El debate sobre el papel del Estado como expresión de la voluntad colectiva que decide objetivarse como norma general vuelve a ser crucial. Esta discusión se había expulsado de las facultades de ciencia política y economía. El acta de defunción de la intervención del Estado se ha firmado una vez cada año desde hace un siglo. Pero ahora, más que nunca, en los schmittianos momentos de excepción, la intervención estatal está sobre la mesa de nuevo y surge la necesidad de hablar sobre las pretendidas dos caras del dios Jano. Por un lado: el hasta dónde del mercado liberal y por otro lado el hasta dónde del Estado.

Desde el inicio de esta crisis sanitaria, económica y social del coronavirus, la idea de que nuestro país debe emanciparse de las cadenas de valor globalizadas en relación con el suministro de bienes vitales y esenciales ha alcanzado un repentino consenso en la sociedad. La evidente escasez de mascarillas, respiradores, geles hidroalcohólicos, medicamentos (producciones mayoritariamente deslocalizadas) y material sanitario de primera necesidad ha obstaculizado la respuesta de gobierno central y comunidades autónomas a la epidemia. Pero esta situación de extrema dependencia del exterior ha conseguido que figuras de la política internacional, incluso asociadas a la derecha liberal, diserten ahora sobre la necesidad de una soberanía económica y una industria fuerte. “Hay bienes y servicios que deben colocarse fuera de las leyes del mercado y de la especulación de los precios”, según palabras de Emmanuel Macron. Los dirigentes europeos parecen estar de acuerdo: delegar nuestra comida, nuestra protección, nuestra capacidad de curar, nuestro entorno de vida, nuestra industria, en los demás es, en el fondo, una insensatez. 

Una vez admitida la necesidad de “recuperar el control” sobre ciertas producciones y servicios estratégicos, ¿cómo ponerlo en práctica? ¿Qué actividades merecen la categoría de estratégicas? ¿Cómo determinar, dentro de estas actividades, las prioridades? ¿Qué medios deberían implementarse para mantener estas actividades en el territorio, para fomentar su crecimiento, para protegerlas de las fluctuaciones del mercado y sobre todo de las ofertas de compra desde el exterior?

La UE y el FMI utilizaron la crisis económica de 2008 para impulsar programas de privatización en países endeudados de la UE, a pesar de la gran oposición popular

A pesar de que desde fuera de Europa sí se conoce el carácter estratégico de nuestras producciones nacionales y los beneficios que estas pueden generar, hasta la fecha, la comunidad europea ha abandonado un marco coherente de pensamiento (y por tanto de acción) en este área. Pero el problema es aún más profundo: no existe un método de razonamiento capaz de establecer dicho marco. Ciertas expresiones utilizadas en los últimos días por algunos actores políticos europeos como “el Estado estratégico” o “el patriotismo económico” demuestran la actual ausencia de reflexión global sobre los temas que estas expresiones abarcan, por lo que empiezan a evidenciarse ciertas prácticas (privatizaciones, deslocalizaciones y dependencia del mercado exterior) que perjudican y dificultan la protección de dichos sectores. Partiendo del principio de que una privatización no tiene forzosamente un carácter negativo para ciertos sectores, podemos deducir de los acontecimientos recientes que cualquier privatización que afecte a un sector estratégico nacional o lo ponga directamente al alcance del capital extranjero supone una auténtica pérdida de control y por tanto un riesgo directo para la producción del país en cuestión.  

El movimiento de privatización en Europa es el producto del sistema económico liberal que impera. Entre 1985 y 1995, los ingresos estatales por privatizaciones en Europa se pueden estimar en alrededor de 200.000 millones de dólares. Representan 100.000 millones en el Reino Unido, 35.000 en Francia y 17.000 en Italia. En Reino Unido, donde el movimiento comenzó con la llegada al poder de Margaret Thatcher en 1979,  la participación del sector público en el PIB pasó del 10% en 1979 al 2% en 1997. En Francia, la derecha privatizó, entre 1986 y 1988, grandes grupos como Elf, Saint-Gobain, Paribas, Alcatel y Société Générale. El movimiento se ralentizó con el lunes negro y la caída de la bolsa de octubre de 1987 y luego fue interrumpido por el regreso de la izquierda en 1988 sin que hubiera ninguna renacionalización. El péndulo volvió a la privatización con el regreso de la derecha en 1993. Italia, y en general toda Europa, se uniría también en estas fechas a esta tendencia privatizadora y liberal. 

