@jgonzalezok / A la hora de hacer el tópico balance sobre los primeros cien días del gobierno argentino -que se cumplen este 19 de marzo-, la crisis del coronavirus ha alterado profundamente la agenda y los análisis. El daño que la pandemia generará a la economía global tendrá dimensiones catastróficas en todo el mundo, pero para países como Argentina es difícil encontrar el adjetivo. Es un país que ya estaba con su economía en coma inducido. Y, lo que es peor, con algunos de los índices de su economía declinando desde que asumió el gobierno, el pasado mes de diciembre. Es el caso del riesgo país y del déficit. Solo ha mejorado algo la inflación, que en febrero logró el índice más bajo de los últimos años pero, aún así, fue del 2%. El 2019 fue el decimoquinto año consecutivo con inflación de dos dígitos y el décimo consecutivo por arriba del 20%.
En estos cien días se han tomado algunas medidas, pero no se ve el rumbo, lo que no ayuda a producir la necesaria confianza. Sigue gastando más de lo que recauda, aunque la presión impositiva es asfixiante y se encuentra entre las más altas del mundo.
El gobierno de Alberto Fernández no tiene un programa económico conocido. Se asegura que existe, pero que no se da a conocer para no dar ventajas en las negociaciones por la deuda. El problema es que sin plan económico, sin una guía que garantice que el gobierno va a poder pagar en algún momento, desalienta a los bonistas, a los que hay que convencer de que desistan de cobrar lo que contrataron, tanto capital como intereses. Y tampoco ayuda que el gobierno diga que no hay margen para eliminar el déficit fiscal en los próximos años. Si es así, ¿cómo pretende pagar Argentina?
El país sigue al borde de la suspensión de pagos. Aunque Alberto Fernández dijo que no quería ser el presidente de un país en default, los fondos solo alcanzan para pagar los vencimientos de la deuda hasta el 31 de marzo, fecha que el propio gobierno se puso como límite para llegar a un acuerdo de renegociación. A principios de mayo hay un vencimiento de 1.600 millones de dólares y, si no se logró un arreglo, ese puede ser el momento en que la Argentina vuelva a incumplir con sus acreedores.
La propuesta argentina es conocida, no pagar ni capital ni intereses en tres o cuatro años. La crisis del coronavirus depreció el valor de los bonos argentinos. Se teme que si los bonos siguen ese camino los compren los fondos buitres, con los que no hay posible acuerdo, ya que especulan a largo plazo. Y, además, ya tienen jurisprudencia a su favor en los tribunales norteamericanos, por la cual se le obligaría a la Argentina a pagar los bonos al 100 % de su valor.
Argentina tiene tres grupos de acreedores: los privados, a los que debe unos 123.000 millones de dólares; organismos internaciones de crédito, como el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, con obligaciones por 73.000 millones de dólares; y después están los 121.000 millones de dólares en títulos que el Tesoro colocó de forma compulsiva a organismos de la propia administración del Estado, como la Anses (Seguridad Social) o la AFIP (Hacienda). Estos últimos, incobrables, porque es el propio Estado el que decide y siempre puede emitir pesos para pagar.
La crisis del coronavirus alteró también profundamente el comercio internacional, bajando el precio de la soja y el petróleo. La soja es el principal producto de exportación de Argentina, que envía el 75 % de su producción a China, y el actual precio del petróleo hace inviable la inversión necesaria para desarrollar Vaca Muerta, uno de los más grandes yacimientos de combustibles no convencionales del mundo y que deja de ser rentable cuando el precio del petróleo bajo de los 50 dólares el barril. Está en explotación desde 2012, pero requiere aún grandes inversiones que nadie parece estar dispuesto a comprometer.
Argentina depende de la exportación de sus commodities, que en 2019 supusieron solo 40.000 millones de dólares. Y se espera que este año las exportaciones caigan entre 3.500 y 6.000 millones de dólares. Esto agravará el eterno problema argentino que se ha definido como “restricción externa”, que se traduce en que el país no consigue con sus exportaciones los suficientes dólares como para hacer frente a las importaciones, fundamentales sobre todo para los insumos de la industria.
La consultora económica Aceceb calcula ya que el PBI puede caer este 2020 entre un 0,5 % y un 1,5 %, después de tres años de crecimiento negativo. Esta misma consultora calculó que la baja de precios en los productos de exportación argentinos irán desde 1.360 millones menos para la soja, 790 millones para las exportaciones de carne, 460 millones en maíz y trigo y 400 millones de petróleo. La respuesta del gobierno, presionado por el sector que responde a la vicepresidenta, Cristina Fernández, es volver a atacar a este sector de la economía, que es casi el único que produce dólares genuinos, a la voz de que hay que “barrer definitivamente a los parásitos del campo”.
El otro sector importante que aporta dólares es la industria del conocimiento, pero el gobierno también incursionó en el sector para frenar una ley que le otorgaba beneficios fiscales. Como resultado, el CEO de Mercado Libre, una de las empresas más importantes de América Latina en el sector, decidió mudarse a Montevideo.
