Vuelve la inquietud a las residencias de ancianos. En la anterior ola epidémica fallecieron entre 27.359 y 32.843 personas [1] cuyo cuidado y protección es responsabilidad directa del ámbito geriátrico y de los Gobiernos autonómicos. Una cifra que representa casi 70 % de todas las defunciones ocurridas en el periodo crítico en el Estado español. Con el agravante de que en las Comunidades más tensionadas sanitariamente, como ocurrió en Madrid y en Cataluña, un importante número de decesos se produjo en situaciones de aislamiento y abandono sin recibir asistencia hospitalaria o de atención primaria.

La pandemia mundial era un riesgo aleatorio, pero, según ha señalado Ignacio Ramonet, existía una alerta importante lanzada por múltiples y prestigiosos organismos internacionales que los Estados democráticos no podían ignorar [2]. Con todo la alta letalidad y el alcance de la pandemia podrían haberse mitigado si hubiésemos contado con vigorosos sistemas de salud, dependencia y protección, que décadas de políticas neoliberales han desatendido y erosionado profundamente.

La raquítica oferta pública geriátrica en el Estado español, junto con la política de colaboración público-privada de los gobiernos del PP, ha favorecido la expansión de empresas multinacionales, fondos buitre radicados en paraísos fiscales, y así mismo de firmas de titularidad española. En las diversas formas de acuerdo con las administraciones españolas los fondos de inversión y las empresas gestoras han encontrado una forma de negocio segura y rentable y es que en nuestro país su expansión se financia en buena medida bajo el paraguas del dinero público.

Es el caso, por ejemplo, de DomusVi: la multinacional líder del sector recibe subvención publica en el 60% de sus centros [3]. En la residencia de Leganés de la empresa Vitalia Home, controlada por un fondo ingles CVC radicado en Jersey, tres de cada cuatro euros son públicos, y su beneficio anual es de un millón [4]. Así en el Estado español se consolida el proceso de privatización de la dependencia llevándose la palma Cataluña con 49.414 camas, seguida de la Comunidad de Madrid con casi un 90% del parque geriátrico en manos privadas.

En un reciente informe la ONG Médicos sin fronteras denunciaba el intolerable abandono de los ancianos durante la epidemia señalando como causas fundamentales el modelo de gestión y gobernanza geriátrica, así como la descoordinación entre las administraciones competentes y las empresas gestoras. Un modelo lleno de graves carencias que, unido a la falta de supervisión sanitaria y apoyo asistencial, se ha traducido en la grave desprotección de ancianos y trabajadores. El alto índice de mortalidad en las residencias revela que en buena parte las dificultades estuvieron ligadas a deficiencias estructurales, así como a la precariedad laboral y los recortes en el sector [5].

Esta ONG pone el acento en el carácter residencial, antes que estrictamente sanitario, del ámbito geriátrico, como uno de los elementos principales que dificultaron la lucha contra el virus. Pero la cuestión es que se gestionaba desde un modelo mayoritariamente concebido como negocio y en el que la lógica del beneficio prima sobre la calidad del servicio. Así las cosas, aunque no todas las residencias han afrontado igual la epidemia, ni todas obedecen al mismo modelo corporativo, lo cierto es que generalmente se repite el mismo patrón: centros con infraestructuras deficientes, escasos recursos sanitarios, y personal precarizado, insuficiente y mal formado. Amén, según se ha reiterado, de la incomparecencia del apoyo hospitalario y de la atención primaria, debilitados en Madrid como consecuencia de veinticinco años de gobiernos del PP.

En  una reciente artículo el director de infolibre Jesús Maraña, éste declara su pesar por el desconomiento de los graves problemas que arrastran los geriátricos en nuestro país [6]. Y es que es un mundo en el que reinan una gran opacidad y un silencio cómplice e interesado por parte de empresas y administraciones. Con todo, a las comunidades autónomas no les los faltaba información. Lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, en Madrid se dictaron expedientes sancionadores a 160 centros [7], bien que las multas resultan ridículas en relación a los beneficios, pero lo grave es que las sanciones en treinta años no han acarreado ninguna rescisión de contratos.