La ciudadanía europea ha sido testigo de cómo una oleada de privatizaciones barría sus países en los últimos años. El informe del Transnational Institute “Privatizando Europa” (2013), demostró cómo la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional utilizaron la crisis económica de 2008 para impulsar programas de privatización en países endeudados de la UE, a pesar de la gran oposición popular que estos suscitaban. El argumento dominante fue, obviamente, el de la eficiencia y la competencia. El burocratismo público sería incapaz de incorporar los cambios tecnológicos y los imperativos necesarios de regulación de la competencia. Este argumento se aplicó tanto al sector público competitivo como a los servicios públicos y, principalmente, a los servicios de red (agua, energía, telecomunicaciones, transporte). 

Sin embargo, no hay una correlación clara entre el supuesto grado de ineficacia y el entusiasmo puesto en la privatización. La rentabilidad y la eficiencia de una empresa se basa en cómo está gerenciada y no en quiénes son sus accionistas. El problema sigue siendo el predominio absoluto y el excesivo poder de los accionistas sobre los gerentes de estas empresas.  

La polémica desatada hace escasos días por el anuncio de Nissan, fabricante japonés de automóviles, de cerrar sus plantas en Cataluña, refuerza la necesidad de abordar este asunto ahora, aprovechando las condiciones culturales y circunstanciales que atraviesa el mundo debido a la crisis provocada por la covid-19. Nissan anunció que abandonaría nuestro país dejando sin empleo a más de 3.000 personas (lo que se traduciría en la pérdida de 3.000 empleos directos y 20.000 indirectos) a pesar de haber recibido más de 180 millones de euros en ayudas públicas del Estado español. ¿Cuánto y cómo debe intervenir un Estado cuando está en juego el tejido industrial de un país y el empleo de miles de trabajadores?

El Estado dispone de una variedad de instrumentos que no siempre se tienen en cuenta y medios suficientes –aunque claramente infrautilizados– para promover actividades consideradas esenciales: regulación de las empresas privadas, intervenciones financieras, ordenamientos, acción de veto (como pasó en Francia en los años 90 con la empresa Renault)… La reflexión sobre los sectores estratégicos de la economía y las formas de preservarlos debe ir más allá de la mera cuestión de la participación pública o de la política de privatizaciones. 

El Estado descubre que una actividad vital se ha escapado de su campo de intervención cuando surge una tragedia o una necesidad. Ejemplos claros son las mascarillas protectoras

La ausencia de un marco coherente que defina qué sectores deben ser protegidos y a través de qué instrumentos explica por qué la gestión española de los principales sectores industriales en los últimos años ha sido sobre todo reactiva, por no decir improvisada y de abandono. A menudo, el Estado descubre que una actividad vital se ha escapado de su campo de intervención cuando surge una tragedia o una necesidad. Ejemplos claros de ello son, hoy, las mascarillas protectoras y, ayer, la protección de datos personales o las baterías de vehículos eléctricos.

Tampoco es casual que cada vez que un gobierno da un paso hacia la regulación o intervención de alguno de estos sectores estratégicos, el capital, que se beneficia económicamente de esta falta de intervención, se retuerza y recurrentemente señale, por ejemplo, a países como Venezuela, Cuba o recurra al famoso mantra de “que vienen los ‘comunistas’ a nacionalizar”. Pero lo cierto es que el sentido común se impone: España no puede depender de China para su producción de material clínico, entre otros. 

En los dos últimos meses China ha sido el país al que todo el mundo miraba. Precisamente, el país asiático, puede servir de ejemplo a la hora de entender cómo otros países del globo clasifican los diferentes sectores de su economía. China, sin sugerir que ese esquema pudiese traducirse fácilmente a otra parte del mundo, es uno de los países que parecen haber entendido esta necesidad a través de un enfoque más sistemático. 

Desde finales de la década de 1990, China ha asignado roles específicos a dos categorías distintas de su actividad, que denomina “líneas vitales económicas” (energía, telecomunicaciones, transporte, recursos naturales, defensa y seguridad nacional) e “industrias pilares” (metalurgia, productos químicos, equipamiento electrónico, construcción, automóviles). Según una doctrina formulada por la Comisión de Supervisión y Gestión de Activos del Estado del país, en 2006, las autoridades públicas se reservaron el control absoluto sobre las líneas vitales y el control relativamente extenso en las industrias pilares. En realidad, el peso del sector público y del intervencionismo es considerable y por tanto no se puede calificar a China de sistema capitalista liberal sino, en todo caso, de un sistema capitalista intervenido, vieja herencia de la figura del empresario patriota halagado por Mao Tse-Tung en clara referencia a un nacionalismo económico chino (sea público o privado). 