A falta de programa económico como tal, cabe reseñar algunas medidas en estos cien días de gobierno:
- Se aprobó una ley de superpoderes, que permite al ejecutivo tomar medidas y acelerar reformas sin control parlamentario.
- Se entregaron tarjetas alimentarias a varios millones de personas castigadas por la pobreza. En algunos casos se hizo con actos partidistas, reviviendo prácticas clientelares.
- Se congelaron las tarifas por 180 días, 120 en el caso del transporte público. Se controló la subida de combustibles y se frenó el tipo de cambio.
- Se revivió un conocido programa al que se llama Precios Cuidados, que garantiza un control de precios de artículos de primera necesidad, aunque en el pasado demostró su poca eficacia.
- Se derogó el sistema de cálculo de las jubilaciones, perjudicando a más de tres millones de personas, con el argumento de la solidaridad. De esta manera se recortó el gasto previsional hasta un 2 % del PIB, una carta de presentación para sentarse a renegociar la deuda. En campaña, Alberto Fernández había prometido un aumento del 20 % para todos los jubilados.
- Se inició el proceso parlamentario para aprobar una ley del aborto.
- En política exterior, hubo un acercamiento a Europa y Occidente, contrariamente a lo que había sido el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero sin condenar a Venezuela, impedido por sus socios de gobierno, los kirchneristas.
- Se volvió a imponer nuevos impuestos extraordinarios a la exportación de granos, que los productores dicen hace inviable su labor. En el 2008 una medida similar provocó un conflicto que marcaría toda la segunda presidencia de Cristina Fernández, con la diferencia de que en ese momento la soja estaba a casi 600 dólares la tonelada y hoy está en unos 220. Se calcula que el Estado se queda con el 69,7 % de lo que produce una hectárea de soja y ninguno de los otros grandes exportadores tiene semejante esquema.
A pesar de la crisis, hay una parte del gobierno argentino que no se deja distraer, como el resto del planeta, por el virus maldito. Es la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su gente, que siguen tratando de encontrar la forma de desactivar los casos de corrupción del gobierno anterior.
Ya entró en el Senado el proyecto para “intervenir” la Justicia de la provincia de Jujuy, con el único objeto de nombrar un nuevo tribunal superior en la provincia, que revise las causas de Milagro Sala, una dirigente social indígena, y liberarla. El problema es que Sala, un emblema del kirchnerismo, fue ya condenada a 13 años de prisión por el desvío de 60 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, que nunca se construyeron. También tiene causas por agresión al gobernador y a otra dirigente social. La base para pedir dicha intervención sería la presunta connivencia del gobernador, Gerardo Morales, de la opositora UCR, con la justicia, a la que usaría como herramienta de disciplinamiento político.
No es la única iniciativa en este mismo sentido. Hay un proyecto de ley en el Senado que pretende acabar con cualquier prisión preventiva decretada en casos de corrupción -y solo de corrupción- si el caso hubiese sido ventilado por los medios de comunicación. El insólito argumento es que la percepción de estos casos podría haber estado condicionada por las publicaciones de la prensa.
Al mismo tiempo se avanza en lo que se conoce como la reforma de la Justicia, con el objetivo de deshacerse de la mayor cantidad posible de los jueces que tienen estas causas por corrupción y salvar a la vicepresidente y su familia. A esto está ayudando, inesperadamente, el proyecto para acabar con las llamadas jubilaciones de privilegio, que afecta al Poder Judicial y a los funcionarios de Exteriores. Ya que está provocando un goteo incesante de jueces pidiendo su jubilación para no perder las ventajas actuales. Esto dejará muchas vacantes para que el gobierno actual consiga jueces más permeables.
Además se quiere impulsar el sistema acusatorio, en el que los fiscales hacen la instrucción. Figura ya en el Código Procesal Penal, aprobado en diciembre de 2014, pero todavía no se instrumentó. Los fiscales dependen del Procurador General, cargo que a su vez responde al Poder Ejecutivo, aunque requiere apoyo parlamentario de la oposición. Mientras que los jueces dependen del Consejo de la Magistratura, donde el gobierno tiene mucho menor margen de maniobra.
Y en medio de esta situación, en la que el gobierno pide solidaridad a la población con los que menos tienen, sorprendió estos días que la vicepresidente, Cristina Fernández, pidió que se anule el decreto del gobierno anterior que la obligó a elegir entre las dos pensiones vitalicias que estaba cobrando, la suya como ex presidente, y la de Néstor Kirchner, como su viuda. También pidió que se le devuelva las deducciones que se le hicieron por el Impuesto a las Ganancias que se le cobró desde 2010. Las pensiones para ex presidentes, ex vicepresidentes y miembros de la Corte Suprema se rigen por una ley que, en su artículo 5, establece que la percepción es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal.
