y que, por ese motivo, ya se autoinculparon ante el Supremo 'como inductores y cooperadores necesarios' en el presunto delito de prevaricación que investiga el Supremo.

«Era un deber investigar; España no es una excepción», dice AI

Sin embargo, en junio de 2009, el Supremo denegó esta personación 'sin otro fundamento que el de no perturbar, no hacer abuso de derecho o carecer de legitimación para ser parte, sin explicar el motivo', según aducen.

El recurso da detallada cuenta de las personalidades del mundo jurídico que, dentro y fuera de España, han apoyado las tesis de Garzón en los últimos meses. Las asociaciones señalan que 'se sienten altamente inmersas y perjudicadas por una situación en la que subyacen y concurren muchas insólitas circunstancias impropias de nuestro Estado de derecho'.

La puerta abierta por el Supremo para juzgar a Garzón por prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo alimentó también las críticas de Amnistía Internacional (AI). Giulia Tamayo, abogada de esta organización, calificó de 'paradójico' que 'la Justicia del país con mayor número de desapariciones forzadas del siglo XX castigue al único juez que ha intentado investigarlas'.

Tamayo recordó que aquellos que, como España, se han negado a juzgar este tipo de crímenes han acabado siendo considerados por los tribunales internacionales 'responsables de haber contravenido la legislación internacional'.

Por esa razón, la jurista aseguró que 'más temprano que tarde van a tener que aceptar que era un deber investigar, porque España no es una excepción'. A su juicio, la causa abierta contra el magistrado de la Audiencia Nacional 'sólo causa daño a las víctimas' y al juez y es 'un aviso a navegantes' a cualquier otro que quisiera investigar los crímenes del franquismo.