La asociación ecologista Arca propone derogar la Ley del Suelo de 2012 y restablecer la de 2001, por el "contrasentido", según dice, de "estar autorizándose más viviendas" en suelo rústico que en urbano. En este sentido, Arca señala en nota de prensa que el resultado de la aplicación de la Ley de 2012 a lo largo de ocho años es "el haber llegado a la anormal situación de estar autorizándose más edificaciones residenciales y turísticas en suelo rústico que en suelo urbano".
Una situación que "está causando la destrucción y agotamiento del suelo fértil de la comunidad, la infrautilización del mismo, el derroche económico por la demanda de servicios, y la progresiva expansión de desequilibrios territoriales". Por ello, y atendiendo a las "diversas y trascendentes funciones" que cumple, "hay que dejar de articular o gestionar el suelo rural desde el urbanismo", sostiene.
"Su naturaleza exige que sea gestionado con políticas agrícolas, ganaderas, forestales, naturales, ecológicas, paisajísticas, culturales y turísticas, dejando la actividad constructiva residencial, para los suelos urbanos y urbanizables, que son los adecuados para autorizar y construir edificaciones", añade Arca. A su juicio, con la actual situación de autorización de "viviendas dispersas por todo el suelo rural" de la comunidad, además de "destruir" el recurso suelo y el paisaje, "se consagra y expande el desorden territorial como una negativa característica distintiva de Cantabria".
Arca defiende incorporar a la ley del suelo de Cantabria el mapa de suelos de alto valor agrológico realizado por la Universidad de Cantabria
De continuar con esta "dinámica consagrada por la ley de 2012", carece de sentido, en su opinión, la elaboración de un plan regional de ordenación del territorio, o la existencia de la CROTU, "porque al haberse consolidado el desorden como práctica habitual, no habrá nada que se pueda ordenar ni tendrá sentido alguno hacerlo".
Para Arca, "el suelo rural, el suelo fértil, no es lugar para construir casas". "En lugar de construirse edificios en los suelos urbanos o urbanizables de los núcleos rurales, se autorizan viviendas y edificios dispersos por un territorio cuya naturaleza y función son incompatibles con ese fin", critica. De esta manera, para Arca la autorización "masiva" de construcciones en el espacio rural, "se ha convertido en un problema en lugar de una oportunidad".
"La autorización de viviendas en suelo rural es una actividad antieconómica e insostenible, orientada a producir beneficios a unos pocos a costa de generar pérdidas a toda la comunidad", argumenta. Y ello es "la consecuencia del fracaso de nuestros políticos regionales, por no haberse propuesto consensuar y encontrar un nuevo modelo productivo diverso, estable, digno y sostenible económica y ambientalmente, para un horizonte de 50 o más años, que haga innecesario tener que recurrir al fácil e indigno recurso de la destrucción irreversible de nuestro territorio", agrega.
Según Arca, en la actualidad, "la presión sobre el suelo rústico está llegando a niveles insostenibles, al llegar a superar el número de autorizaciones de viviendas a las que se autorizan en suelo urbano". Ante esta situación, entiende que resulta del "máximo interés e importancia" para la adecuada gestión del suelo rural o fértil prohibir la construcción en todo tipo suelo rústico, salvo en el caso de que la construcción esté vinculada directamente a la actividad productiva agro-ganadera o forestal en el medio. Junto a ello, defiende incorporar a la ley del suelo de Cantabria el mapa de suelos de alto valor agrológico realizado por la Universidad de Cantabria.
Asimismo, reclama prohibir la parcelación de fincas de suelos en los que se ha hecho la concentración parcelaria o que se encuentran en proceso de concentración, "porque la concentración se ha financiado con dinero público y con objetivos orientados a la mejora de las actividades agro-ganaderas y forestales: por lo que no es lícito ni lógico destinar los terrenos concentrados con dinero público a fines distintos y contrarios, como son los urbanísticos".
Por último, y ante "el desorden territorial progresivo que viene padeciendo la comunidad, y el riesgo de que este se consolide, vaya en aumento y se prolongue en el tiempo", apela a la responsabilidad de los grupos políticos y hace un llamamiento a las entidades económicas y sociales de la comunidad, para que se derogue la Ley del Suelo de 2012 y se restablezca la de 2001.
