Javier Rubio.  Experto en derecho a la vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)

1.- Establecimiento de una prórroga extraordinaria de tres años para los contratos de alquiler que finalicen en el próximo año. Se trata de actuar ya para garantizar el derecho a la vivienda de miles de inquilinos e inquilinas amenazadas de expulsión al finalizar sus contratos. En esos tres años de prórroga se debería conseguir una bajada sustancial de precios a través de otras medidas.

2.- Elaboración de un plan estratégico de reconversión de pisos turísticos en viviendas para familias. Este plan se debería aplicar en alianza con las ciudades que lo soliciten (los ayuntamientos conocen mejor su territorio que el Gobierno central) y debería contar con incentivos para la mejora energética y un plazo de adaptación voluntario. Tras ese plazo, las viviendas que no hubieran sido reconvertidas, podrían ser adquiridas por el Estado en cesión de uso para alojar a familias en régimen de alquiler.

3.- Recuperación de todas las viviendas en manos de fondos buitre en España a través de la sociedad pública de vivienda (SEPES). Se debe proteger a las familias amenazadas de subidas o no renovaciones, y sacar del mercado a los especuladores corporativos. Esta medida debe lanzar un mensaje claro: no pueden hacer negocio con bienes de primera necesidad. Las casas, para quienes las habitamos. 

Laura Barrio.  Socióloga y activista por el derecho a la vivienda

1.- Pinchar de manera controlada la actual burbuja especulativa del alquiler. Es decir, establecer precios máximos por m2 y ampliar la duración de los contratos de tal manera que la vivienda cumpla su función social. Alquileres acordes a los salarios y duración indefinida con causas tasadas de rescisión sería lo razonable. Esto tendría que ir acompañado de un sistema de inspección y sanción para vencer las resistencias a este cambio.

2.- Reformular la fiscalidad que incentiva el rentismo. Los inversores no solo se llevan el grueso del salario de sus inquilinos; también muchas ayudas públicas acaban indirectamente en sus manos, pero después no pagan impuestos por ello, como el resto. Hay que trabajar para que esta actividad extractivista no sea rentable y se penalice el uso antisocial de la vivienda (turística, por habitaciones, vacía), mientras se incentivan los alquileres sociales y las cesiones de uso. Hay que asumir que la distribución social de la vivienda no tiene que pasar necesariamente por un mercado; de hecho, hay que sacarla de él.

3.- Ampliar el parque de vivienda pública en el seno de las ciudades. Con mucha imaginación, un gran presupuesto y un enfoque ecosocial, se debería facilitar la adquisición preferente de viviendas por parte de las Administraciones (si se acaba el chollo rentista, saldrán muchos pisos a la venta). También hay que trabajar por la rehabilitación y el acondicionamiento de las viviendas de la SAREB, la cesión de parte de las nuevas promociones privadas y, donde no quede más remedio, construir nuevas promociones a través de empresas de lucro limitado.

Javier Gil.  Investigador del CSIC y del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU)

1.- Limitar los precios del alquiler. Los precios han escalado de forma artificial, impulsados por un ciclo especulativo que ha desconectado el valor de la vivienda de la realidad económica de los hogares. Es urgente corregir esta distorsión: ningún hogar debería destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler. La ley debe garantizarlo.

2.- Frenar la concentración de viviendas en manos de pocos actores. Para devolver la vivienda a su función social es necesario fomentar la demanda residencial y desincentivar la especulativa. Prohibir la compra de viviendas con fines no residenciales y aumentar los impuestos a la multipropiedad inmobiliaria son pasos imprescindibles en esa dirección.

3.- Impulsar un parque de vivienda en cesión de uso. Resulta clave aprobar un marco normativo que facilite la expansión de modelos cooperativos de vivienda en cesión de uso. Experiencias exitosas en Viena, Dinamarca o Uruguay demuestran que estas fórmulas no solo aumentan la oferta de vivienda asequible, sino que ayudan a moderar los precios del mercado privado. Para ello, el respaldo del Estado —en el ámbito fiscal, urbanístico y financiero— es fundamental.

Valeria Racu.  Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid

1.- Bajada y regulación de alquileres. Hoy en día, una habitación cuesta lo mismo que un piso entero hace 10 años. La mitad de las personas que vivimos de alquiler estamos en riesgo de pobreza, y empleamos más del 50% de nuestros ingresos en pagar rentas a quienes tienen más casas de las que necesitan. Bajar los alquileres no es una recomendación, es una necesidad urgente que conseguiremos a través de huelgas de alquiler.

2.- Recuperación de las viviendas vacías y las secuestradas por el alquiler turístico y de temporada. No faltan viviendas, sobran rentistas. España sigue siendo uno de los países con mayor número de viviendas por habitante de la OCDE. No es una cuestión de oferta y demanda cuando la oferta está secuestrada y no se le da un uso social. Mientras tanto, la demanda está inflada por rentistas que acaparan propiedades y que viven a costa de gente más pobre. No solo eso: recurren, además, y con frecuencia, a grupos paramilitares de desokupación que atacan especialmente a personas migrantes y racializadas. Toda vivienda sin uso social tiene que ser recuperada e incluida en un parque de vivienda pública bajo una gestión comunitaria-cooperativa. 

3.- Aumento de los contratos indefinidos. La temporalidad en los contratos de alquiler genera inseguridad habitacional. Nueve de cada diez inquilinas tenemos contratos temporales, lo que nos expone a expulsiones y sobornos constantes. No podemos permitir que la estabilidad solo sea posible a través del actual modelo de vivienda en propiedad, basado en el endeudamiento y el negocio de los bancos. Es necesario instaurar contratos indefinidos para todos los arrendamientos, incluidos los de habitaciones, para acabar con el negocio de la vivienda, la especulación y la discriminación inmobiliaria. Mientras tanto, #NosQuedamos.