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Vivienda pública La emergencia habitacional impulsa un decreto ley para ampliar la vivienda pública en el País Valenciano

Derecho a la vivienda versus negocio de la vivienda. Los partidos se posicionan hoy en Les Corts en la votación de la convalidación del decreto ley aprobado por el gobierno valenciano que persigue la ampliación de vivienda pública a través del derecho preferente de compra. La norma trata de poner freno a los fondos buitre.

Rubén Martínez Dalmau
Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo del Consell y director de la Conselleria de Vivienda. 

héctor serra

El decreto ley para la ampliación de vivienda pública en el País Valenciano mediante los derechos de tanteo y retracto, aprobado por el pleno del Consell el pasado 5 de junio, llega esta mañana a Les Corts, que deberá votar su convalidación. La norma, impulsada por la Conselleria de Vivienda que dirige el también vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, pretende dar respuesta a las situaciones derivadas de la actual emergencia habitacional, dando un nuevo impulso al derecho de adquisición preferente de la Generalitat y otras entidades públicas como ayuntamientos o mancomunidades.

Martínez Dalmau recalca que se ha dado "un paso decisivo en la consecución plena de un derecho constitucional", ya que la norma dota al gobierno valenciano de "herramientas necesarias para evitar que las casas donde vive la gente acaben siendo propiedad de los fondos de inversión". El propósito es duplicar el número de viviendas de interés social en los próximos diez años, tal y como contempla el plan estratégico "Hàbitat 20-30".

De hecho, hace solo unos días, el mismo vicepresidente mostraba su satisfacción al presentar "la mayor operación de adquisición de vivienda pública por tanteo que ha hecho la Generalitat" y la mayor "que se ha hecho nunca en el estado español". Con una inversión de más de 8,5 millones de euros, se ha conseguido incorporar al parque público un paquete de 218 viviendas que el Banco Sabadell tenía previsto vender al fondo Cerberus. Esta intervención, calificada de "histórica" ​​por Martínez Dalmau, se ha podido realizar por una cantidad un 25% por debajo de los precios de valoración de la Agencia Tributaria Valenciana y, según explicó el dirigente, ha supuesto el rescate de al menos 95 familias, la gran mayoría en situación de especial vulnerabilidad.

Protección permanente

"Podemos estar contentos. Hemos pasado muchos años sin ningún tipo de política pública destinada a ampliar ese parque público de vivienda", expresa Nacho Collado, socio de El Rogle, cooperativa que trabaja derechos relacionados con la vivienda. El jurista aplaude que, a partir de ahora, la totalidad de las viviendas adquiridas por esta vía tendrán protección permanente, corrigiendo los regímenes de protección temporal y desclasificación de VPO que han derivado en un negocio especulativo.

Collado subraya los principales puntos fuertes del nuevo plan. Por un lado, la ampliación de los supuestos en los que se podrá ejercer los derechos de adquisición preferente. Hasta ahora estaban limitados a las viviendas de protección pública. Ahora las administraciones valencianas tienen la posibilidad de ejercer esos derechos también sobre viviendas transmitidas en ejecución hipotecaria o venta extrajudicial, viviendas transmitidas mediante dación en pago de deudas hipotecarias y viviendas que se transmiten en grandes operaciones inmobiliarias.

Para el jurista, la clave de la normativa apunta hacia la capacidad que tiene la administración de intervenir en grandes transmisiones patrimoniales o grandes mercantilizaciones de la vivienda. En este sentido, el decreto ley marca la intervención en las transmisiones de edificios con un mínimo de cinco viviendas cuando el porcentaje es igual o superior al 80% del inmueble, sea mediante venta directa o venta de acciones o participaciones en mercantiles. "Es muy positivo que la norma también fije actuaciones ante esta financialización de la vivienda que acaba en un mercado de valores y en una compra de paquetes por parte de los fondos buitre. Eso sí que da la posibilidad de ampliar el parque público rápidamente y a unos precios muy baratos", sostiene Collado.