Quienes por motivos familiares hemos tenido contacto con el mundo de la dependencia topamos siempre con el muro de la administración autonómica, que permanentemente hacía oídos sordos a nuestras quejas y denuncias. Al penetrar en el recinto de una de las residencias de las muchas  que  han padecido la crisis epidémica  en Madrid, se tenía la impresión de encontrarse en el viejo Hôpital général que Michel Foucault describe en su monumental Historia de la locura. Sin duda, las residencias de mayores actuales no son aquellos espacios de encierro en los que se dan cita a la vez pobres, ancianos, locos, libertinos, y mujeres de mal vivir. Pero no es posible olvidar los gritos que se escuchan a veces al franquear las puertas que dan acceso a su recinto, o las imágenes de ancianos deambulando sin rumbo sin que nadie les ayude a limpiarse, ni tampoco la  larga fila de sillas de ruedas, situadas de cara a la pared, en las que un gran número de residentes permanecen inmovilizados, con sistemas de sujeción, todo el día. Ancianos muchos de los cuales entraron por su propio pie, pero a los que una caída y una ruptura de cadera fortuita, la mas frecuente, condenan a la inmovilidad ante el riesgo de una nuevo accidente.

Además del cuidado de la salud física y psíquica, el objetivo proclamado de este pilar esencial de la dependencia es el mantenimiento de la autonomía y la independencia personal. Cuenta para ello con atención facultativa, cuerpo de enfermería, auxiliares, sección de fisioterápica, asistente social, psicólogo, actividades de animación, técnicos de mantenimiento, e incluso "servicio religioso" (misa dominical)  etc. Todo ello está documentado en el Pliego de condiciones, en las disposiciones del contrato que la empresa concesionaria suscribe con las administraciones. Pero ¿cuál es la realidad del funcionamiento de estas instituciones tuteladas por las poderes públicos y que nominalmente cumplen las exigencias administrativas?

En el caso de la Comunidad de Madrid los servicios centrales de la calle Agustín de Foxá reciben permanentemente hojas de reclamaciones con quejas relativas a casi todos los ámbitos. Las quejas van desde las pérdidas de gafas o ropa hasta el incumplimiento del número diario de micciones, pasando por la falta de pañales y la presencia de parásitos. Las reclamaciones relativas a la alimentación, comunes a un buen número de residencias, incluso han llegado a trascender a programas televisivos de gran audiencia. También ha sido noticia mediática la intervención de los bomberos por una denuncia relativa a la alta temperatura del edificio en verano. La lista de reclamaciones es interminable y abarca también otras tantas denuncias por roturas traumatológicas, caídas y un largísimo etcétera.

Estos datos se refieren en concreto la residencia madrileña Peñuelas que gestionaba el grupo Eulen. Un centro que funcionaba sin licencia porque tras una inspección municipal se le había retirado. Los familiares y algunos internos llegamos a tener relaciones periódicas con los representantes de la Comunidad que ante las quejas, sentadas, manifestaciones, declaraciones a los medios y apelación a grupos políticos respondían con buenas palabras y realizando pequeñas mejoras. Finalmente, Eulen perdió el concierto a favor del grupo Aralia. En los peores meses de la crisis Aralia era la empresa concesionaria, la cifra de fallecidos alcanzó entonces sesenta y dos personas. El grupo es propiedad de un empresario implicado en la Gürtel, amigo del PP, y que a pesar de su mala reputación y de sus reiteradas sanciones, recibe al año 15 millones de euros de la comunidad de Madrid.

En la Asamblea de Madrid se hizo eco de estas protestas el PSOE. Pero sobre todo Podemos y en particular el diputado autonómico Raúl Camargo perteneciente al sector  Anticapitalista. Camargo apoyó el desarrollo de una asociación que integraba a familiares y trabajadores de doce residencias y le abrió las puertas de la Asamblea. El PP, ante las quejas y denuncias, respondía calificándolas de catastrofistas y apocalípticas, y se burlaba aseverando que se protestaba por simples nimiedades. El diputado autonómico presentó en la pasada legislatura un proyecto de ley que estaba consensuado con las asociaciones y los trabajadores. Inspirado en el modelo nórdico [8], pretendía romper con el paradigma hospitalario de grandes centros de origen franquista. Se traba de introducir mecanismos de democratización y de control institucional por parte de los usuarios y un sistema de funcionamiento cooperativo. Contemplaba como algo esencial una sensible ampliación de las ratios de personal escandalosamente bajas en España. Las presiones de las patronales fueron decisivas en el rechazo frontal del proyecto de ley por parte del PP y Ciudadanos [9].  Hoy en día, Marea residencias, que integra diversas asociaciones, continúa las movilizaciones y ha interpuesto diferentes querellas criminales contra quince directores de geriátricos, la presidenta Maria José Ayuso y otros responsables de la Comunidad madrileña.

