Alejandro Rojo y Francisco Javier González Gómez, imputados por prevaricación administrativa, cargan a sus espaldas con el testimonio de una funcionaria que deja totalmente al descubierto las malas prácticas de estos ex altos cargos durante su estancia en activo en el Servicio Cántabro de Salud.
La funcionaria, jubilada recientemente y que por aquel entonces acumulaba 35 años de servicio, fue testigo y víctima de las “delitos” de estos ex altos cargos, y así lo hizo saber en un correo electrónico en el que denunciaba un trato “vejatorio” por parte del subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González Gómez. Las “continuas injerencias” y el menosprecio que sufrió esta trabajadora son algunas de las actitudes que tuvo que soportar durante el periodo en activo de los imputados. Una profesional a la que no solo despreciaron su trabajo relegándola en la toma de decisiones que la pertenecían, sino que, además, dejaron su despacho a disposición de asesores externos de los que desconocía su relación con la administración.
Dichos asesores intervinieron en la valoración de las ofertas al igual que se les entregó documentación contractual
Dichos asesores, totalmente ajenos, intervinieron en la valoración de las ofertas, al igual que se les entregó documentación contractual. Además, se celebraron reuniones con todo tipo de empresas que después fueron la base de las propuestas contractuales, se paralizaron expedientes "sin ninguna motivación" y se recepcionaron obras, servicios y suministros "sin estar listos para su entrega", según denuncia la trabajadora. Asimismo, señaló que el subdirector no les permitía el acceso a expedientes de obras, ni de servicios relacionados con obras, que encargaba expedientes a personal estatutario sin su conocimiento, y obligaba a su departamento a tramitar expedientes que se costean con presupuesto de órganos periféricos.
En la parte dispositiva de este auto, fechado el 24 de abril y contra el que cabía recurso, se instaba a continuar la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos investigados a González Gómez y Rojo fueran constitutivos de un presunto delito prevaricación administrativa. Del mismo modo, se pide dar traslado de las diligencias previas al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo de diez días, solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.
