Acabaron las extrañas vacaciones de 2020 y comienza la paulatina vuelta a clase de 8,2 millones de estudiantes no universitarios (y más de 700 mil docentes), sin que las lecciones ofrecidas por la pandemia hayan servido de mucho. El sistema educativo, el madrileño especialmente, no está preparado para abrir las aulas ni podrá cumplir las muchas y valiosas tareas que la sociedad demanda a la educación pública. Madrid es el mejor ejemplo de cómo los recortes y las políticas neoliberales han ido de la mano de la corrupción y la incompetencia. El resultado es conocido: deterioro y mala calidad del sistema educativo que acaban afectando a la formación de las nuevas generaciones y a la cualificación laboral de la población activa y actúa como freno de las reformas económicas, al tiempo que reduce las oportunidades y daña las expectativas de amplias capas sociales, mientras se amplían los negocios parasitarios que se nutren del presupuesto público.
A mediados del pasado mes de marzo, ante la irrupción del coronavirus y su rápido y alarmante asalto a nuestras vidas, el Gobierno de España consideró atinadamente que el confinamiento era la herramienta básica disponible para controlar la pandemia, lo que implicaba también el cierre de los centros educativos. Se sabía que los costes de esa decisión serían muy elevados, tanto en términos económicos y sociales como educativos, pero también se sabía que sin confinamiento el desastre habría sido mayor. Se consiguió reducir el número de contagios, superar el colapso de los hospitales y mantener la situación controlada. La profesionalidad y entrega ejemplar del personal sanitario, la actuación responsable de la mayoría social y el esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras que mantuvieron las actividades esenciales fueron los factores claves del éxito.
El Gobierno de Madrid se supera cada día en una caótica gestión con continuas muestras de irresponsabilidad
Se ganó tiempo, pero ahora se comprueba que las autoridades educativas y sanitarias madrileñas lo perdieron después miserablemente. La transmisión comunitaria del virus está otra vez fuera de control y el gobierno autonómico se supera cada día en una caótica gestión en la que ofrece continuas e increíbles muestras de irresponsabilidad. En plena nueva ola de contagios que nos sitúa a la cabeza de Europa y a semanas, si se sigue como hasta ahora, de un nuevo colapso hospitalario se suma en estos días el azaroso e improvisado comienzo de un nuevo curso escolar. Comienzan las clases sin haber conseguido un mínimo control o estabilización de esta segunda ola de contagios y sin contar con los recursos necesarios para garantizar una vuelta más segura a las aulas. Nos jugamos un nuevo confinamiento y la posibilidad de perder otro curso escolar.
¿Podemos permitirnos perder otro curso escolar?
Los análisis de los desastres producidos por la pandemia olvidan a menudo los costes que en forma de déficits de conocimiento y consecuencias negativas en los procesos y hábitos de aprendizaje afectaron el curso pasado a millones de alumnos y alumnas, muy especialmente a estudiantes pertenecientes a los sectores y familias con menores recursos que no contaban en sus casas con las condiciones, apoyos o dispositivos técnicos necesarios para aprovechar o simplemente seguir las indicaciones y explicaciones de sus profesores y realizar los ejercicios y trabajos planteados, por lo que acabaron desenganchándose de las actividades escolares.
El curso pasado fue un año perdido o desaprovechado por millones de niños, niñas y jóvenes estudiantes. ¿Era inevitable? Posiblemente. Nunca se está preparado para lo muy improbable o lo imposible. Pero lo inconcebible es que la Comunidad de Madrid no haya hecho nada en los últimos meses para remediarlo y parezca dispuesta a desperdiciar un nuevo curso. Las autoridades educativas madrileñas intentan vender a la opinión pública tranquilidad y la apariencia de una vuelta segura a las aulas que están en flagrante contradicción con el desorden que promueven, la tardanza e improvisación con las que actúan y los escasos recursos disponibles.
Seis meses después del inicio del confinamiento, la situación de los centros educativos sigue siendo muy precaria: búsqueda a última hora de aulas y espacios educativos; altos ratios de alumnos por aula y profesor; compromisos engañosos sobre nuevas contrataciones que no amplían las plantillas de los centros; confusos protocolos de actuación ante las complejas contingencias que se pueden producir; inexistencia de equipos a disposición de estudiantes y profesores en caso de cierre de aulas por contagio… En definitiva, caos, desconcierto e improvisación.
En Madrid no existen las mínimas condiciones de seguridad para garantizar que las clases sean presenciales, tengan continuidad o vayan a desarrollarse con cierta normalidad. Este curso tampoco se asegura la educación pública. Porque de eso se trata, de la obligación de garantizar una educación pública de calidad. Y del derecho a recibirla.
