La situación de los okupas en Cantabria ha rellenado muchas noticias y debates este verano, y cada grupo político se ha posicionado de alguna manera para intentar solucionar este problema que ha atemorizado a municipios como Meruelo o Castro Urdiales, entre muchos otros. En el caso de Meruelo, la desesperación de los vecinos los llevó a crear una Coordinadora para luchar contra las okupaciones en su municipio y así poder movilizarse y actuar en pocas horas.
El ‘movimiento okupa’ se conoció en España durante los años 1960 y 70, y fue ahí cuando empezaron a verse grupos de personas habitando de forma ilegal. El movimiento también tuvo una fuerza significativa en países como Alemania y Holanda, aunque también está presente en otros lugares de Europa y de Hispanoamérica. Es hoy en día cuando el debate de la okupación ilegal vuelve a la actualidad.
Fue el grupo regionalista el que instaba al Gobierno de España a modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil
Todo ello ha hecho que se convierta en uno de los temas tratados por los diferentes partidos en este inicio del curso político, y en el pleno del 21 de septiembre, la división se hizo palpable. De esta manera, fue el grupo regionalista el que instaba al Gobierno de España a modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlos a la nueva realidad de las ocupaciones ilegales que se están dando, en consonancia con las normativas de otros países de Europa.
Asimismo, el PRC pide que se permita el desalojo inmediato por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de manera previa al procedimiento judicial correspondiente, siempre y cuando los ocupantes no acrediten tener título legal indubitado y suficiente para la ocupación. Asentada la opinión de los regionalistas, esta iniciativa es apoyada hoy en día por Ciudadanos y el Partido Popular.
El PP ha organizado en Santander una recogida de firmas para frenar la 'okupación' ilegal
Para los populares, el problema de la ocupación es que antes era algo “puntual”, al contrario que la situación actual, que “se ha ido de las manos”: “El problema se ha agravado porque era muy puntual y extraordinario, pero ahora se practican ocupaciones sistemáticas que se realizan a diario”, respalda Íñigo Fernández. Ante este debate, lo que el PP propone son una serie de reformas legales, que se registraron a través de una proposición de ley que está todavía en tramitación, donde el grupo expone tres cuestiones: habilitar a las autoridades al lanzamiento y al desalojo en 12 horas, elevar las sanciones previstas en el código penal y dar facultad a las comunidades vecinales para poder hacer denuncias. Para el partido, “es una situación muy dura para quien la está viviendo”. Así, el grupo ha organizado en Santander una recogida de firmas para frenar la 'okupación' ilegal, defender la propiedad privada y proteger la convivencia vecinal.
Ciudadanos, a favor también de modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, reclama el problema al que se encuentran los vecinos de zonas ocupadas, “un problema que hoy por hoy carece de una solución justa y eficaz”. Cs no ve ninguna diferencia en las ocupaciones a entidades financieras, a instituciones públicas, tanto del Gobierno regional como de ayuntamientos y a particulares, y es ahí donde sentencian que el “derecho a la propiedad privada” ampara a todas las áreas. Confían también en habilitar a los ayuntamientos de los municipios con ocupaciones con la potestad de poder actuar en servicio de su ciudadanía. En el pleno, la formación naranja presentó una enmienda y una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para dar competencia a los ayuntamientos y establecer medidas para atender a los ocupantes ilegales que se encuentren en “situación de vulnerabilidad”, aparte de endurecer las penas.
En el PSOE, socio de Gobierno del PRC, consideran “inaceptable” que alguien ocupe tu propiedad. Para atajar el problema, el Ministro del Interior, el pasado jueves 17 de septiembre, puso en marcha un nuevo protocolo de actuación judicial para agilizar el desalojo de los usurpadores de forma inmediata, salvo situaciones especiales, y la creación de una herramienta específica en la aplicación Alertcops para acelerar la detección de ocupaciones para que se pueda actuar con inmediatez. También la Fiscalía General del Estado ha publicado recientemente una instrucción para unificar criterios y actuar con la mayor urgencia en los casos de ocupación de inmuebles, que aclara a los fiscales que, en caso de ocupación de primera y segunda residencia, la vía a utilizar debe ser la del allanamiento de morada, puesto que esta calificación permite instar al juez a la expulsión de los intrusos como cautela urgente en un plazo de 72 horas. Ante esto los socialistas entienden que “hay que esperar un poco a ver los resultados de estas medidas antes de afrontar reformas legales, en el caso de que las mismas fueran necesarias”.
El PSOE aseguró que la ocupación ilegal de viviendas “no es un gran problema” y que en España “no se ha disparado”
Además, en el pleno de septiembre el partido aseguró que la ocupación ilegal de viviendas “no es un gran problema” y que en España “no se ha disparado”, en contraposición de los demás grupos políticos. Noelia Cobo tildaba de “inaceptable” la ocupación ilegal de viviendas, pero existe ahora un “interés” desmedido sobre el tema cuando existe desde los años 70 del pasado siglo. Así, los socialistas no ven necesario un cambio en la normativa que reclama el PRC, con el apoyo de Cs y PP.
Por su parte, Vox cree que las modificaciones legislativas no son “suficientes” para atajar el problema y que hay que cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, ante estos delitos se pueda actuar e intervenir para llevar a cabo su desalojo. Además, pide un “agravamiento” de las penas para los okupas. Por todo ello la iniciativa de PRC en el pleno no era suficiente para VOX y se mantuvo en la abstención pidiendo algo más.
De esta manera, PRC, PP y Cs apoyan la iniciativa de los regionalistas sobre la modificación de la normativa y dejan claro su posición y preocupación, mientras que PSOE y Vox se abstuvieron, aunque ambos partidos por diferentes razones.
Por lo tanto, la okupación ilegal tanto en Cantabria como en España, no es el mismo debate para todos y cada uno muestra su posición en un tema que divide también a la población. Meruelo, Castro Urdiales, Ganzo, Polanco… han sido algunos de los lugares ocupados de los últimos meses.