¿La calidad democrática de una sociedad no se juzga por el trato que reciben las personas y los colectivos más frágiles y vulnerables? Pero ¿cuál es el estatuto del anciano en nuestra sociedad? ¿Cuál es el estatuto de estos seres improductivos a los que las exigencias laborales y la fragilidad de los vínculos familiares dificultan atender y que hoy constituyen un contramodelo social.? Vivimos en un mundo en el que prolifera el negocio de la salud, triunfan las industrias del cuerpo y las del desarrollo psicológico. Una sociedad en la que prima el consumo, y en la que los medios y la publicidad exaltan la juventud, la sexualidad, y la belleza, no es un lugar para viejos.

La existencia de la red de residencias públicas y concertadas forma parte del sistema de dependencia como parte del cuarto pilar del Estado social. Se legitima por motivos asistenciales, sociales, y medico-psiquiátricos. Pero las enfermedades y las demencias, asociadas al envejecimiento, no invalidan al anciano como ciudadano y como sujeto de derecho, ni permiten administrarle y manipularle como un simple objeto pasivo e inconsciente de cuidados asistenciales y de intervenciones terapéuticas, al que simplemente hay que mantener con vida.

Ahora que vuelve el debate sobre las pensiones, es bueno recordar las luchas de los pensionistas por el mantenimiento de sus derechos y su dignidad. En las residencias muchos han perdido capacidades, pero otros tantos han intentado hacer oír su voz y participar en los escasos espacios representativos que existen, sumándose a la acción de sus familiares en la reclamación de instancias de control y participación. Unos cauces que contemplaba inicialmente la ley pero que finalmente fueron reducidos a un simple Consejo de usuarios que tampoco se cumple.

La pandemia mundial ha impactado fuertemente en el orden capitalista produciendo un quebranto económico, laboral y sanitario de consecuencias impredecibles y situándonos ante un futuro lleno de incertidumbres. Pero deja una lección: la incapacidad  de un  sistema que prima el beneficio privado sobre la búsqueda del bien común y la solidaridad para enfrentar estos nuevos riegos y mantener estándares de igualdad y  cohesión social.

NOTAS

[1] Según fuentes citadas por médicos sin fronteras en el informe Poco tarde y mal: El inaceptable desamparo de los mayores durante la Covid-19. Para la ONG la cifra podría rondar los 30.000 fallecidos.
[2] Ignacio Ramonet. La pandemia y el sistema-mundo. La Jornada. Méjico. 25.4.2020.
[3] Manuel Rico. 82 Administraciones alimentan con dinero público la expansión de la multinacional de residencias DomusVi. infoLibre. Madrid. 13.4.2020
[4] Manuel Rico. La residencia Vitalia Home Leganés donde han fallecido 96 personas tiene unos beneficios anuales de un millón de euros. infoLibre. Madrid. 18.4.2020
[5] Informe de  Médicos Sin Fronteras Poco tarde y mal: el intolerable desamparo de los mayores durante la Covid-19. Madrid. 2020
[6] Jesús Maraña. Quiero pedirte perdón. infolibre. Madrid. 6.7.2020.
[7] Laura Galup/Ana Ordaz. Madrid sabia de la debilidad de su red de residencias antes de la epidemia: multó a más de 160 por falta de personal o de atención sanitaria  elDiario.es. Madrid. 26.5.2020.
[8] Raúl Camargo. MATS-sanidad. "Queremos residencias con el suficiente personal para atender a las necesidades básicas de las personas" MATS. 8-5-2018.
[9] Raúl Camargo. Residencias de Mayores: La zona cero del Covid-19. Viento Sur. Madrid. 17.5.2020.

AVISO ACLARATORIO
Este artículo de opinión ha sido objeto de rectificación a solicitud de Aralia Servicios Sociosanitarios S.A.