El jurista, por otra parte, admite el avance que supone descentralizar esta competencia. La norma prevé mecanismos para crear o ampliar el parque público municipal de viviendas de aquellas localidades que lo deseen mediante el ejercicio de los derechos de adquisición preferente a su favor o la cesión de estos derechos. Con todo, Collado reconoce una falta de personal en la estructura gestora que sufre tanto la Generalitat como las administraciones locales y que puede revelarse como el principal obstáculo a la hora de aplicar la norma. De manera paralela, el plan prevé la elaboración de un catálogo en el plazo máximo de seis meses con el objetivo de delimitar las áreas de mayor necesidad de vivienda.

Otro de los puntos destacados es la función social de la vivienda que se contempla, con el destino de la vivienda adquirida a las personas y las familias en riesgo de exclusión. Asimismo, el decreto ley prevé que las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan funciones de reinserción social puedan obtener casas mediante cesión de vivienda pública. Collado cree imprescindible que las administraciones promuevan políticas de vivienda asequible pero, además de dirigirse de manera prioritaria a las personas más desfavorecidas, el miembro de El Rogle sostiene que hay que generar otras políticas encaminadas a modular el mercado y ofrecer recursos diferentes para el conjunto de la población. "De este modo, tenemos la posibilidad de frenar o enfriar los precios", indica.

Más voluntad y más presupuesto

Desde la Coordinadora de las PAH del País Valenciano también valoran la norma como un avance importante dada la situación ínfima, tanto en cantidad como en calidad, del parque público actual de la Generalitat. Para estos colectivos, las 14.000 viviendas de que dispone el gobierno valenciano quedan muy lejos de una cobertura digna ante las necesidades de emergencia habitacional procedentes de la crisis de 2008, agravada por las demandas surgidas de la covid-19.

Los activistas subrayan que la viabilidad del decreto ley dependerá directamente de los presupuestos que se destinen tanto por parte de la Generalitat como de los que provengan del Estado, además de los municipales. José Luis González, portavoz de la PAH València, sostiene que el nuevo instrumento legal complementa la ley para la función social de la vivienda, aprobada en Les Corts en 2017, que ya valoraron positivamente porque establece el derecho subjetivo a la vivienda y una serie de mecanismos de defensa. A pesar de la buena dirección, González cree que debe haber más voluntad política y más presupuesto.

Hace unos días, el mismo portavoz compareció en el parlamento valenciano en el marco de la comisión para la reconstrucción social, económica y sanitaria, donde lanzó algunas propuestas. Entre ellas, reclamó una moratoria de todos los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021. Sobre la vivienda pública, más allá de la reciente medida de la Generalitat, González considera absolutamente necesario la cesión temporal a las administraciones públicas de todas las viviendas vacías de las que dispone la Sareb y la banca, el rescate de la cual sube a más de 65.000 millones de euros. "Las PAH del País Valenciano no aceptamos las palabras del Banco de España que dicen que hay un dinero que no se recuperará. Ese dinero es de la ciudadanía de todo el Estado, en quien debe revertir", razona el portavoz.

Contra el escudo social

La sesión en Les Corts de esta mañana llega después de semanas de intensa campaña contra este decreto ley de tanteo y retracto. Su aprobación ya estuvo marcada por las denuncias del vicepresidente Martínez Dalmau, quien ha afirmado la existencia de presiones y amenazas, "públicas y privadas, por parte de aquellos que quieren mandar sin presentarse a unas elecciones".

Patronal, promotores e inmobiliarias se han pronunciado en las últimas horas mostrando un rechazo frontal. Argumentan que la norma crea inseguridad jurídica y que será un lastre para la recuperación económica. La oposición en Les Corts (PP, Ciudadanos y Vox) se alinea con estas máximas y pide que se tramite como proyecto de ley para poder incorporar modificaciones. El PP ya deja abierta la puerta del recurso judicial en verlo "claramente anticonstitucional".

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