Sortu sostiene en las alegaciones que su legalización conducirá al fin de la violencia de ETA. En el escrito, redactado por los abogados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, afea a la Abogacía del Estado y al Ministerio Público por 'sobreactuar y dimensionar en exceso realidades inexistentes'.

Sortu cuestiona la 'imparcialidad' de los informes policiales y defiende la posibilidad de que antiguos dirigentes de Batasuna puedan participar en el nuevo partido, según el criterio establecido ya por el TS. En sus alegaciones, mantiene que sus estatutos son un 'contraindicio' que prueba que no hay tal sucesión con Batasuna. Y presenta además como 'hechos' de su trayectoria dos comunicados hechos públicos, el 3 y el 10 de marzo. En este último, rechazaba, entre otros, el plan de ETA para matar al lehendakari, Patxi López. Sortu también replica a otra conclusión de la Fiscalía, según la cual ETA apoyaría la iniciativa de la izquierda abertzale en seis de sus comunicados y en una entrevista. 'Es una conclusión que no se deriva de manera objetiva de los documentos'.

Sortu también rechaza que pueda presentarse 'el silencio' de ETA, como dice la Abogacía del Estado, como prueba de connivencia. Según Iruin y Araiz, esto es algo 'ajeno' a la Ley de Partidos.

Los letrados también señalan que la Ley de Partidos no exige 'la condena del pasado' y recoge lo dicho por catedráticos de Constitucional: 'En cualquier caso, en los estatutos se recoge su deseo de contribuir al reconocimiento' de todas las víctimas y también de las de ETA'.