Aún se puede rectificar parte de los entuertos que la inacción y la irresponsabilidad de las autoridades educativas madrileñas van a provocar. Para ello, hay que mantener y reforzar las críticas a la gestión educativa de las autoridades madrileñas y, si es necesario, atrasen la vuelta a clase hasta que estén disponibles los recursos necesarios para lograr los máximos niveles posibles de seguridad. Por eso es tan importante reforzar las tareas de control, denuncia y movilización que realizan los sindicatos de enseñanza y las organizaciones representativas del resto de componentes de la comunidad educativa para asegurar el cumplimiento de los compromisos y las promesas que a última hora han hecho las autoridades educativas. Esa labor, incluida la preparación de una huelga del conjunto de la comunidad educativa, es lo más responsable que cabe hacer en defensa de la enseñanza pública frente a la irresponsabilidad de la Comunidad de Madrid.
El prolongado deterioro del sistema educativo
El proceso de deterioro del sistema educativo en España viene de lejos, muchos años antes de la irrupción del covid-19, y no se traduce exclusivamente en un problema de prevención de contagios, por mucho que lo urgente y prioritario sea asegurar la protección del conjunto de la comunidad educativa frente a los riesgos de contagio y nuevos brotes. Ese deterioro es consecuencia directa de la insuficiencia y el continuo retroceso desde 1995 de los recursos presupuestarios que se dedican a educación, como puede observarse en la evolución de los datos oficiales del Ministerio de Educación que refleja el siguiente gráfico.
La aparente mejora de los gastos educativos en el periodo 2008-2012 es un espejismo estadístico que no supuso un aumento del gasto público, sino el fuerte retroceso del PIB en un periodo en el que la economía española sufrió una doble recesión. A partir de 2015, pese al relativamente fuerte crecimiento del PIB, el porcentaje del gasto público en educación respecto del PIB sigue retrocediendo y se aleja del 4,63% de partida en 1995, hasta alcanzar en 2018 (año de los presupuestos de Montoro que se han prorrogado hasta este año de 2020) ese mínimo 4,21%.
Tan interesante como constatar el retroceso del gasto público en educación es comprobar la evolución de ese gasto público que se destina directamente a financiar empresas y centros privados mediante conciertos y subvenciones que experimentan desde 1995 un continuo crecimiento, tanto en porcentaje del PIB como en euros (ver Gráfico 2), sin que la crisis financiera global que estalla en 2008 y las dos recesiones posteriores hayan tenido efectos significativos en esa tendencia.
A partir de 2014, cuando finaliza la segunda recesión y comienza una nueva fase de reactivación, se intensifica de nuevo el desvío de una parte creciente del presupuesto público hacia la enseñanza privada. Así, a la reducción del gasto público en educación hay que sumar la parte creciente del dinero público destinado a la enseñanza privada, lo que redunda en mayores recortes de la financiación que recibe la enseñanza pública. Y a ese deterioro causado por los continuos recortes hay que añadir los esfuerzos realizados por el PP, especialmente por su sucursal madrileña, para contentar a sus amigos políticos de la patronal de la enseñanza privada que, además de su interés en ampliar el negocio y mantener con fondos públicos a miles de curas y monjas, buscan ensanchar su influencia ideológica y religiosa sobre un mayor número de estudiantes y sus familias.
Se mire lo que se mire, los indicadores de la mala calidad del sistema educativo son abrumadores. Son el resultado previsible de, al menos, dos décadas de desatención, recortes y acomodo del sistema educativo a unas estructuras y especializaciones productivas que descansan de forma mayoritaria y creciente en actividades que requieren una fuerza de trabajo con bajos niveles de formación y cualificación laboral y que basan su rentabilidad en una presión permanente sobre los costes laborales y fiscales. Los altos niveles de desempleo estructural, la multiplicación de los empleos indecentes, los bajos salarios y la desigualdad de renta son la otra cara de la desindustrialización y la baja productividad global de los factores productivos que caracterizan a la economía española y a su desequilibrado y frágil modelo de crecimiento.
Mejorar el sistema educativo es clave en la modernización productiva
Vivimos tiempos excepcionales en los que el covid-19 ha desatado una crisis multidimensional de gran profundidad que se manifiesta en todos los ámbitos en los que se desarrollan y de los que dependen la vida humana y las relaciones sociales. El virus ha desvelado muchas de las grietas del viejo orden educativo y las precarias instituciones y convicciones que lo sustentaban. Parece necesario dejar atrás definitivamente la idea del sistema educativo como un gasto. La educación es una inversión decisiva que influye también en todas las características esenciales de la sociedad y la economía: los empleos y oportunidades laborales futuras, los actuales niveles de renta y cohesión social, la cualificación de la fuerza de trabajo, la productividad o, entre otros muchos factores, las posibilidades de remodelación, modernización y especialización del sistema productivo o de elevación del nivel de gama de los bienes y servicios que ofrece.
La tarea principal y más difícil de los próximos meses y años es la de diseñar y aplicar un plan ambicioso de inversión productiva, sustentado en la concertación social y un amplio acuerdo político, que permita superar la recesión y, al tiempo, comenzar a construir las nuevas bases de un modelo productivo que suponga la multiplicación de los empleos decentes y un mayor bienestar social para la mayoría social. Pero España carece hoy de un sistema educativo de calidad capaz de acompañar al necesario proceso de cambio del modelo de crecimiento o, lo que es lo mismo, de facilitar la modernización de estructuras y especializaciones productivas.
