Vecinos de diversos municipios y pueblos de Cantabria, e incluso la Administración pública, se enfrentan desde hace tiempo a los okupas con el fin de impedir más casos y expulsar a los inquilinos que habitan viviendas de forma ilegal.
Los vecinos de Meruelo han tomado la iniciativa de crear una Coordinadora para luchar contra las okupaciones en su municipio. Por este motivo, el colectivo ha creado un grupo de WhatsApp para alertar de otros intentos de okupación. En ese momento, el siguiente paso es acudir de forma pacífica y presencial a la vivienda para impedir que la habiten, después avisar a la Guardia Civil para conseguir el desalojo automático y presentar la denuncia en los juzgados.
El objetivo es lograr una rápida movilización de los vecinos y desalojar a los okupas en menos de 48 horas, ya que es muy difícil una vez instalados dentro. Además, el propietario no puede cortar el agua o la luz, ya que puede ser denunciado por coacciones, aclararon desde la Coordinadora Meruelo sin Okupas.
Meruelo cuenta con tres casas okupadas y los hosteleros y comerciantes han sufrido amenazas
En la actualidad, este municipio cuenta con tres casas okupadas, dos pertenecen a entidades bancarias y una a un particular y los hosteleros y comerciantes han sufrido amenazas por estos inquilinos, según reseñaron los vecinos. Meruelo no dispone de Policía Local y en seguridad pública depende de la Guardia Civil de Santoña, un municipio que se encuentra a más de 20 minutos y 17,5 kilómetros de distancia.
La zona de La Loma, en Castro Urdiales, también ha sufrido la okupación de viviendas que no se vendieron y hace años se formó una Plataforma que lleva judicialmente el asunto entre los vecinos.
La situación que vive Cantabria se da en varios municipios y ciudades de España, donde también los ciudadanos se han organizado con el fin de parar más okupaciones e intentar que se marchen aquellos que tomaron el interior de una vivienda que no es de su propiedad. Son los casos de Valladolid, Barcelona, Huelva, As Gándaras (Lugo) o Cadrete, en Aragón, entre otros.
Según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en Cantabria se han okupado de forma ilegal 24 viviendas en el periodo enero-junio de 2020. Este dado apunta que ha descendido un 33% respecto al mismo periodo del año anterior al bajar de 36 a 24.
Datos de la okupación de inmuebles por comunidades
Hay casos en los que los vecinos se organizan y denuncian la situación y otros en los que prefieren no testificar ni acudir a los tribunales. El presidente de la Asociación Vecinal Puente Riomar, Manuel Ortiz, recordó que hace un mes en un bloque de Cotolino, en Castro Urdiales, hubo un caso de okupación de un piso que pertenece a un banco. “Tras lo cual se convocó una reunión de Comunidad donde los afectados no decidieron nada y por lo tanto nosotros como asociación decidimos mantenernos a la expectativa”, declaró.
Arnuero y Torrelavega son otros municipios que sufren este movimiento de habitar ilegalmente en viviendas. En el primero, en un chalet del pueblo de Castillo, propiedad de un particular, y en el segundo, pertenecientes a bancos, según informaron vecinos que residen en estas localidades.
En otras ocasiones, las okupaciones han afectado a inmuebles pertenecientes a la Administración pública, ya sean de ayuntamientos o el Gobierno de Cantabria.
Un caso llamativo sucedió en Cicero, pueblo perteneciente al término municipal de Bárcena de Cicero. Aquí los okupas estuvieron dentro del Centro de Día Las Fraguas durante un breve tiempo y fueron desalojados por los vecinos sin ocasionar ningún problema. Este edificio no está funcionando en la actualidad.
Centro de Día Las Fraguas de Cicero
Aun así, vecinos del municipio han denunciado en la Guardia Civil a los okupas por cometer posibles robos, tales como bicicletas, tablas de surf y herramientas. Uno de los afectados informó por medio de las redes sociales el robo sufrido. En el momento del desalojo, los okupas salieron con varias pertenencias y al instante los vecinos reconocieron las pertenencias y contactaron con los afectados de los robos que pudieron recuperar sus propiedades. El lunes, día 24 de agosto, tendrá lugar el juicio en Santander.
En Argoños, los okupas se encuentran en el interior de una casa y el Consistorio ha denunciado la situación en el juzgado. Esta vivienda, que cuenta con sentencia firme de derribo, fue abandonada por sus propietarios y entregaron la llave al Ayuntamiento, propietario actual del inmueble.
El número de propiedades okupadas es una información que no controlan los Consistorios
Los ayuntamientos no tienen competencia en esta materia cuando afecta a una propiedad particular. Licenciado en Derecho y tras varios años ejerciendo la profesión de abogado antes de ser alcalde de Santoña, Sergio Abascal, explicó que el número de propiedades okupadas es una información que no controlan los Consistorios. “Estas situaciones se resuelven ante las instancias judiciales”, indicó.
Desde el inicio de esta legislatura, en Cantabria las competencias en materia de Vivienda, unidas anteriormente al consejero de Obras Públicas y Vivienda, corresponden a la Consejería de Políticas Sociales.
El parque de viviendas que gestiona el Gobierno regional, por medio de la Dirección General de Vivienda y la empresa pública Gesvican, asciende a 335 viviendas, parte de ellas propiedad del Gobierno y otras gestiona el Ejecutivo gracias a distintos acuerdos de cesión.
De las 335 viviendas, hay cuatro en situación de okupación, en Santander, Torrelavega, Santoña y Castro Urdiales. En Santoña y Santander se ha iniciado el proceso de lanzamiento, de tal forma que Gesvican ha presentado una denuncia en el juzgado para intentar que abandonen la vivienda.
Vivienda de Santoña okupada
En las otras dos, recientemente la empresa pública ha tratado de alcanzar un acuerdo y ofrecer alternativas con las personas que han realizado la ocupación, sin que por el momento dicha mediación se haya cerrado con éxito. De persistir esta situación, se planteará otros medios para revertir el uso del patrimonio público, explicaron.
