@jgonzalezok | El presidente argentino, Alberto Fernández, no pudo resistir la ofensiva de su vicepresidenta, Cristina Kirchner, y tuvo que entregar a su ministra de Justicia, Marcela Losardo, amiga y socia de toda la vida y en quien confiaba ciegamente. Su reemplazo, Martín Soria, es la alternativa más confrontativa con el sistema judicial y anuncia una etapa de claro conflicto institucional. Se viene una ofensiva sobre los jueces y fiscales que tienen en sus manos alguna de las ocho causas contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sus hijos y antiguos funcionarios de su etapa como presidenta (2007-2015).
Llaman la atención varios aspectos de este relevo. En primer lugar, el tiempo transcurrido desde que anunció la salida de Losardo -una semana- y la designación del reemplazo. Y, sobre todo, el argumento para justificar la despedida de su amiga: dijo que estaba “agobiada” debido a que es una persona que no procede de la política. Un dato que no es cierto, ya que fue secretaria de Justicia durante varios años, con Néstor y con Cristina Kirchner como presidente. “El tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, dijo también el presidente, blanqueando que la nueva etapa estará basada en lo que parece se ha convertido en la nueva madre de todas las batallas del kirchnerismo, el sometimiento del Poder Judicial.
La renunciada ministra siempre fue cuestionada por Cristina Kirchner y el sector duro que le responde. Se le reprochaba que nunca respaldó la teoría del lawfare (persecución judicial contra los líderes populares, con el apoyo de los “medios hegemónicos” y “los poderes concentrados”), y que tampoco se preocupó por defender a los presos y condenados del anterior gobierno kirchnerista. Y, fundamentalmente, de no hacer nada para desactivar las causas judiciales -la mayoría por corrupción- que desvelan a Cristina Kirchner. Como señala el periodista Ernesto Tenembaum, “era, por donde se la viera, una ministra moderada, democrática y respetuosa de la división de poderes”. Muy lejos de las necesidades de la vicepresidente y de la concepción que ésta tiene de la Justicia y de la división de poderes, que considera una rémora de la Revolución Francesa, “de cuando no existía la electricidad”.
En verdad la ministra no tuvo tranquilidad en ningún momento. Su segundo, Juan Martín Mena, que tuvo su paso por los servicios secretos, fue impuesto por el kirchnerismo duro y actuó como delegado de Cristina. Lo mismo puede decirse del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
Los deseos de la vicepresidente ya consiguieron que Alberto Fernández se deshiciera de la ministra de Desarrollo Social y Hábitat, María Eugenia Bielsa
La impaciencia de Cristina Kirchner va de la mano de los reveses judiciales que viene cosechando. Entre ellos, destacan dos: una resolución de la Cámara de Casación, declarando constitucional la declaración de arrepentidos en la llamada “causa de los cuadernos”, en la que un chofer del ministerio de Planificación tomó nota detallada de los viajes recaudando sobornos entre empresarios. La otra causa que disparó las alarmas fue la condena a 12 años de prisión por lavado de dinero de la obra pública al empresario Lázaro Báez, amigo, socio y testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Causa en la que también fueron condenados cuatro de los hijos del empresario. Algo que, por comparación, preocupa también a Cristina Kirchner, ya que sus dos hijos también están involucrados en la trama de corrupción.
La principal tarea del nuevo ministro será impulsar la ofensiva final contra la Justicia. El problema es que, como recordaba recientemente el periodista Diego Cabot, que destapó el escándalo de los “cuadernos”, no es posible barrer con las pruebas acumuladas durante años en las causas que más preocupan y ocupan al kirchnerismo”. Señala también que los abogados “se han convertido en perdedores seriales de recursos de todo tipo”, ya que decenas de diferentes jueces y diversos tribunales los han rechazado.
