¿Un poder sin límites?

El 24 de diciembre de 2025, en la víspera del día de Navidad, varios ciudadanos europeos se despertaron con una desagradable noticia. La Administración Trump les había prohibido la entrada a EEUU por liderar "iniciativas para obligar a las plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

En realidad, los cinco afectados eran autoridades y reconocidos expertos europeos en la lucha contra la desinformación en internet, una de las grandes piedras de toque a la que se enfrentan hoy las democracias. Sólo hay que mirar a Ceuta en las últimas semanas.

Entre los afectados estaba Thierry Breton, político francés y el comisario que lideró la Ley de Servicios Digitales europea (o DSA, por sus siglas en inglés). También Anna-Lena Von Hodenberg y Josephine Ballon, cofundadoras de HateAid, una ONG alemana que defiende a víctimas de violencia online. Y Clare Melford e Imran Ahmed, responsables de dos entidades británicas especializadas en este campo.

La DSA entró en vigor en 2022, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, y se diseñó para forzar a las grandes tecnológicas a hacer algo que nunca les ha gustado: prevenir de forma activa la publicación de contenido dañino, falso o ilegal en las plataformas de las que son dueñas. Es decir, en aplicaciones como Facebook, Instagram, YouTube, X (la antigua Twitter) y TikTok, entre otras.

El veto a "estos activistas radicales" —así los definió Rubio— fue una decisión política sin precedentes. Pero también una estruendosa señal de aviso contra los gobiernos que en los últimos tiempos han tratado de regular los actuales oligopolios digitales.

Durante un tiempo aparentes enemigos, la alianza entre los gigantes tecnológicos y Donald Trump es ahora un hecho

Durante un tiempo aparentes enemigos, la alianza entre los gigantes tecnológicos y el político republicano es hoy un hecho. La campaña que llevó a Trump de vuelta a la Casa Blanca fue un anticipo, con Elon Musk (SpaceX, Tesla) como uno de sus principales donantes. Tras la victoria, una larga lista de magnates y sus empresas se unieron a su causa: Jeff Bezos (Amazon), Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google) o Satya Nadella (Microsoft), entre otros. Las decisiones corporativas de calado tampoco se hicieron esperar.

Un frente común contra la rendición de cuentas

Unas semanas antes de la investidura de Trump, Mark Zuckerberg anunció el cierre del programa de verificación de contenidos de Meta, creado para limitar la desinformación y el odio difundido a través de sus plataformas (Facebook, Instagram, WhatsApp). Desde ese momento, dijo el empresario, trabajarían con la nueva administración "para plantar cara a los gobiernos que actúan en contra de las empresas estadounidenses".

Las redes sociales son hoy "espacios más peligrosos y manipulativos que hace unos años". Cualquier crisis de calado sirve como prueba del algodón para este diagnóstico

Zuckerberg abrió así el camino a otras tecnológicas que en los meses siguientes cancelaron programas similares. El resultado es que hoy las grandes plataformas digitales y sus redes sociales son "espacios más peligrosos y manipulativos que hace unos años", según un reciente estudio de la red europea de organizaciones para la verificación de contenidos, EFCS, titulado La Gran Retirada: cómo las plataformas dejaron de priorizar la integridad de la información y qué hacer al respecto.

Cualquier crisis de calado sirve como prueba del algodón para este diagnóstico. El pasado 31 de julio, mientras Ceuta vivía una emergencia humanitaria, Elon Musk publicó en X un vídeo con imágenes de Guerra Mundial Z, una película de ciencia ficción sobre una epidemia de zombies que amenaza a la humanidad. El propietario de la antigua Twitter posteó luego otro mensaje con imágenes reales de personas cruzando la frontera.

Más allá de las provocaciones del hombre más rico del planeta, la crisis ceutí y sus derivadas ejemplifican la responsabilidad de las grandes tecnológicas en el deterioro de la convivencia, analiza Carlos Hernández-Echevarría, coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Maldita.

Esta organización ha documentado cómo Facebook, en los días previos al inicio de la crisis, potenció mensajes falsos como que la frontera estaba abierta o que Europa ofrecería asilo a todas las personas que la cruzasen. También cómo Instagram y WhatsApp facilitaron en las semanas posteriores la propagación de bulos sobre los migrantes que permanecían en Ceuta.

"La persona que coge un vídeo de la profanación de una iglesia en Colombia y dice que es Ceuta sabe perfectamente lo que está haciendo: fomentar la violencia", señala Hernández-Echevarría, apuntando también a la capacidad de los algoritmos de recomendación de estas plataformas para amplificar estos mensajes.

Las leyes contra la desinformación han sido en los últimos años sólo uno de los caminos abiertos por Europa para exigir cuentas a la gran industria tecnológica. Pero ha habido muchos otros, como la protección de los datos privados de los ciudadanos — cuya explotación es el modelo de negocio fundamental del sector—, la defensa de la libre elección de los consumidores al escoger un servicio digital o el veto a los usos más peligrosos de la inteligencia artificial (IA).

Los gigantes digitales han reaccionado usando todos los recursos que tienen a su alcance. Meta, Amazon y Apple están en lo alto de la lista de empresas que más gastan hoy en lobby de toda la Unión Europea. Y las big tech en su conjunto superan desde hace años a otros sectores como la banca, la energía y el agronegocio, según los datos de la ONG Corporate Europe Observatory (CEO).

