Natália de Oliveira Ramos (@nataliaperiod) 

El 28 de junio de 1969, Marsha Johnson, una mujer trans, negra y prostituta rompió un vaso en un bar llamado Stonewall, en Nueva York. Los cristales en el suelo mostraron a las autoridades que el colectivo LGTBI ya no aceptaría más el abuso de poder, la violencia, la violación del derecho de ser y estar. En este entonces tuvo lugar la primera manifestación social de la que se tiene registro de los miembros de la comunidad de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales, el Stonewall Riot. 

Medio siglo después, las mujeres trans, pioneras en la lucha por los derechos del colectivo, siguen siendo socialmente marginadas y vulnerabilizadas, dentro y fuera de sus países de origen. La activista salvadoreña Karla Avelar tiene 41 años y se considera una veterana en esta lucha. "La expectativa de vida (en El Salvador) de una persona trans es de 33 años", recordaba durante la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, con motivo del Madrid Summit 2019, realizado en la Oficina del Parlamento Europeo en España. Avelar es refugiada en Ginebra (Suiza) y, junto al hombre trans Gabriel Escobar, fue una de las voces que se expresaron durante el panel ‘Migraciones y Refugiados LGTBI’.

Además de ser precursora a la hora de defender los derechos de este colectivo, Avelar también es una mujer trans y racializada. Tras una infancia marcada por rechazo y abusos sexuales, decidió migrar por primera vez. Con solo 11 años, salió de su localidad, Chalatenango, para vivir en la capital San Salvador, donde se sometió a la prostitución. Antes de alcanzar la mayoría de edad, fue diagnosticada con VIH, sufrió tres intentos de asesinato –uno de ellos por parte de la Mara Salvatrucha- y, por último, fue ingresada en prisión, donde asegura haber sufrido violencia sexual. "Fueron cuatro años en prisión en los que fui violada, torturada y humillada, todo por mi identidad de género", recuerda Avelar.

Estas experiencias la llevaron a crear la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS). El activismo de Avelar planta cara a la discriminación que sufren las personas LGTBI en El Salvador, llamando la atención de las Naciones Unidas. Los avances pusieron a Avelar en la mira de los extremistas una vez más. En una entrevista con EFE en 2016, la activista denunció que los cuerpos de seguridad y las pandillas son los "principales asesinos" de miembros del colectivo LGTBI en su país. "No tenemos garantía de vida. La ausencia de respuesta de los estados resulta en desplazamientos forzados", denuncia durante su conferencia en Madrid. 

Sin protección de los cuerpos de seguridad salvadoreños, la activista recibió el estatus de refugiada en Suiza en 2018. "Lo que nosotros (personas LGTBI refugiadas) buscamos es no ser una carga para el estado. Lo que queremos es ser, aportar, buscamos reinserción social", explica Avela. Sin embargo, ella alerta de que estas aspiraciones no son inherentes al cruce de las fronteras. "Al llegar a Ginebra me metieron en un módulo de acogida de hombres porque así lo decía mi DNI, me retiraron mis documentos, me prohibieron la libre circulación y me quitaron mi derecho a trabajar", recapitula la activista, que hoy vive en la capital suiza con su madre gracias a la posibilidad de reagrupación familiar de las personas refugiadas, una de las caras amables de la burocracia helvética. El acceso a la educación y a la asistencia social personalizada también están en la lista de puntos positivos que ha vivido esta migrante salvadoreña. Con razón. Ella es parte del 70,7% de víctimas de LGTBfobia en el ámbito escolar y, también, del 73% que dicen haber sufrido agresión en centros de salud en el país latinoamericano, de acuerdo con el informe ‘Consulta Nacional sobre realidades LGBTI en El Salvador’, de 2012.

Además, la persona LGTBI que busca refugio se enfrenta a otros datos poco tranquilizadores. De acuerdo con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), actualmente 72 países criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y al menos 22 estados tienen leyes morales contra los homosexuales. No hay cifras oficiales sobre los refugiados LGTBI. Lo que se sabe es que "Las personas refugiadas LGTBI son la minoría más discriminada antes, durante y después del desplazamiento", asegura Juan Carlos Arnáiz, oficial del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur).

En los últimos meses, la población centroamericana masificó su éxodo hacia América del Norte, sacando a la luz numerosos casos de deportación y muertes de personas trans. ¿Qué estado responde por estas muertes? ¿El de origen o el que niega el refugio? La activista aún no tiene esta respuesta. Desde Ginebra sigue su lucha junto a las mujeres trans de su país. No piensa dejar un vaso entero, ni dar un paso atrás. "El colectivo LGTBI se está acomodando por creer que ya logramos nuestros derechos. Esos derechos están en peligro. No podemos arriesgarnos a volver a la clandestinidad".