El año 2020 comenzó jugueteando con el desastre de forma abierta. El 3 de enero Estados Unidos asesinaba al general iraní Soleimani con un bombardeo en el aeropuerto de Bagdad, Irak. La acción dejó estupefacta a la comunidad internacional, ya que no se podía justificar de ningún modo un ataque contra un alto de cargo en visita pública y oficial en un tercer país. Si además se añadía el escenario, el convulso oriente medio con la guerra siria en curso, la inestabilidad iraquí tras la invasión de 2003 y un Irán con cada vez más influencia en la región, el resultado de aquel ataque se presumía catastrófico. Los persas respondieron el día 8 de enero bombardeando con precisión quirúrgica una base estadounidense en Irak. El mensaje fue claro: os podemos hacer daño cómo, dónde y cuándo queramos. Probablemente aquel segundo ataque evitó que todo fuera a mayores. Entre medias, el día 5 de enero, la OMS anunciaba una neumonía de origen desconocido en China.

En esos días de alta tensión, Donald Trump, ese Biff Tannen en posesión del almanaque deportivo, se dio su habitual festín de salidas de tono en las redes sociales. Entre ellas expresó la barbaridad jurídica de que sus tuits debían valer como notificación al Congreso de declaración inmediata de guerra a Irán si este país atacaba a algún estadounidense. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes le respondió, también mediante Twitter, que quien declaraba la guerra en EEUU era el Congreso, según la Constitución, recordándole que debía leerse las leyes ya que no era un dictador. Otro de esos episodios, protagonizados por el mandatario que merienda exclamaciones, que hicieron que nos frotáramos los ojos: is this the real life?

"Esto se acaba, no hace falta ser muy listo para darse cuenta", escribí en esas jornadas. No tanto por una posible guerra entre Irán y Estados Unidos, sino porque todo aquello era un síntoma más de la declinación de EEUU: incapacidad de aplicar el poder blando en sus zonas de influencia, dislates internos no vistos desde hacía décadas. Trump es el síntoma, como los Bolsonaro, Orban y Boris Johnson, como la creciente influencia de China y Rusia, como los chalecos amarillos, como los avisos de una nueva recesión a finales de 2019 y otras tantas señales. El capitalismo neoliberal sobrevivió a la crisis de 2008, pero da la sensación que en un futuro nos daremos cuenta que lo que consiguió fue tan sólo tomar aire, ganar unos años a costa de profundizar su decadencia. Y todo esto antes de la pandemia.

Por eso la frase ya manida de "el coronavirus ha venido para cambiarlo todo" es cierta pero incompleta. El coronavirus ha sido una patada de campeonato a alguien que ya tenía la pierna gangrenada. Acelerará el proceso, lo que aún no sabemos es hacia dónde. No tanto porque haya un destino prefijado, sino porque en estos días, mientras que medio mundo permanece confinado, muchos resortes se han puesto en marcha para obtener una posición ventajosa en el escenario post-coronavirus. Toda transición es convulsa, sobre todo cuando el resultado puede ser positivo o catastrófico dependiendo de las fuerzas que acaben ganando la partida.

En este sentido, los nuevos Pactos de la Moncloa, los pactos de reconstrucción, que es como en los últimos días han comenzado a denominarse tras el desgaste acelerado del símil histórico, pueden ser potencialmente tantas cosas como los deseos de los protagonistas en liza. Un pacto en política, confirmamos este particular, nunca consiste en la cesión desinteresada para lograr un resultado común satisfactorio, sino el juego que unas fuerzas con acusadas debilidades necesitan poner en práctica para evitar una paralización de un escenario. Cuando alguien es fuerte, esto es, tiene capacidad para imponer sus intereses, nunca pacta, exceptuando que busque una escenografía de concordia.

España atravesó una crisis de régimen político que se solventó justo a la par que nos llegaban noticias de Wuhan, de forma paralela a las hostilidades entre EEUU e Irán. El 8 de enero Sánchez era investido presidente, tras haber sorteado dos primarias, un golpe palaciego en Ferraz, una moción de censura a Rajoy y una repetición electoral. Y lo hizo acompañado de Unidas Podemos. Las iras en aquel momento se centraron en el independentismo catalán, pero su latencia señalaba a los rojos, que tras ochenta años volvían al Gobierno. Una anomalía, algo inasumible para muchos sectores del país tan reaccionarios como poderosos. Esa ansiedad por elevarse sobre las urnas sigue presente hoy y es lo que mueve los furibundos ataques de los ultras y la derecha, a menudo indistinguibles. No recurren a las víctimas como acusación de una mala gestión, sino que utilizan los ataúdes como Milán del Bosch utilizó los tanques.

