La crisis mundial provocada por el coronavirus es una las mayores amenazas conocidas para la salud de las personas, con gravísimas consecuencias para la economía y el empleo, que está poniendo en riesgo los medios de vida y el bienestar de millones de personas. La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo la pandemia mundial provocada por el Covid-19, desde entonces se ha paralizado el mundo y el impacto sobre la población mundial está siendo brutal, dejando a la mitad de los habitantes de la Tierra en situación de confinamiento y produciendo letales consecuencias sobre las vidas de decenas de miles de personas.
Esta crisis tiene una naturaleza y dimensión muy diferente a las grandes crisis globales pasadas, ya que los riesgos son simétricos para todos los países. A su vez, la pandemia nos está descubriendo otra cara de la crisis, asociada a las debilidades y riesgos derivados de la falta de gobernanza de la globalización económica y de los procesos de deslocalización productiva, que han provocado el desabastecimiento a los mercados internacionales y la escasez de equipos e instrumental sanitario vitales para la lucha contra el virus. También ha sido alarmante la escasez de personal, la insuficiencia de las instalaciones sanitarias, la falta de equipos y medios técnicos como consecuencia de los recortes y de los procesos de privatización impuestos por las derechas con sus políticas neoliberales. Estas carencias de uno u otro sistema nacional de salud terminan debilitando la lucha mundial contra la pandemia.
La crisis del coronavirus ha tenido un impacto brutal en el mercado laboral de nuestro país, perdiendo a finales de marzo la Seguridad Social más de 800.000 afiliados
Las medidas de confinamiento, las restricciones a la movilidad y la paralización de la actividad productiva aplicadas en la gran mayoría de los países se han reflejado en la caída del PIB y la pérdida de empleos, los mayores desde el inicio del siglo XX. El FMI, en su último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial, proyecta un descenso de un 3% del PIB mundial este año, un retroceso del 7,5% para la zona euro y para nuestro país una caída del 8%. Más recientemente el BCE ha estimado que la economía de la zona euro podría caer entre un 9% y un 15%.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe de primeros de abril sobre los efectos del Covid-19, prevé que a nivel mundial en el segundo trimestre de 2020 desaparezcan 195 millones de empleos a tiempo completo y a su vez también alerta de una enorme pérdida de ingresos para millones de trabajadores, con lo que estas previsiones superarían las consecuencias de la crisis de 2008.
Los datos ya conocidos de otros países van en la misma línea, como en EE.UU., donde el desempleo ha aumentado en las cinco últimas semanas en 26 millones de personas, lo que supone prácticamente la destrucción de todo el empleo creado desde la recuperación de la crisis de 2008. Ante la gravedad de esta situación cada vez hay un mayor consenso en que para salir de esta crisis es necesario superar las visiones locales y no repetir las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis financiera internacional. Pese a ello, en la UE se está evidenciando que sectores neoliberales del centro y norte siguen aferrados a las políticas erróneas e insolidarias que tanto sufrimiento produjeron a los pueblos del sur de Europa. Afortunadamente, el Consejo de Europa ha acordado la creación de un Fondo para la Reconstrucción económica y social.
La crisis del coronavirus ha tenido un impacto brutal en el mercado laboral de nuestro país, perdiendo a finales de marzo la Seguridad Social más de 800.000 afiliados. La caída ha sido histórica, prácticamente en 14 días se ha destruido el mismo número de empleos que se destruyeron en 101 días, entre octubre de 2008 a febrero de 2009, tras la caída de Lehman Brothers. El desempleo ha aumentado en marzo en 302.265 personas y el total de desempleados se sitúa en 3.548.312.
El principal reto hoy debe ser proteger la salud y la vida de las personas y hacer frente a las consecuencias económicas y sociales. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha un potente plan de choque de medidas económicas y laborales, estimado en unos 200.000 millones de euros, para proteger a las empresas, autónomos y trabajadores. Las medidas persiguen proteger la salud, el sistema productivo y el trabajo, facilitando liquidez para empresas y autónomos, garantizando rentas a los trabajadores asalariados y autónomos, y con medidas específicas de protección social para las personas más vulnerables.