Debemos perderle el miedo al “intervencionismo” o a la “nacionalización”; estas son herramientas económicas y políticas que garantizan el progreso nacional

Estas listas divididas por sectores han ido evolucionando con los años de manera natural conforme el país iba avanzando y desarrollando su producción. Además, las autoridades chinas tienen desde hace años una lista de varias docenas de empresas públicas, calificadas como “columna vertebral” de la economía del país, en todos estos sectores y también en el financiero. Los gestores o presidentes de estas empresas públicas tienen un rango y una capacidad de decisión comparable a la de un ministro. Son, además, las autoridades chinas las que caso por caso, autorizan las intervenciones extranjeras en el país. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, cuya misión es establecer los principales planes industriales y tecnológicos del país, identifica regularmente sectores “de futuro” a los que se les aplican medidas públicas de apoyo prioritarias (participaciones, subvenciones, créditos y autorizaciones de inversión extranjera).

¿Sobre qué base podemos formular una concepción estratégica de la economía que se adapte a las realidades españolas de hoy? No se trata de proponer un esquema sistemático que proporcione, a la manera china, listas de sectores, cada uno acompañado de una gama de medidas específicas. La definición de estos sectores sólo puede ser a largo plazo, mediante un proceso de deliberación democrática de la sociedad española. No obstante, podemos deducir que los sectores estratégicos que deban ser regulados o protegidos deberán responder a una política concreta de reindustrialización. 

A nuestras élites económicas parece faltarles la sensibilidad intelectual para representar el paisaje económico como un campo de acción estratégico

Cualquier país que pretenda identificar sus sectores estratégicos debe primero definir criterios comunes para evaluar el valor estratégico de una actividad económica esencial para la comunidad. El objetivo sería, progresivamente, ponerle nombre a cuestiones como la “soberanía”, el “interés general” o el “servicio público,” dado que las fronteras que definen estas expresiones son, de manera frecuente, demasiado amplias. Solo así, poniéndole nombre a aquellos sectores de los que nuestro país pueda enorgullecerse, ser pionero y autosuficiente (y no dejarlo todo en manos, exclusivamente, de turismo y agricultura), se podrá empezar a aplicar el principio de “Patriotismo Económico”.

Se trata, por tanto, de establecer los diferentes tipos y grados de intervención que las autoridades públicas deben poder utilizar para preservar y desarrollar estas actividades estratégicas. Estas herramientas existen desde tiempos inmemoriales y su único objetivo es asegurar la promoción de estos sectores. Debemos perderle el miedo al “intervencionismo” o a la “nacionalización”; estas son, como tantas otras (propiedad, accionariado público, apoyo financiero o/y regulación), herramientas económicas y políticas que garantizan (mediante una correcta utilización y un amplio consenso) el progreso nacional. 

EE.UU. parece haber abandonado la batalla por una posición cultural hegemónica fuera de sus fronteras, atrincherados en un problema sobre su propia identidad

La segunda tarea está directamente relacionada con la conciencia ciudadana de un país y la participación de todos y cada uno de sus actores al interés general. La construcción de un “Estado estratégico” requerirá, como no podría ser de otra manera, de la responsabilidad de las élites administrativas. España carece de una cultura de iniciativa económica suficiente entre estas élites, especialmente en el sector industrial. A nuestras élites económicas parece faltarles la sensibilidad intelectual para representar el paisaje económico como un campo de acción estratégico (un paisaje fuerte y soberano en materia económica que redundaría en su beneficio), donde corresponde a los agentes del bien común ocupar posiciones dominantes.

Estados Unidos parece haber abandonado la batalla por una posición cultural hegemónica y defendible fuera de sus fronteras, atrincherados en un problema sobre su propia identidad. Asia sale a ganar la carrera económica y su lugar proponiendo un Leviathan soft internacional. Y nosotros, mientras tanto, parecemos entregados a intentar distinguir, entre los ecos cruzados de esas dos montañas, una voz propia –esa room of my own que es el sur de Europa– que nos diga que todavía no es demasiado tarde.

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Lilith Verstrynge es politóloga especializada en RRII e historiadora y responsable del área verde de Podemos.