Gobierno y Comunidad mantienen su enfrentamiento por la situación de Madrid
Cumbre hispano-portuguesa, con la COVID presente. En las formas y en el fondo... El Gobierno insiste en su decisión de estado de alarma como única alternativa a postura del ejecutivo madrileño. "Esperamos que durante los próximos 15 días que es lo que va a durar el estado de alarma podamos contener la pandemia en Madrid, que podamos doblegar la curva. Y, en consecuencia, nosotros seguimos tendiendo la mano al Gobierno de la Comunidad de madrid para trabajar conjuntamente. Pero teníamos que dar una respuesta ante esta situación porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados". Es la explicación desde Guarda, en Portugal, del presidente Pedro Sánchez. La respuesta del PP, crítica desde lo político, en boca de la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Andrea Levy: "Esta pandemia no la cura el Gobierno de Sánchez atacando al Gobierno de Ayuso". Y desde lo institucional, con la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo. "Realmente, el estado de alarma es fruto de la imposición. Tomar medidas desproporcionadas, arbitrarias e injustas no está beneficiando a la Comunidad de Madrid". El Gobierno regional le pide diálogo y un marco normativo claro... mientras presume de cifras. "Estamos utilizando una estrategia que está dando buenos resultados y nos está indicando que ése es el camino", afirma Carballedo. Y hoy decretan para el lunes limitaciones en áreas de Arganda, Collado Villalba, Comenar Viejo y Coslada, de menos de 100.000 habitantes, no incluidas en el estado de alarma; que ha sido más estado de confusión para la gente y de confrontación política. Hasta el punto de que el vicepresidente madrileño, de Ciudadanos, pedía disculpas por la falta de acuerdo, a la vez que se pedían explicaciones en redes sociales por el viaje en avión a última hora, destino Bilbao, de la ministra de Educación. Un chequeo médico, la justificación para salir de Madrid en un estado de alarma, 15 días, que Vox quiere llevar al Constitucional y del que tendrá que informar el presidente en el Congreso. Y someterlo a votación si pretende prolongarlo más allá de dos semanas.
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