El perfil duro del nuevo ministro, Martín Soria, lo fue desarrollando en las redes sociales, donde defiende la existencia del lawfare y mantiene una posición clara de confrontación con los medios que no se someten al oficialismo: “los periodistas son una mierda”, dijo sin ninguna inhibición. En la pasada campaña electoral, donde fue elegido como diputado por la provincia de Río Negro, agredió a algunos periodistas. Fue el creador de la frase “Comodoro PRO”, en un juego de palabras entre Comodoro Py, nombre de la calle donde están los juzgados federales donde se ventilan los casos de corrupción, y el PRO, partido del ex presidente Mauricio Macri.
La vicepresidente no solo teme que las causas en su contra avancen y tenga que empezar a peregrinar del Senado a las salas de tribunales. También contempla que las elecciones parlamentarias de octubre supongan una derrota. De ser así, tiene la certidumbre de que los tiempos judiciales, tan sensibles en Argentina a los vaivenes de la política, aceleren sus causas.
El mapa de ruta de la nueva etapa ya lo estableció el presidente, el 1 de marzo, al inaugurar el curso parlamentario, cuando dedicó buena parte de su discurso a atacar a la Justicia, de la que llegó a decir que actuaba “en los márgenes de la democracia”. Y lo remachó un día después la vicepresidente, en su furiosa declaración ante los jueces en una de las causas que la tienen como imputada, el llamado caso “dólar futuro”, donde sostuvo que “el Poder Judicial está podrido y es perverso”.
En términos prácticos, el nuevo responsable deberá impulsar dos proyectos que salieron del Senado, feudo de Cristina Kirchner y donde el peronismo siempre tiene mayoría. Pero que están detenidos en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con la mayoría necesaria: la reforma judicial y la ley del ministerio público, que cambia las reglas para la elección del jefe de los fiscales.
Antes de tomar posesión, en diciembre de 2019, Alberto Fernández sostuvo que su vicepresidenta tendría “injerencia cero” en el gabinete. En octubre pasado, la señora de Kirchner aseguraba en una carta pública que “en la Argentina quien decide es el presidente”, pero también dijo que había “funcionarios que no funcionan”, y alentó a los funcionarios “que tienen miedo” a buscarse otro trabajo. Ahí empezó una nueva etapa en la que quedó claro que quien gobierna es Cristina.
A partir de ahora la autoridad de Alberto Fernández está totalmente desgastada. “Cuando entregó a Losardo, se entregó él mismo”, le dijo un funcionario que conoce muy bien al presidente al columnista Joaquín Morales Solá. Los deseos de la vicepresidente ya consiguieron que Alberto Fernández se deshiciera de la ministra de Desarrollo Social y Hábitat, María Eugenia Bielsa, después de que se conociera un video de una reunión con militantes en la que la funcionaria dijo: “A Cristina la quiero porque ha hecho mucho por los que menos tienen, pero voy a ser sincera, me duele tener que explicar por qué robamos. Robamos, muchachos, robamos, perdónenme que lo diga así, robamos y no hay que robar en la política, la plata del pueblo no se toca”.
Hay analistas y observadores que se preguntan cuáles serán las próximas víctimas de Cristina Kirchner. En primer lugar está Vilma Ibarra, también de extrema confianza del presidente -fueron pareja-, a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia. Pero tiene en su contra haber escrito un libro en 2015 titulado “Cristina versus Cristina, el ocaso del relato”, en el que pone de relieve las contradicciones en la vida política de la hoy vicepresidenta.
El avance de Cristina Kirchner ya se nota también en las decisiones económicas. Y el ministro del área, Martín Guzmán, despacha regularmente con ella. Incluso viajó a El Calafate, una de las residencias de la vicepresidencia en la Patagonia, para dar explicaciones y recibir instrucciones. Guzmán quiere cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -de hecho hace meses que viene diciendo que es inminente-, pero se da por descartado que será después de las elecciones parlamentarias de octubre, por puras razones de política interna. Para llegar a tal acuerdo, el gobierno debería tomar medidas de ajuste en la economía, algo impensable en un año electoral. Y que entra en contradicción con la posición de Cristina.
