Cuando pensábamos que las cosas iban por buen camino aparece de nuevo la sombra del dictador Franco. Y no sólo en la boca de su familia sino del Poder Judicial. ¿Sólo de ellos? Amanecimos el martes con el auto que resuelve el recurso del clan Franco,  que explica que en el actual momento procesal de ejecución provisional de la sentencia que otorga la titularidad del Pazo de Meirás al Estado no procede la discusión sobre a quién le pertenece el mobiliario dado que la Administración no lo reclamó en su demanda inicial.

Hablemos de muebles, como los muebles del franquismo que quedan en los cimientos de un Estado que por unas o por otras, no acaba de ser una democracia plena. Sigue siendo el único Estado europeo que no ha llegado hasta el final de la verdad, la justicia y la reparación. No lo decimos nosotros, sino que ya lo ha dicho la ONU y el Parlamento Europeo.

De los Franco no podemos esperar nada, han vivido del abuelo y de su memoria amplificada. Lo que es peor es que el Estado podía haber llegado hasta el final, porque si no lo hizo es que hay demasiados intereses, demasiados silencios y una complicidad activa  por no haber reclamado la propiedad del mobiliario. No hay excusa posible cuando esta era la oportunidad de abrir un camino en la memoria democrática de destierro de los vestigios del dictador. Siempre pasa algo cuando se quiere llegar hasta el final.

La Audiencia Provincial de A Coruña deja abierta la posibilidad de que el Estado pueda demandar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere propiedad de Patrimonio Nacional asignado al uso del jefe del Estado. Bajo interpretaciones legislativas, complicidades manifiestas, Franco se escapa por las ventanas como un fantasma que no se quiere ir que impregna todo, desde el ejecutivo, al legislativo y al judicial. Es el franquismo post Franco que sigue vivo.

El Estado ha llevado este tema rematadamente mal al no reclamar judicialmente los bienes muebles y aceptar sin discusión el derecho a indemnización a favor de los Franco. Además, no olvidemos que el pazo continúa cerrado al público desde que el Estado tomó posesión del bien sin dar explicaciones razonables de ello. La Xunta sigue sin ejercer sus competencias en Patrimonio cultural, por lo que ambas administraciones tienen también su parte de responsabilidad "procesal".

Pero mas allá de las meteduras de pata del Estado y de la Xunta en el proceso, la Sala de la Audiencia Provincial emplea términos lamentables, olvidando que Meirás es un bien expoliado al pueblo en un contexto de guerra y convertido después en símbolo indiscutible de la impunidad franquista. Así, acusa al Estado en varias ocasiones de incautador de los bienes de los Franco, cuando es evidente que fue justamente al revés. Son las dictaduras las que incautan bienes, no las democracias.

Pero es que además, sus señorías desprecian evidencias palpables. La única escritura válida de adquisición del Pazo de Meirás, según las dos sentencias existentes en la actualidad, es la firmada entre Manuela Esteban Collantes como vendedora y la "Junta Pro Pazo del Caudillo" como compradora en 1938. En ella se dice lo que esa "Junta" compró (y que el pueblo fue obligado a pagar). No solo compró los muebles, si no todo su contenido. ("Añade la misma señora vendedora que en la venta incluye según lo convenido, todo cuanto dentro del edificio del Pazo de las Torres de Meirás exista...")

También se desprecia el hecho de que el Pazo de Meirás es un BIC con categoría de "Sitio histórico". O sea, salvaguarda todo el conjunto (muebles e inmuebles)  precisamente por ser este un espacio en el que tienen acontecido episodios históricos de relevancia. Dicho de otro modo; el hecho de "sacar" de Meirás los muebles del Pazo de Meirás como siempre pretendieron los Franco es, además de un insulto a las victimas del franquismo, un atentado contra el Patrimonio histórico.

Por último, la resolución judicial no tiene en cuenta los informes de Patrimonio Nacional y de otros entes públicos, que identifican determinados bienes como públicos, y aportan datos y pruebas más que evidentes del carácter público de muchos de esos bienes. Todo ello sin tener tampoco en cuenta que la titularidad del propio bien inmueble continua en litigio en el Tribunal Supremo. Dicho de otro modo, los bienes muebles ya son de los Franco de manera firme pero la propiedad del inmueble no. Aun puede revisar su propiedad el TS.

El Auto judicial conocido el martes pone de manifiesto el carácter estructural del problema del Estado español con el franquismo y la sociedad debe tomar consciencia en que es necesario avanzar en verdad, justicia y reparación si realmente pretendemos ser normales desde el punto de vista democrático. Esto no va de engordar el patrimonio público con un nuevo Pazo. Va de normalizar lo que no es normal en democracia. Y blindar expolios de un dictador en favor de sus nietos desde uno de los poderes públicos, es simplemente profundizar en la impunidad. La del fantasma vivo de la dictadura.