La cuestión decisiva hoy, como lo debería haber sido en los últimos meses, es lograr cuanto antes los recursos que aseguren niveles suficientes de seguridad en las aulas frente al covid-19. Pero no es bastante, hay que darle también la importancia decisiva que tiene a reforzar la calidad del sistema educativo público y elaborar un plan a largo plazo para que su mejora empuje posibilite, en lugar de ser un freno, un proceso de modernización productiva que requerirá años, sino décadas. Lo primero, la vuelta segura a las aulas, va antes; pero las tareas estratégicas, como la mejora de la calidad de la enseñanza o la modernización productiva, requieren planes de reformas que, aún con tiempos de maduración largos, deben comenzar a aplicarse cuanto antes.
En la economía española predomina un tejido empresarial que sostiene su competitividad y rentabilidad en una presión permanente sobre los costes laborales y fiscales que facilita la despreocupación de las empresas por la inversión modernizadora de su capital productivo y la investigación y desarrollo de nuevos procesos productivos, bienes y materiales. Un largo proceso de reformas desreguladoras ha propiciado un mercado de trabajo polarizado que es incapaz de ofrecer empleos a todas las personas que los buscan y en el que abundan y siguen creciendo los empleos indecentes que requieren escasa cualificación. La lógica del mercado ha impulsado la desindustrialización y una economía cargada de desequilibrios en la que predominan los servicios a las personas de menor valor añadido.
La tarea no es reconstruir las viejas estructuras, se trata de cambiarlas, de diseñar y aplicar un plan consistente de cambio que requiere de ingentes inversiones productivas de futuro (afortunadamente, se podrá contar en esa tarea con el importante complemento que suponen los fondos europeos de reactivación económica), entre las que las orientadas a mejorar la calidad del sistema educativo deben ocupar un lugar central. No se trata sólo de mejorar la enseñanza pública que hoy existe, hay que reenganchar en las tareas educativas a ese alto porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años (17,3% del total en 2019, según Eurostat) que abandonaron prematuramente las aulas sin acabar en muchos casos la ESO y no siguen ningún tipo de formación. Y hay que dedicar más esfuerzos y recursos a la recualificación permanente de la población activa, especialmente en aquellos sectores cuyas cualificaciones laborales han quedado obsoletas o quedarán en breve, como consecuencia de los cambios productivos, tecnológicos (transición digital) y normativos (transición ecológica) en marcha.
Obviamente, la modernización de las empresas y su capital productivo no se puede lograr simplemente con la mejora del sistema educativo; pero si no mejora el sistema de educación pública y se aumentan los recursos destinados a renovar las competencias laborales de la población activa, el sistema educativo no podrá acompañar al proceso de modernización productiva y actuará como un freno del cambio necesario y posible.
En España, el actual sistema educativo público es funcional con unas especializaciones productivas entre las que predominan sectores de actividad, como los servicios a las personas, que requieren empleos precarios, temporales y mal retribuidos
En España, el actual sistema educativo público es funcional con unas especializaciones productivas entre las que predominan sectores de actividad, como los servicios a las personas, que requieren empleos precarios, temporales y mal retribuidos. El plan pendiente de reactivación económica no puede centrarse en ayudar a la supervivencia de empresas insolventes o que sobreviven a costa de bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Los fondos europeos de reactivación económica no son una piñata puesta a disposición de las disputas entre los actuales grupos de poder económico o las comunidades autónomas con mayor capacidad de presión. Su objetivo es otro: modernizar estructuras y especializaciones productivas, apoyar el surgimiento y desarrollo de actividades, empresas y empleos del futuro, relacionados con las transiciones digital, climática y verde que condicionarán el tipo de mercados, competencias y relaciones de producción que se irá abriendo paso en los próximos años.
Que lo esencial se vaya a jugar en la inversión productiva modernizadora y, por tanto, en el largo plazo no significa que no sean también muy importantes las tareas relacionadas con el fortalecimiento de un potente escudo de protección social que, además de no dejar a nadie atrás, sirva para sostener la demanda interna e impedir que la recesión aumente su capacidad destructiva; de igual modo que sigue siendo muy importante ayudar a empresas solventes para que sus problemas de liquidez no profundicen la recesión con cierres y despidos evitables. Esa importancia debe plasmarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (PGE-2021) para evitar sufrimientos, costes y retrasos innecesarios y para abrir puertas a un optimismo social realista y razonable que es imprescindible para sostener en el tiempo el esfuerzo modernizador y reformista. Pero lo decisivo es que los PGE-2021 y los posteriores sostengan y concreten esos esfuerzos de modernización productiva.
La mejora de la educación no es solo una potente inversión social y económica que facilitará los cambios productivos necesarios, es también la mejor inversión posible.