El ámbito laboral las recientes medidas del Gobierno tienen unos objetivos muy claros: luchar contra la expansión del virus y amortiguar los efectos que está produciendo sobre las empresas y los trabajadores. Hay una diferencia sustancial entre las actuales medidas y las que se adoptaron durante la crisis de 2008, pues entonces estaban dirigidas a producir una devaluación interna para mejorar la competitividad de las empresas mediante la reducción de los costes laborales. Competitividad basada en la precariedad, los bajos salarios y abaratar y facilitar el despido, en definitiva la desregulación de los derechos laborales cuyo máximo exponente fue la reforma laboral de 2012, impuesta por el Gobierno del PP.
A partir de 2010 las políticas neoliberales impuestas por la UE a los países más golpeados por la crisis consistieron en recortes del Estado del Bienestar y de los servicios públicos, junto con contrarreformas laborales y de pensiones, lo que incrementó la caída de la demanda y se trasladó directamente a la destrucción de empleo. En España el desempleo superó los 6 millones de personas en 2013 por los despidos masivos y la rescisión de los contratos temporales.
El objetivo principal de las medidas aprobadas por el Gobierno en esta crisis es proteger el empleo, y que el descenso de la economía se traslade al ajuste de las capacidades de producción. Ello se está consiguiendo a través de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), ya sean de suspensión de los contratos o de reducción de jornada, y evitando la destrucción masiva de empleo con despidos colectivos mediante Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) o recurriendo a los despidos individuales. Por eso el Gobierno ha decretado que los ERTE como consecuencia del Estado de Alarma sean considerados de fuerza mayor, y a su vez también ha establecido la prohibición de los despidos a consecuencia del Covid-19.
Esta cultura de proteger el empleo en situaciones de crisis es mayoritaria en los países de nuestro entorno, como por ejemplo en Alemania con la figura del Kurzarbeit, que a través de ayudas públicas estimula la reducción de jornada para mantener el empleo. Las medidas económicas, sociales y laborales aprobadas por el Gobierno desde el 12 de marzo con el Real Decreto-Ley 7/2020 hasta las más recientes del Real Decreto-Ley 15/2020, han permitido el mantenimiento del empleo: más de medio millón de empresas han podido acogerse a un ERTE y reducir temporalmente sus costes salariales y de cotizaciones sociales; además, a las más de cuatro millones de personas trabajadoras afectadas se les ha protegido el empleo y sus rentas con las prestaciones por desempleo.
También los autónomos, por primera vez en una crisis, han tenido cobertura ante la paralización de la actividad o por la disminución de ingresos, con una prestación extraordinaria por cese de actividad, que a 14 de abril daba a cobertura al 30% de los 3.134.893 afiliados del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
Se han impulsado otras importantes medidas laborales y sociales, como la implantación del teletrabajo, o el permiso retribuido recuperable, que permitió paralizar la actividad en los sectores no esenciales para aumentar la eficacia en la lucha contra la pandemia. También se ha mejorado la protección de los fijos discontinuos y de los trabajadores con contrato temporal y se avanza en la implementación de medidas para las empleadas de hogar. Además, se está trabajando para poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital, con el fin de proteger a las personas vulnerables; esta medida permitiría ampliar nuestro sistema de protección social a cerca de un millón de personas.
El reto inmediato es seguir protegiendo el empleo mediante los ERTEs y dotar de liquidez a empresas y autónomos, así como preparar el proceso de desescalada, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias, preventivas y de protección a las personas trabajadoras. Igualmente son necesarios planes de choque específicos para los sectores del comercio, el turismo, el ocio y la cultura, los más dañados por esta crisis. En el proceso de un Acuerdo de país para la salida de la crisis económica y social es fundamental la intervención de las organizaciones empresariales y sindicales mediante el diálogo social, para la adopción de las medidas que permitan una pronta y justa recuperación.