Mientras en Argentina se elevan las cifras de contagiados y fallecidos por Covid-19, el número de víctimas de la violencia machista se cuela en las portadas y en el debate parlamentario. Si bien el gobierno nacional presentó el pasado mes de julio el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género, la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) informó esta semana que en lo que va de cuarentena han sido asesinadas 118 mujeres. La mayor tasa de femicidios se da en el norte del país, en las provincias de Salta, Chaco, Misiones y Tucumán.
Michelle Bachelet, funcionaria de las Naciones Unidas, ha manifestado que la violencia intrafamiliar es un fenómeno global que se acrecienta debido a las condiciones impuestas por la pandemia. La convivencia más extendida y las dificultades de las víctimas para pedir auxilio explicarían el incremento en la tasa de femicidios.
El esfuerzo del gobierno de Fernández choca contra la realidad. El número creciente de víctimas indica que las medidas tomadas son insuficientes
Argentina cerró el año 2019 con un saldo de 327 mujeres asesinadas; un dato que reveló la ausencia del Estado en la coordinación de políticas públicas para prevenir la violencia de género. El gobierno de Mauricio Macri propuso erradicar la violencia machista, sin embargo en el presupuesto anual presentado en 2019, el recorte en programas destinados a la lucha para la prevención de la violencia machista fue de 67 millones de pesos. Macri rechazó el amparo presentado por seis organizaciones no gubernamentales que consideraron inconstitucional la medida del gobierno. La desprotección del Estado se vio reflejada en el balance anual, con el número de víctimas más elevado de los últimos seis años.
En contraposición a lo que significó el recorte más feroz en los programas de protección de la mujer, el proyecto de Alberto Fernández destina 18 mil millones de pesos en una iniciativa que contempla el abordaje de la violencia machista, concentrado no sólo en la emergencia sino en el carácter integral y estructural, considerando la violencia por motivo de género, incluyendo a toda la población LGBTIQ+. El programa consiste en la Prevención: Asistencia y abordaje Integral; Protección y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia; la Gestión de la Información; la Transparencia y el Monitoreo.
Pero el esfuerzo del gobierno de Fernández choca contra la realidad. El número creciente de víctimas indica que las medidas tomadas son insuficientes. Debido a ello la organización Mumalá elevó un pedido para que se declare la Emergencia Ni Una Menos.
