Permitidme que comparta hoy una reflexión a la que no quisiera conferir -ni que nadie lo percibiera- tinte político alguno, sino sólo contemplarla como una conclusión a la que he llegado tras darle vueltas a la grave situación económica con que nos vamos a encontrar cuando regresemos a la normalidad después de esta larga cuarentena, una situación que hoy sufren ya cientos de miles de autónomos que viven al día y que llevan casi un mes sin que les entre un solo euro en la caja registradora de su contabilidad empresarial, ni tampoco en la que les permite ir al día en su gastos de mantenimiento y compras para la sostenimiento de sus hogares.
Me encantaría que estas reflexiones llegaran a oídos del presidente de Gobierno y de todo el ejecutivo que gestiona la crisis del Covid-19, así como también que sirvieran para que la oposición de derechas tomara buena nota, siendo que los tres partidos de Casado, Abascal y Arrimadas cuentan con el apoyo de las grandes fortunas y de un considerable número de votantes que disfrutan de una envidiable holgura económica.
¿No sería éste un buen momento para recuperar esos más de cuarenta mil millones y destinarlos a que las clases medias y bajas no paguen como siempre los platos rotos de las desgracias colectivas?
En una situación de alarma como la que ahora vivimos (alarma sanitaria, alarma laboral, alarma en la economía de muchas familias...) no sería descabellado crear unos impuestos excepcionales y temporales, basados en la solidaridad ciudadana y dirigidos a exigir la ayuda de quienes más tienen, así como también aplicar un gravamen a las empresas menos afectadas por la actual coyuntura siendo que, incluso, obtienen beneficios a cuenta del confinamiento (por ejemplo Netflix, Amazon... y muchas más que se sirven de la tecnología para suministrar a domicilio lo que sus clientes no pueden conseguir por estar confinados).
Que nadie me malinterprete, pues no pretendo alentar la improvisación de una suerte de remedios de Robin Hood, sino sólo aplicar una mayor justicia contributiva ante la alarma sanitaria y socioeconómica que vivimos. ¿Cómo? Sencillamente poniendo en marcha unos mecanismos provisionales para que quienes más tengan (banca, grandes empresas, grandes fortunas, rentas superiores a 150.000 euros anuales, por poner un ejemplo....) contribuyan tributariamente en una mayor cuantía proporcional a su riqueza para que las consecuencias de la crisis que viene -y que ya sufren muchos hogares- no la paguen las clases trabajadoras como sucedió en los años que siguieron a 2008.
Insisto en que no pretendo posicionarme ideológicamente aprovechando la coyuntura de la pandemia, ni tampoco sugerir remedios de derechas, de centro o de izquierdas, sino sólo aplicar una justicia social basada en una lógica racional y equitativa.
Tampoco es mi intención alarmar a nadie, como le ha sucedido a la fundación FAES del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, al alertarnos del peligro de una gestión política del Covid-19 basada en «el viejo rostro del estatismo y del control social [que, desde] una perspectiva marxista» propicie el totalitarismo en las sociedades libres.
Para entenderlo mejor, que nadie interprete mi propuesta como una especie de rescate del gobierno a las clases más desprotegidas. Un rescate no sería esto sino lo que sucedió en la crisis de hace una década, cuando el estado rescató a la banca y 42.017 millones de euros siguen dándose por perdidos. Mi intención es sólo que se me interprete respondiendo a preguntas con esta: ¿No sería éste un buen momento para recuperar esos más de cuarenta mil millones y destinarlos a que las clases medias y bajas no paguen como siempre los platos rotos de las desgracias colectivas?