El esfuerzo económico les vale la pena. En noviembre pasado la Comisión propuso un paquete desregulatorio bautizado como Ómnibus Digital que, entre otros puntos, reduce las exigencias de protección de datos a las empresas y diluye las garantías frente a los riesgos de las aplicaciones de IA más sensibles. Un análisis de CEO detalla cómo las grandes tecnológicas influyeron "artículo por artículo" en estos cambios.

Concentración de poder sin precedentes

En mayo de 2025 el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Kharim Khan, perdió el acceso a su correo electrónico de Microsoft y a varios servicios digitales dependientes de empresas de EEUU. ¿El motivo? Trump había dictado sanciones contra Khan por la orden de arresto de este tribunal contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Hasta una decena más de altos cargos de la CPI han sufrido represalias similares en el último año.

Estos hechos abrieron un profundo debate en Europa sobre nuestras dependencias frente a los gigantes de internet y sobre el inmenso poder que concentran. "El problema que tenemos hoy no se limita a las redes sociales", esgrime la abogada Cori Crider.

"Todos los principales servicios tecnológicos de los que depende nuestra economía —para comunicarnos, informarnos, crear comunidades, hacer negocios, innovar— han sido acaparados por un puñado de empresas estadounidenses. Y ahora están abusando de su enorme riqueza para dominar nuestra política y nuestras sociedades", apunta esta experta.

Crider, directora ejecutiva del Future of Tech of Institute (FOTI), un think tank europeo dedicado a impulsar una mayor soberanía tecnológica, señala como prueba la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump, que reivindica el uso de la fuerza por parte de EEUU para imponer su visión del mundo. "Este documento deja claro el objetivo de su Administración, que está utilizando activamente los monopolios tecnológicos estadounidenses para desgarrar el tejido de la democracia europea".

Los lugares donde esta concentración de poder se hace evidente son de lo más variados. Uno de ellos es sin duda la manera en que los datos digitales de ciudadanos, empresas y gobiernos hoy se gestionan.

Un informe del Parlamento Europeo de comienzos de este año estimó que los grandes proveedores de servicios de nube no europeos controlan alrededor del 69% del mercado continental. El mismo estudio señala que alrededor del 92% de los datos generados en Occidente se almacenan bajo jurisdicción de EEUU. Principalmente en infraestructuras propiedad de Microsoft, Google y Amazon, los tres gigantes que dominan este mercado.

"Esto implica una dependencia estructural que no es solamente económica sino política", opina Bru Aguiló, experto en innovación democrática y soberanía tecnológica. Aguiló apunta en concreto a la Cloud Act, una norma estadounidense que permite a las autoridades del país exigir a empresas nacionales que entreguen los datos almacenados en sus servidores. Sin importar dónde estén ubicados físicamente.

"Es decir, un tercer país puede tener acceso a esos datos por la vía de su propia legislación, al margen de cualquier garantía europea. Esto no es tolerable y es solo un ejemplo si hablamos de privacidad y soberanía de datos", analiza Aguiló.

En los últimos meses hemos visto cómo algunos gobiernos europeos han dado pasos para romper lazos con las big tech. En Francia, miles de funcionarios públicos están cambiando Microsoft Teams y Zoom por plataformas alternativas, en ocasiones de código abierto. Movimientos similares se han dado también en Países Bajos y Alemania.

En España, Pedro Sánchez ha hecho de la lucha contra los tecno-oligarcas una de sus últimas banderas políticas. Siguiendo la línea de países como Australia, el Gobierno ultima una ley que prohibiría el acceso de los menores a las redes sociales, una medida cuya eficacia sin embargo está cada vez más en duda. Pero apenas ha dado pasos en otros frentes.

Ambición política y cumplir las leyes

Sin restarle importancia a la protección de la infancia frente al contenido tóxico de las redes, Crider y otros expertos advierten de que hay que ir más allá de prohibiciones de uso de un producto en concreto. "Contamos con leyes sólidas, recursos financieros y talento suficiente para construir un futuro tecnológico soberano que realmente funcione para los ciudadanos de Europa. Llegar hasta ahí implica hacer cumplir las leyes que ya tenemos para romper el dominio monopolístico de las grandes tecnológicas".

Esta abogada añade a la ecuación alejarnos de la forma "perezosa y peligrosa" en que hoy adquirimos tecnología. Y "apoyar a nuestros innovadores locales" para ofrecer alternativas reales, impulsando también la interoperabilidad entre plataformas digitales. Es decir, la capacidad de los usuarios para cambiar de una a otra sin barreras ni obstáculos.

"Europa es un enorme mercado de 450 millones de ciudadanos. Tenemos más talento y más poder de lo que a veces creemos. Lo único que necesitamos es el valor para utilizarlo", sentencia Crider.

Una moción aprobada en julio por una mayoría del Parlament de Catalunya recoge algunos de estos puntos. "Sólo hay libertad cuando el poder tiene límites democráticos claros", señaló en el pleno Andrés García Berrio, diputado de los Comunes, el partido que la impulsó. El texto aprobado reclama al Ejecutivo catalán, entre otros aspectos, incorporar criterios de derechos humanos a la contratación pública de tecnología, un compromiso por el software no privativo y una auditoría pública de los contratos ya firmados.

Bru Aguiló, asesor de los Comunes, profundiza en esta idea para reclamar un pacto social dentro del Estado de bienestar que equipare la tecnología "en tanto que infraestructura básica de nuestros tiempos" a otros servicios públicos esenciales.