Desde su aprobación en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad ha ayudado a muchas personas a liberarse en buena medida de sus deudas y poder así continuar o, de hecho, volver a empezar. Sin embargo, muchos consideran que el desconocimiento generalizado de la existencia de esta herramienta para reducir la carga financiera de los particulares ha hecho que su aplicación práctica sea menor de lo esperado. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), desde su entrada en vigor el número de personas que han recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad ni siquiera llega a 10 000. ¿Podrá ser, entonces, un mecanismo verdaderamente útil durante la crisis económica que ha provocado el coronavirus?
Nadie duda a estas alturas de que van a ser muchos los empresarios, autónomos y trabajadores que no van a poder continuar haciendo frente a sus deudas a causa de la disminución o incluso desaparición de sus ingresos. Para todos ellos (es decir, para las personas físicas), está pensada la Ley de Segunda Oportunidad, que viene a ser una extensión de la Ley Concursal, únicamente dirigida a empresas.
En palabras de Guillermo Pérez Gómez, abogado de Larson & Co, “el desconocimiento de este tipo de herramientas legales hace que muchas personas queden endeudadas de por vida, pero con la Ley de la Segunda Oportunidad lo que se ofrece es precisamente empezar de cero, para que quien lo necesite pueda librarse de esas deudas que no le dejan dormir tranquilo por las noches”. Poco a poco, en su opinión, su utilidad se va conociendo más y todo parece indicar que “va a ayudar a muchísimas personas”.
El funcionamiento de la ley
Conocer el procedimiento a través del cual se otorga al solicitante esa ‘segunda oportunidad’ es clave. Para ello, el abogado Guillermo Pérez Gómez no duda recomendar a los deudores que se rodeen del mejor asesoramiento posible. Estar bien informado “puede ser un factor diferencial a la hora de tener una vida más tranquila y libre de cargas financieras”.
En primer lugar, se ha de entender que la Ley de Segunda Oportunidad está compuesta por una serie de acciones o medidas que buscan poner fin a las dificultades económicas del solicitante. Destaca, en este sentido, el beneficio de exoneración, que es la posibilidad de extinguir todas las deudas pendientes una vez que el deudor ha liquidado todo su patrimonio. Pero también hay que mencionar otros de sus mecanismos, como el acuerdo extrajudicial de pagos, que se refiere a la necesidad de iniciar una negociación previa entre el deudor y sus acreedores, con el objetivo de tratar de alcanzar un acuerdo amistoso con los acreedores que evite a las partes acudir a juicio.
Una vez que estas bases quedan claras, el procedimiento no es en realidad muy complicado. “Comienza con la solicitud de nombramiento de un mediador concursal ante notario y con la presentación de toda la documentación referente a las deudas”, explica Pérez Gómez. En este punto, es importante señalar que, una vez que se presenta la solicitud y mientras se negocia el acuerdo extrajudicial “se prohíbe iniciar o continuar ejecuciones sobre el patrimonio del deudor por un plazo máximo de tres meses”.
Posteriormente, el mediador convoca a todos los acreedores con la finalidad de aprobar un plan de pagos. Y, en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo con los acreedores, se procede a la declaración de concurso, el procedimiento pasa a la vía judicial y se abre la fase de liquidación. En esta última parte del procedimiento “se pretende, siempre y cuando sea suficiente la masa activa, satisfacer todos los créditos del acreedor”, zanja el abogado.