Unidas Podemos lo sabe, de ahí su extremo cuidado en ser útiles, antes que críticos, en sus tareas de Gobierno. Ya se dejan escuchar las primeras voces en la izquierda que reclaman el sanbenito de la traición, un poco por hacerse ver, un poco por cobrarse venganza contra los que se sientan en la Moncloa. Las actitudes prepolíticas son aquellas que sitúan antes el "debería" del "puede". Dejan a salvo la conciencia y dan brillo al furor revolucionario, que hoy cabe en 280 caracteres. Pero son extremadamente inútiles en la vida real, donde la tarea de gobierno se demuestra siempre más compleja que el análisis ideológico y la firma de decretos ley. El Gobierno tiene poder, pero el poder no es sólo el Gobierno. Más aún en España.

Una de esas decisiones que han creado fricción entre los socios del Ejecutivo ha sido la vuelta al trabajo en varias actividades no esenciales que va a dar comienzo este lunes 13 de abril. Desde Unidas Podemos se cree que se debería haber sido más prudentes por el riesgo a un posible repunte de los contagios, porque los trabajadores más afectados serán los más precarios, los que tengan que tomar el transporte público, los que no tengan los elementos adecuados de protección. Desde el sector económico del Gobierno se asume que ese repunte puede ser posible, pero que para entonces habrá menos congestión en el sistema sanitario para tratar a los afectados. Se entiende que la economía ha de ponerse a funcionar porque otros países europeos, con confinamientos menos severos, pueden sacar ventaja en la salida de la crisis.

Desde Unidas Podemos se peleó la medida hasta el final. "No puede ser" me escribía lacónica una de sus dirigentes a mitad del viernes. Las reuniones se han dado hasta última hora del domingo para restringir la vuelta, logrando paralizar aquellas obras en las que los trabajadores usen las áreas comunes de inmuebles habitados. Por otro lado, en UP no ha sentado bien que lo que a todas luces es el inicio del desescalamiento, anunciado por Sánchez para el 26 de abril, no se haya tenido en cuenta al equipo formado para coordinar el proceso, en el que estarían Echenique, por su experiencia científica, y Julio Rodríguez, por la militar. "El Gobierno lo formamos dos partidos" me transmitía otro dirigente de la coalición morada, "no una aritmética de ministros". El ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, hará una exhaustiva labor de control con los inspectores, en un intento de minimizar los riesgos de la vuelta de parte de la actividad laboral. Los sindicatos han ultimado también a lo largo del fin de semana sus aparatos para responder a las empresas que no cumplan la normativa de seguridad.

Desde UP asumen que este conflicto se ha perdido, no entre ellos y el PSOE, sino entre una gran parte del Gobierno y las presiones de los sectores económicos. La CEOE y Casado se manifestaron contra el confinamiento total, asegurando que la economía iba a asfixiarse -en una cuestionable retórica-, lo que no les impedirá, llegado el caso del repunte, criticar también la vuelta al trabajo de industria y construcción. La política de la mezquindad es capaz de defender dos argumentos irreconciliables en cuestión de días sin sonrojarse.

El siguiente paso es llegar al Ingreso Mínimo Vital, ya que el confinamiento está resultando muy perjudicial para los trabajadores con empleos precarizados previamente a la pandemia, llegando a preocupar incluso una ruptura de la estabilidad social que ha caracterizado este último mes. Trabajo negocia con Seguridad Social un subsidio puente, ya que desde el ministerio de Escrivá no consideran que pueda ser posible poner la medida en marcha antes de julio. El problema sería la reordenación de ayudas ya existentes y la coordinación con las autonómicas, como la vasca. Desde UP no creen que se genere el mejor ambiente dentro del Ejecutivo peleando cada medida "a codazos", pero asumen su compromiso con la estabilidad del Gobierno de Sánchez ya que aunque se pierdan escaramuzas consideran que el resultado neto, el escudo social, no hubiera sido posible sin su presencia.

