Según los propios datos oficiales de la Comisión Europea, los trabajadores de dos tercios de los Estados miembros de la Unión Europea cada vez participan menos de la prosperidad económica al recibir una proporción menor del PIB de su país con respecto a hace diez años.
Las estadísticas de la Comisión Europea muestran que la participación salarial, un indicador clave de la desigualdad, ha disminuido en 18 estados miembros entre 2010 y 2019.
Irlanda es el país que más ha sufrido de esta caída de salarios en el porcentaje del PIB (-19,2%), seguido de Croacia (-10,8); Chipre (-6); Portugal (5,5); y Malta (-5,3).
En España la renta salarial respecto al PIB ha caído un -4,2% y esto se debe en gran medida a la devaluación salarial impulsada por la reforma laboral de 2012, que además incentiva la precariedad y temporalidad del empleo. Una normativa que hay que derogar en su totalidad.
Según la Confederación Europea de Sindicatos (CES), estas cifras “muestran que los trabajadores reciben una parte menor de la prosperidad económica que ayudan a crear”.
La secretaria general adjunta de la CES, Esther Lynch, ha afirmado que, pese al objetivo loable de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de crear una “economía que sirva a las personas", los datos de la propia Comisión muestran que las personas, en la mayoría de los Estados miembros, “están recibiendo una parte más pequeña de la riqueza que han generado que al principio de la década”.
Por ello, la CES demanda aumentar los salarios mínimos legales en los países, facilitar el derecho de los trabajadores a afiliarse a un sindicato y a la negociación colectiva, para obtener una participación verdaderamente justa en el reparto de la riqueza. “El aumento de los salarios mínimos legales en los países donde existen, será un buen comienzo. Pero los trabajadores también necesitan tener el derecho de afiliarse a un sindicato y a la negociación colectiva para obtener una participación verdaderamente justa”, afirma Esther Lynch.
Para UGT es necesario cumplir con el compromiso suscrito por España en la Carta Social Europea para que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio y reclama a la patronal que cumpla con el IV AENC para que ningún salario de convenio esté por debajo de los 1.000 euros.