Saben que estas derrotas les pueden costar apoyo en sus propios votantes, pero confían en que son más útiles manchados dentro que impolutos fuera, que con 35 diputados de una cámara de 350 están teniendo un peso decisivo para que la respuesta a esta crisis no sea como la del 2008. Entre otras cosas porque, volviendo al inicio del artículo, la situación de cambio e inestabilidad a nivel global y nacional, acelerada por el coronavirus, necesita de una mirada a medio plazo que no esté ensombrecida por la urgencia de estos días. Y trazar de forma milimétrica las líneas de la acción y el análisis.

Algunos sectores del Ibex han visto en la postura de la CEOE una torpeza política al mostrarse en contra del confinamiento total y tan cercanos en tiempo y forma a Casado. Aunque es obvio que el sector más inteligente del Ibex no ha desarrollado un súbito interés social, sí observan una situación tan volátil que no creen que sea momento de mostrar sus cartas abiertamente. Además, no están exentos de la posibilidad de que algunas de sus empresas tengan que ser nacionalizadas si aspiran a la continuidad, la pelea será en qué tiempo, de qué forma y con qué contrapartidas. No son extrañas, de hecho, las conversaciones entre alguno de estos altos empresarios y Unidas Podemos, mostrado en privado el apoyo a las medidas sociales: el negocio, interpretan, va a requerir de estabilidad.

Sin embargo, no son pocos los que consideran que la presencia de la coalición de izquierdas en el Gobierno es una anomalía a corregir, como declaraba a El Mundo la pasada semana José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España: "Es momento de que sean apartados aquellos que quieren destruir el sistema". La hipótesis de un Ejecutivo de concentración está descartada, ni Sánchez ni Casado se han mostrado tendentes a ello. El dirigente popular está convencido de que puede llegar a la Moncloa por la vía rápida, con el apoyo de Vox, al que considera estratégicamente como su maquinaria del fango. Casado deja a los de Abascal que hagan el trabajo sucio, pero confía en que los excesivos aspavientos de los ultras les pasen factura entre el electorado conservador. La duda, no ya para Casado sino para todo el país, es que si se equivoca no va a haber en la derecha nadie que pueda meter al monstruo en la jaula.

Vox ha tenido, de hecho, otra consecuencia inesperada desde su aparición: el fraccionamiento, la desnaturalización y el debilitamiento del aparato mediático cercano a la derecha. Estamos en una situación inédita donde periódicos nacionales han entrado en competencia con panfletos digitales ultras, donde sus firmas clásicas compiten contra niñatos manipuladores subvencionados y donde, más allá del presunto espíritu de cruzada nacional, la hostilidad larvada entre los profesionales y los advenedizos empieza a ser palpable. La bajada de ingresos por publicidad tampoco ayuda a que un sólo un medio pudiera encabezar un ataque al Gobierno. Entonces, ¿dónde se halla el peligro?

En esas partes del Estado carentes de un control democrático directo y una larga tradición reaccionaria que engancha en línea prácticamente genética con la dictadura. La maniobra de producirse será uno de esos envalentonamientos que comienzan en corrillo y acaban en multitud. Se entiende que la pieza a cobrar es Unidas Podemos, incluso llegado el caso el propio Sánchez, pero sobre todo preocupa que la salida a la crisis, si la gestión del Gobierno se demuestra comparativamente acertada con los países de nuestro entorno, pueda dar alas al reformismo más progresista para alterar determinados privilegios que para los reaccionarios resultan intocables. Frente al avance social, escalada regresiva.

¿Qué podría protagonizar un embate al Gobierno y por extensión a cualquier sector mínimamente progresista del país? Lo judicial. Miren a Latinoamérica y especialmente a Brasil. ¿Les suena el anglicismo lawfare? La guerra jurídica que manipula y altera las leyes para convertirlas en herramientas políticas que acaben con gobiernos. La intención sería buscar cualquier resquicio en la gestión del Gobierno para poner en marcha procesos que primero entorpezcan su actividad para llegar incluso a su desalojo. Probablemente esas acusaciones se estén pensando y escribiendo estos días. Que salgan o no del cajón dependerá en gran parte de cómo resulta el fin inmediato de la crisis, de la valentía del Gobierno para profundizar en los cambios, que van a ser más que pretensión de izquierdas necesidad de país, e incluso de la fortaleza y pervivencia de la Unión Europea.

España lleva paralizada un mes. Pero algunos de sus engranajes, aquellos a los que nunca les da la luz de los focos del escrutinio público, se han seguido moviendo. La atención a los detalles será condición de supervivencia. Anden con mil ojos.